Trabajadores bolivianos hambrientos se enfrentan a las tropas desplegadas por el régimen golpista

por Tomas Castanheira
16 mayo 2020

En medio del crecimiento de la epidemia de COVID-19 en Bolivia, el autoproclamado “gobierno de transición” de Jeanine Áñez está intensificando la represión estatal, enviando a los militares a las calles para aplastar las protestas de trabajadores sufriendo de hambre.

El lunes por la noche, una protesta en K'ara K'ara, un barrio pobre en la parte sur de Cochabamba, la cuarta ciudad más grande de Bolivia, fue brutalmente reprimida por la policía y el ejército. Los videos mostraron a las fuerzas de seguridad disparando granadas de gas lacrimógeno a los hogares de clase trabajadora. Los manifestantes exigieron que se les liberara de la cuarentena para poder trabajar y tratar de proporcionar alimentos a sus familias. También pidieron la caída del gobierno de Áñez, impuesto por un golpe militar a finales de 2019.

Las protestas continuaron en los días siguientes en Cochabamba. Desde el martes, los residentes bloquearon con piedras la principal avenida de K'ara K'ara, y ayer los manifestantes abandonaron los barrios del sur, marchando hacia el centro de la ciudad, denunciando las políticas de hambre del gobierno, así como su falta de acceso al agua.

Según Los Tiempos, la movilización se desencadenó por la imposición de cargos por parte de los bancos a los préstamos pendientes. “El gobierno dijo que les pagaríamos a los bancos hasta después de seis meses de cuarentena, pero ya nos están llamando para obtener los pagos en junio. ¿Cómo vamos a pagar si no estamos trabajando?”, dijo un residente.

Estas protestas expresan la desesperación económica que se extiende entre la clase obrera y el campesinado boliviano. Alrededor del 70 por ciento de los trabajadores de Bolivia están en el mercado laboral informal y han perdido sus ingresos en medio de la pandemia.

Durante más de un mes, los trabajadores han estado manifestándose en Cochabamba y otras ciudades, como El Alto. “El gobierno nos encerró, el hambre nos va a matar”, decía un cartel de protesta contra la cuarentena en Riberalta a principios de abril, según El País .

Otras protestas se registraron en La Paz el 30 de abril por parte de trabajadores empobrecidos que habían estado esperando en fila durante días para recibir los miserables bonos de 500 bolivianos (unos US$70) anunciados por el gobierno, pero que se han retrasado repetidamente.

A principios de mayo, un video circuló en los medios sociales mostrando a un policía de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP) cometiendo violencia sexual contra una mujer que fue arrestada junto con otras docenas de personas por violar la cuarentena. Cuando los periodistas le preguntaron por qué se había ido de casa, respondió llorando: “No recibí ningún bono y me fui hoy porque era mi día de salida, fui a comprar algunas verduras”.

El gobierno de Áñez respondió a los gritos de desesperación y revuelta de la población boliviana con la creación de una nueva medida dictatorial destinada a explotar la pandemia para reforzar aún más el control policial del Estado. El Decreto 4231 criminaliza a todo aquel que “difunda en forma escrita, artística o cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o afecte la salud pública, generando incertidumbre en la población”.

Defendiendo el decreto, el ministro Yerko Núñez dijo: “Los ciudadanos que intentan, a través de las redes sociales, confundir y desinformar deben tener cuidado. Son ellos los que deben preocuparse, los que quieren dividir y enfrentar a los bolivianos. Los periodistas deben estar tranquilos”.

Esta peligrosa escalada de represión estatal, cínicamente justificada en nombre de la contención del avance de la pandemia, ha ido acompañada, además de la política de hambre, de un absoluto desprecio por la salud de los bolivianos.

El coronavirus avanza rápidamente en todo el país. Sólo el martes se registraron 275 nuevos casos y el jueves el gobierno informó que el número total de casos se elevó a más de 3.000 y las muertes a más de 140. Sin embargo, más que en cualquier otro país de América del Sur, las cifras reales están siendo ocultadas por la extremadamente baja tasa de pruebas: 655 pruebas por cada millón de personas. Las infecciones y muertes son sin duda muchas veces más altas que el número confirmado.

En los hospitales hay una falta general de recursos esenciales, desde ventiladores hasta equipo de protección personal. Las enfermeras del hospital de Montero, que también se manifestaron en las calles, expusieron a través de fotos y vídeos en las redes sociales cómo se ven obligadas a lavar sus batas desechables para utilizarlas una y otra vez.

Esta semana, el gobierno aprobó el uso de un vermífugo, Ivermectin, una medicina antiparasitaria que no tiene una eficacia probada en el tratamiento de COVID-19.

La desastrosa respuesta del gobierno también se expresó en una rebelión de miles de internos del Centro de Rehabilitación de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra el pasado lunes, después de la muerte de al menos dos internos de COVID-19. La prisión es la más grande de Bolivia y está colmada con 6.000 personas, cerca del 40 por ciento de toda la población carcelaria del país, más del 70 por ciento de los cuales están detenidos sin sentencia. Los internos protestaron, cantando “¡Queremos vivir!” antes de ser dispersados por una invasión policial.

Los últimos acontecimientos demuestran explícitamente que Áñez y los militares bolivianos no tienen la intención de constituir un mero “gobierno de transición”, sino que piensan permanecer en el poder indefinidamente.

Las elecciones generales, programadas para el 3 de mayo, fueron pospuestas indefinidamente por el Tribunal Supremo Electoral después de los primeros casos de la pandemia. Las propuestas de la Asamblea Nacional de celebrar las elecciones en un plazo de 90 días han sido persistentemente rechazadas por Áñez, quien dice que sólo pueden tener lugar “cuando ya no sea un riesgo para la salud”.

Aunque el gobierno finge preocupación por la salud pública respecto a bloquear las elecciones y permanecer en el poder, ya ha adelantado planes para reanudar las actividades en muchas ramas de la economía para garantizar los intereses de lucro capitalista. Desde el comienzo de la semana, el regreso al trabajo en las minas, fábricas y manufacturas, entre otros sectores “estratégicos”, ha sido aprobado por un decreto del Ministro de Trabajo, que anula las medidas de cuarentena impuestas por los municipios.

El aplazamiento de las elecciones en Bolivia sirve a los intereses de la burguesía nacional y a su acomodación al imperialismo norteamericano, lo que fue subrayado por la aprobación de Donald Trump expresada directamente a Áñez. “Agradezco el llamado del presidente de los Estados Unidos, @realDonaldTrump, para expresar su solidaridad democrática con el pueblo boliviano en la lucha contra COVID-19 y en la agenda bilateral que tenemos en desarrollo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Para defender su derecho más básico a la vida, las masas bolivianas se ven empujadas a luchar contra el régimen instalado por el golpe militar con el apoyo de los Estados Unidos.

Pero esta tarea no puede llevarse a cabo bajo la dirección del Movimiento al Socialismo (MAS) del derrocado presidente Evo Morales y los sindicatos. Estas instituciones están subordinadas y son inseparables de la burguesía nacional boliviana. Por ello, le abrieron el camino al poder a Áñez, abandonando a las masas bolivianas para luchar contra el golpe en las calles. Su actual oposición al gobierno se basa en facciones dentro de la burguesía boliviana y en sus esfuerzos por alcanzar un gran acuerdo nacional que involucre a los que participaron en el golpe.

La lucha contra el régimen golpista sólo puede avanzar sobre la base de la independencia política de la clase obrera boliviana en alianza con el campesinado, y bajo una dirección revolucionaria socialista internacional que promueva su unificación con los trabajadores de América Latina y del mundo entero.

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(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de mayo de 2020)