Los devastadores impactos económicos a largo plazo de la pandemia COVID-19 aún no se han materializado completamente, pero la creciente crisis presupuestaria en todos los estados de los EE.UU. ya ha dado lugar a recortes masivos para el actual año fiscal, con planes para una austeridad mucho mayor en el futuro próximo. Esto supone una amenaza existencial para la educación pública, ya que los puestos de trabajo de cientos de miles de docentes y otros empleados escolares están en peligro y las consecuencias son incalculables para toda una generación de jóvenes.

Los líderes de los principales distritos escolares de los Estados Unidos han advertido recientemente que si no reciben fondos de emergencia para compensar los impactos de la disminución de los ingresos fiscales durante la pandemia, al menos 275.000 maestros de las principales ciudades de los Estados Unidos perderán sus empleos de forma permanente. El Consejo de Escuelas de las Grandes Ciudades (CGCS) advierte que los distritos tendrán que recortar entre un 15 y un 25 por ciento de sus presupuestos para el año escolar fiscal 2021, que comienza el 1 de julio para la mayoría de los estados.

El 12 de mayo, Mike Casserly, el jefe del CGCS, dijo a Education Week, “Si el Congreso y la administración no aprueban una financiación adicional sustancial, las pérdidas de ingresos estatales y locales resultarán en despidos de docentes y recortes en otros apoyos y servicios de los que se tardará una generación en recuperarse en términos de restauración de la capacidad de instrucción y operativa del distrito”.

Otro análisis reciente del grupo de promoción de la educación pública Learning Policy Institute proporciona varias estimaciones de las pérdidas de puestos de trabajo de los maestros basadas en la magnitud de los déficits presupuestarios. Con una pérdida del 15 por ciento de la financiación, proyectan que se destruirían 319.000 empleos de maestros. Con una pérdida del 30 por ciento de los fondos, lo cual es totalmente plausible para el próximo año, se estima que se recortarían 697.675 puestos de enseñanza.

Dadas las variaciones en la proporción de los fondos para la educación que se destinan a los salarios de los maestros, el impacto en cada estado varía mucho. Los más afectados proporcionalmente serían Minnesota y Hawai, que se enfrentarían a la pérdida del 20,5 y el 20 por ciento de su fuerza de trabajo docente, respectivamente. Un recorte del 15 por ciento en los fondos para la educación en Michigan significaría la pérdida de 12.561 puestos de enseñanza, mientras que en California ese número casi se cuadruplica hasta llegar a 49.197 empleos.

Por muy brutales que sean estos recortes, estas estimaciones no incluyen a cientos de miles de trabajadores del personal de apoyo, incluyendo conductores de autobuses escolares, ayudantes de maestros, trabajadores de servicios de alimentos y conserjes, cuyos empleos también serían eliminados.

Los estados de los EE.UU. están revisando su gasto actual en educación y preparándose para mayores recortes y pérdidas de puestos de trabajo de los maestros en el otoño. El informe de la Conferencia de Estimación de Ingresos del Consenso de Michigan salió la semana pasada con estimaciones revisadas a la baja por 3.2 mil millones de dólares para el año fiscal 2020, una disminución del 12.85 por ciento en la financiación. Miles de millones de dólares en recortes para el año fiscal actual ya han sido anunciados en numerosos estados.

La semana pasada, el Detroit Free Press citó a Wayne Schmidt, presidente del Comité de Asignaciones del Senado de Michigan, proyectando un recorte del 20 al 25 por ciento en los fondos por alumno basado en las pérdidas de ingresos estatales por la pandemia. Los recortes proyectados reducirían el gasto por alumno de 8.000 dólares por niño a 6.000 dólares en el próximo año escolar. Nueva Jersey ya ha congelado 1.000 millones de dólares en gastos actuales debido a las presiones presupuestarias derivadas de la pandemia.

La presión es cada vez mayor para que las escuelas vuelvan a abrir en otoño y así los trabajadores cuyos hijos están en la escuela puedan “volver al trabajo”. Amplios sectores de la clase política, encabezados por la administración de Trump, promueven la política reaccionaria y científicamente inválida de “inmunidad colectiva” para fomentar la rápida reapertura de la economía a pesar de los inmensos peligros que se plantean a la clase obrera.

Esta política homicida adquiere un carácter particularmente sociopático en las demandas de Trump de que los maestros, estudiantes y otro personal regresen a los edificios de las escuelas sin que existan programas adecuados para realizar exámenes, rastrear contactos y aislar los casos confirmados. Esto tiene lugar en condiciones en las que un número creciente de niños han sido diagnosticados con el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, que está vinculado a COVID-19.

De los 3,2 millones de maestros de escuelas públicas de Estados Unidos, el 29 por ciento tiene más de 50 años. Como parte de la Ley CARES, se prohibió a los distritos escolares recibir créditos fiscales por la retención de personal o por proporcionar licencias familiares y por enfermedad pagadas en caso de emergencia a los empleados que estén enfermos con COVID-19. Por lo tanto, los que regresen cuando las escuelas vuelvan a abrir, estarán en riesgo de sufrir graves consecuencias para la salud o de morir a causa de COVID-19, sin ninguna compensación financiera.

Mientras que se necesitan desesperadamente fondos federales adicionales, los 3 billones de dólares de la Ley de Soluciones de Emergencia de Salud y Recuperación Económica (HEROES) aprobada por los demócratas de la Cámara el viernes no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en el Senado, y Trump ya la ha declarado “muerta a la llegada”. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha insistido repetidamente en que su objetivo es permitir que los estados se declaren en bancarrota, lo que facilitará la reducción de las pensiones y una reestructuración masiva de todos los servicios estatales, incluida la educación.

En su foro semanal en línea el martes pasado, la presidenta de la Federación Americana de Maestros (AFT), Randi Weingarten, dio más cobertura política al plan de Trump de reabrir las escuelas. Además, emitió un comunicado de prensa el martes para tratar de añadir credibilidad a la farsa de la Ley de Héroes, sabiendo muy bien que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada por el Senado.

Durante décadas antes de la pandemia, ha habido un asalto bipartidista a la educación pública. En 1995, el gobierno de Clinton adoptó el reaccionario lema de la “elección de escuela” y proporcionó por primera vez dinero federal a las escuelas subvencionadas públicas y privadas. En 2001, la política del gobierno de Bush “Que ningún niño se quede atrás” vinculó la financiación de las escuelas a los resultados de las evaluaciones, y los bajos resultados de las evaluaciones condujeron al cierre de escuelas.

En 2009, bajo la “Carrera hacia la cima” de la administración de Obama, la financiación se vinculó aún más a la “contabilidad”. La crisis financiera de 2008 se aprovechó para exigir que los distritos con escasez de efectivo compitieran por un fondo común más pequeño de dinero, basándose en si habían levantado los topes de las escuelas subvencionadas, el pago por méritos y los vales.

A raíz de la recesión de 2008-09, se perdieron permanentemente al menos 120.000 puestos de enseñanza y se cerraron cientos de escuelas. En total, se recortaron aproximadamente 200.000 empleados de las escuelas y en muchos estados los niveles de financiación de las escuelas y los salarios nunca volvieron a los niveles anteriores a la recesión. Esta fue la base objetiva que impulsó la ola de huelgas en todo el país, comenzando con la huelga salvaje de profesores de West Virginia en todo el estado en 2018, en la que participaron más de 700.000 profesores de EE.UU. desde entonces.

El fin de estas amargas luchas se convirtió en la única preocupación de la AFT y la NEA. La posibilidad de una revuelta nacional infundió temor en las burocracias sindicales y entre quienes las ayudaron e instigaron, los “activistas sindicales” de la ya desaparecida Organización Socialista Internacional (ISO), junto con la Alternativa Socialista y los Socialistas Democráticos de EE.UU. (DSA).

El nuevo contexto de la pandemia COVID-19 refuerza la lección esencial de estas luchas, a saber, que los maestros y los trabajadores deben tomar la lucha en sus propias manos construyendo nuevas organizaciones de lucha, independientes de los sindicatos, para movilizar a los maestros y a todos los sectores de los trabajadores en una lucha común contra la dictadura de los bancos y las corporaciones gigantes. En oposición a ambos partidos controlados por las corporaciones, todos los educadores deben basar su lucha en un genuino programa socialista, que afirme el derecho universal a una educación pública de alta calidad y totalmente financiada por el estado, para todos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de mayo de 2020)