Brasil rompió otro récord de muertes en COVID-19 el martes, registrando 1.179 fallecimientos en las 24 horas anteriores. El país ha confirmado oficialmente más de 290.000 casos y 19.000 muertes, pero el gobierno admite que ha perdido el control de la propagación de la pandemia. Con la segunda tasa de pruebas más baja de América—menos de una vigésima parte de las pruebas en EE.UU.—Brasil ha adoptado una política eficaz de “inmunidad de la manada [colectiva]” con consecuencias nefastas para la población del país.

El Colegio Imperial de Londres ha estimado que Brasil tuvo más de 4,2 millones de casos la semana pasada, con una tasa de crecimiento acelerado del 6,5 por ciento cada día, lo que lo pone en camino de ser el epicentro de la pandemia mundial. Doce capitales brasileñas tienen más del 80 por ciento de ocupación de unidades de cuidados intensivos, con muchos cuerpos tirados en fosas comunes. En la segunda ciudad más rica del país, Río de Janeiro, los médicos ya han recibido protocolos médicos para elegir a quién tratar, ya que las UCI están totalmente ocupadas.

El gobierno ignora conscientemente la catástrofe de salud pública, participando plenamente en una campaña de regreso al trabajo, declarando a la totalidad de la industria y la construcción como servicios esenciales que deben quedar fuera de las cuarentenas parciales impuestas por los gobiernos locales.

Una parte esencial de esta campaña ha sido la definición de la hidroxicloroquina como un medicamento de uso libre para el tratamiento de los casos de COVID-19, en contra de la opinión generalizada de los médicos de que no sólo no tiene una eficacia probada contra la enfermedad sino que podría tener efectos secundarios mortales. La promoción del medicamento por parte del gobierno llevó a la dimisión del ministro de Salud Nelson Teich, quien declaró que no “mancharía su biografía” para complacer al gobierno y declarar su seguridad frente a las pruebas científicas. Ayer, el nuevo ministro interino, un general militar, cumplió la orden de Bolsonaro y emitió un nuevo protocolo, más amplio, para su uso. Por su parte, Bolsonaro reaccionó al récord de muertes bromeando sobre la libertad de los “izquierdistas” de tomar una bebida gaseosa en lugar de hidroxicloroquina, si así lo deseaban.

A pesar de que cierra filas detrás de la campaña de regreso al trabajo de Bolsonaro, la clase dominante brasileña es consciente de que está llevando a Brasil al borde de un estallido social. El gobierno ha citado constantemente las manifestaciones masivas de 2019 en Chile como ejemplo del “caos social” que se producirá en caso de que las cuarentenas prolongadas provoquen una recesión económica. Ha advertido de manera ominosa que adoptará medidas dictatoriales en caso de disturbios sociales. En el epicentro de COVID-19 del país, São Paulo, el ayuntamiento ya ha levantado el espectro de saqueos inminentes.

En estas condiciones, la ignorancia y la indiferencia criminal de Bolsonaro ante el creciente número de muertos de COVID-19 se consideran un peligro y han suscitado crecientes críticas en las filas de la propia élite dominante. Estos sentimientos fueron expresados por el vicepresidente del mayor lobby empresarial del país, la Federación de Industrias de São Paulo (FIESP), tras la dimisión de Teich. Dijo que era necesario aumentar la confianza pública para que “las familias vuelvan a las tiendas y fábricas”, pero que la inestabilidad en el Ministerio de Salud generaba “incertidumbre sobre lo que está sucediendo en el país”.

Estas divisiones han alimentado los editoriales diarios de la prensa burguesa que denuncian a Bolsonaro, no sólo por su manejo de la crisis de COVID-19, sino también por sus intentos de movilizar una base de extrema derecha contra las instituciones estatales. Los editorialistas temen que esto contribuya a la resistencia de los trabajadores al exponer el impulso autoritario que debe acompañar la preparación de la clase dominante para las inevitables explosiones sociales.

O Estado de S. Paulo, uno de los críticos de los medios de comunicación más duros del Bolsonaro, editorializó el 9 de mayo que las fuerzas armadas deberían denunciar a los “Camisas Marrones” que están siendo movilizados por el Bolsonaro contra el Congreso y la Corte Suprema con el objetivo declarado de “ucranizar” a Brasil, es decir, preparar un golpe de estado dirigido por los fascistas.

El 14 de mayo abrió sus páginas editoriales a un artículo de opinión del vicepresidente del Bolsonaro, el general Hamilton Mourão, que invocó las “responsabilidades” de la prensa, el Congreso, los gobernadores y los magistrados del Tribunal Supremo para considerar sus funciones de “usurpar el papel del Ejecutivo” y “dañar la imagen de Brasil en el extranjero” al criticar al Bolsonaro. Advirtió una vez más de un golpe de Estado, afirmando que si otros poderes y fuerzas políticas no cerraban filas detrás del gobierno, “esto traería desmoralización y reacción y el deterioro de la tolerancia y el ambiente de convivencia que debe prevalecer en una democracia”.

En este contexto, la prensa burguesa y las fuerzas políticas burguesas de la oposición están cambiando el enfoque de su crítica al gobierno, sustituyendo su catastrófico mal manejo de la crisis de COVID-19 por acusaciones contra el presidente de utilizar sus amplias conexiones con el aparato represivo para protegerse a sí mismo y a su familia de las investigaciones sobre su participación en esquemas criminales. Esto incluye posibles vínculos con el asesinato del escuadrón de la muerte de la concejala de la ciudad de Río de Janeiro, Marielle Franco, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), en marzo de 2018, a través de un ex ayudante parlamentario Fabrício Queiroz, que trabajaba para el hijo del presidente, Flávio.

Queiroz está siendo investigado por gestionar planes de malversación en los parlamentos locales brasileños a través de los cuales los ayudantes canalizaban parte de sus salarios al titular del cargo. En el caso de los ayudantes de Flávio, la policía sospecha que el dinero fue transferido a la banda de la Oficina del Crimen, cuyo presunto líder, Adriano da Nóbrega—después de ser asesinado por la policía—tenía parientes que trabajaban para Flávio cuando era legislador del estado de Río. Las milicias de Río son sucesoras directas de los escuadrones de la muerte de 1964-1985 y están compuestas principalmente por policías jubilados y en servicio activo, que controlan los servicios esenciales, así como las drogas y los juegos de azar en vastas zonas de los sectores empobrecidos y obreros del norte y el oeste de Río. Fueron elogiados por Bolsonaro como vigilantes “que luchan contra el crimen” durante toda su carrera parlamentaria de 30 años.

A finales de abril, el ministro de Justicia de Bolsonaro Sérgio Moro renunció, acusando al presidente de despedir al jefe de la Policía Federal Brasileña (PF), Maurício Valeixo, para tener acceso a las investigaciones, incluyendo la investigación de los vínculos de la milicia de Flávio y el asesinato de Franco. Esto llevó a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General y a la exigencia de que el gobierno entregara al Tribunal Supremo (STF) la cinta de una reunión de gabinete en la que, según Moro, Bolsonaro dejó claro que la sustitución del jefe de policía estaba motivada por su deseo de defender a su hijo contra las investigaciones.

La cinta se ha convertido en una obsesión de la prensa y de los miembros del Congreso, con su posible divulgación por parte del STF vista como un momento “Watergate” para Bolsonaro, sellando su caída.

A pesar de la gravedad de estas acusaciones, cumplen una función política definida en medio del manejo criminal de la pandemia COVID-19, la campaña asesina de vuelta al trabajo respaldada por todos los representantes de la clase dominante y los crecientes temores de una explosión social alimentada por los efectos combinados de las crisis sanitaria y económica y la hostilidad popular a los estados de ánimo fascistas que está azotando el gobierno.

Sobre todo, sirven de marco a los intentos de la clase dominante—incluidos los partidos de oposición dirigidos por el Partido de los Trabajadores (PT) y que van desde el teórico de extrema derecha Miguel Reale hasta el dirigente pseudoizquierdista del PSOL (Partido Socialismo y Libertad) Guilherme Boulos—de encontrar el medio “menos costoso” para eliminar al Bolsonaro.

Reale, el autor de los falsos cargos de destitución contra la presidenta del PT Dilma Rousseff en 2016, declaró el 16 de marzo que Bolsonaro debería ser declarado “no apto para el cargo” por una junta médica, ya que la destitución sería “un proceso demasiado doloroso”.

Dos semanas después, una carta conjunta de todos los candidatos “progresistas” en las elecciones de 2018, incluidos los representantes del Partido Comunista y del PT, así como Boulos, declarando a Bolsonaro el “mayor obstáculo” para hacer frente a la crisis del coronavirus y pedía unidad tras su dimisión, apoyando al golpista general Mourão para la presidencia.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Maia, ha recibido 25 peticiones de destitución por delitos que van desde un ataque contra la salud pública al sabotear las cuarentenas estatales, hasta la convocatoria de manifestaciones fascistas contra el poder legislativo y judicial. El principal diario financiero Valor ha informado que Maia teme que un proceso de impugnación sea contraproducente, permitiendo que Bolsonaro se presente como víctima, y en su lugar prefiere esperar a que el STF se pronuncie sobre los cargos de Moro.

La más dura exposición de la crisis de la clase dominante brasileña ha sido la negativa del mayor y supuestamente más vocal partido de la oposición, el PT, a tomar cualquier acción. El líder del PT, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, declaró hasta el 30 de abril que el partido no debería presentar sus propios cargos de destitución para no descarrilar el proceso.

El fiel apéndice “de izquierda” del PT, el PSOL, denunció la presentación de una acusación de destitución por parte de Sâmia Bonfim, miembro de la Cámara Morenita, a finales de marzo, como una interferencia en la democracia del partido, es decir, sus negociaciones encubiertas con la derecha sobre cómo proceder de la forma más segura posible.

Todas estas fuerzas están tan aterrorizadas por una explosión social como el propio gobierno. Su objetivo es garantizar que si Bolsonaro es realmente reemplazado por Mourão como un gestor más adecuado de la crisis, se haga de tal manera que se canalice la oposición de masas detrás del estado capitalista.

Los trabajadores brasileños están siendo impulsados por las crisis combinadas de la pandemia COVID-19 y la profundización de la depresión económica en crecientes luchas contra no sólo las políticas fascistas de Bolsonaro, sino contra todo el capitalismo brasileño, cuyos defensores incluyen al PT, al PSOL y a sus satélites pseudoizquierdistas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de mayo de 2020)