México ha sido testigo de una creciente ola de huelgas, bloqueos de carreteras y otras protestas por parte de los trabajadores médicos en las dos últimas semanas en respuesta a los brotes de COVID-19 dentro de los hospitales, los cuales están saturándose de pacientes infectados.

Esto sigue a una ola anterior de protestas de trabajadores de salud en marzo, que incluyó acciones en 12 estados y en la Ciudad de México, para denunciar la falta de medidas por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para contener la pandemia mundial y preparar a los hospitales con el equipo necesario.

En ese momento, los trabajadores de los hospitales ya estaban sufriendo importantes brotes. Por ejemplo, en el Hospital General de Monclova, Coahuila, la dirección les pidió a los trabajadores que no usaran equipo de protección en marzo para “no causar pánico”. Para la primera semana de abril, 51 trabajadores médicos ya se habían contagiado y tres habían muerto.

No se ordenó una emergencia sanitaria ni cierres hasta el 30 de marzo, más de un mes después de los primeros casos confirmados en el país. Pero las medidas tomadas han sido criminalmente inadecuadas. Junto con Brasil, Rusia e India, México sigue viendo un aumento exponencial de muertes por COVID-19, duplicándose cada cinco días. Al momento de escribir este artículo, México tenía más de 74.560 casos confirmados y 8.134 muertes, con una gran proporción entre los trabajadores médicos.

Según el último recuento disponible el 19 de mayo, los casos confirmados entre los trabajadores sanitarios habían visto un aumento del 33 por ciento en una semana a un total de 11.394, mientras que 149 habían muerto. Esto constituyó el 21 por ciento de todos los casos en México en ese momento, y la mayoría se concentró en la Ciudad de México, el vecino Estado de México y Baja California.

El malestar resultante entre los trabajadores médicos es un fenómeno internacional. A medida que América Latina se convierte en el nuevo epicentro del virus, las protestas del personal médico se han extendido por Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Honduras en las últimas semanas, planteando las mismas preocupaciones básicas, incluida la falta de equipo de protección personal adecuado, medicamentos, ventiladores, pruebas y personal.

Ayer, docenas de trabajadores del Hospital de Tlalnepantla, en la Ciudad de México, realizaron un bloqueo de carretera para exigir el uso de EPP adecuado. Los informes de los medios de comunicación y en las redes sociales sobre esas protestas han inspirado comentarios abrumadoramente positivos de los trabajadores de los hospitales y otros sectores, y muchos han llamado a una lucha conjunta.

Carmen, una enfermera de Naucalpan, Estado de México, escribe en Facebook: “Los que en verdad están laborando en las áreas COVID no han recibido ningún bono de riesgo de trabajo porque es un riesgo estar en esas áreas. Si el sindicato no hace nada por los trabajadores creo que lo mejor es irnos a paro pero general. Ya estuvo bien de tanta corrupción… Yo estoy en primera fila y estoy en el mero punto de la clínica 194 del IMSS y he visto morir a varios de mis compañeros por contagio de COVID”. Varias publicaciones de otros trabajadores de la salud han convocado a una manifestación nacional el 1 de julio.

El lunes, un grupo de 15 médicos y enfermeros realizó una protesta en el Hospital Vicente Guerrero de Acapulco, Guerrero, para exigir un equipo de protección adecuado. Esa tarde, docenas de médicos y enfermeros del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la Ciudad de México realizaron una manifestación y un bloqueo de calle para protestar por la falta de personal y equipos. Un manifestante sostenía un cartel: “Todos nos estamos infectando por el ahorro de unos pesos”. Otro decía, “Queremos protección, no reutilización”.

El 19 de mayo, cientos de trabajadores médicos del Hospital General de Tula, Hidalgo, en el centro de México, bloquearon dos carreteras para exigir el saneamiento de las instalaciones y seguridad para los pacientes y los médicos. Además de las pésimas condiciones de trabajo, el personal médico ha sido objeto de muchas amenazas y ataques violentos, en la medida en que la ira, el miedo y la desesperación de los pacientes, las familias y otras personas no encuentran una salida progresista.

La semana anterior, los trabajadores del Hospital La Raza de la Ciudad de México bloquearon el importante circuito interno para protestar por la falta de equipos después de que varios compañeros de trabajo murieran a causa del virus. En Texcoco, estado de México, unos 50 trabajadores del Hospital General realizaron un bloqueo de calle para protestar por la muerte de tres enfermeras a causa del coronavirus y para exigir el saneamiento del edifico, equipo de protección personal adecuado, más personal, pruebas oportunas y otras medidas urgentes. Las tropas de la Guardia Nacional y la policía estatal intervinieron para poner fin a su protesta.

Las protestas también se han extendido a lo largo de las ciudades de la frontera con los Estados Unidos. Por ejemplo, en Matamoros, Tamaulipas, los médicos y enfermeros cerraron el área para tratar a los pacientes de COVID-19 en el Hospital de la Zona 13 después de que tres trabajadores médicos murieran a causa de COVID-19 y otros 40 dieran positivo. En Ciudad Juárez, Chihuahua, donde los hospitales han estado saturados durante varias semanas, los trabajadores del Hospital de la Mujer realizaron una manifestación para protestar por las condiciones peligrosas y exigir un aumento del 30 por ciento por riesgo.

Tras décadas descuidando la salud pública, las autoridades federales y estatales han buscado apresuradamente ventiladores y equipos de protección personal en las últimas semanas, mientras que un puñado de los edificios sin terminar se han reacondicionado rápidamente para acomodar a los pacientes de COVID-19. Sin embargo, esto está resultando ser demasiado poco, demasiado tarde.

Después de Turquía, México tiene el presupuesto de atención de la salud más bajo como porcentaje del PIB de los países de la OCDE —5,5 por ciento—, pero una enorme proporción del presupuesto de ciertos departamentos ni siquiera se gasta.

Los partidarios de López Obrador habían denunciado que sus predecesores dejaron 326 obras de construcción de hospitales abandonadas, cuya conclusión necesitaría 421 millones de dólares. Sin embargo, del presupuesto de 800 millones de dólares para infraestructura y equipo de atención médica aprobado por el Congreso en 2019, su administración dejó 510 millones de dólares sin utilizar.

Al mismo tiempo, la administración de López Obrador aumentó el presupuesto militar en un 7,9 por ciento a 6.500 millones de dólares, más que todo el presupuesto del Ministerio de Salud, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

Esto ha dejado al país totalmente desprovisto de preparación para enfrentar la pandemia. Para el 19 de mayo, los hospitales de la Ciudad de México reportaron la tasa de ocupación más alta del país. En toda el área metropolitana, que incluye parte del Estado de México, 55 de los 60 hospitales para pacientes de COVID-19 estaban llenos, con una tasa de ocupación total del 80 por ciento. Solo se disponía del 33 por ciento de las camas para los pacientes que necesiten ser intubados.

Sin embargo, estos datos no sólo podrían ser incompletos, sino que pueden ser engañosos al considerar la capacidad de tratar a los pacientes de manera segura. El Dr. Iván Juárez Ramírez, neumólogo de la Ciudad de México, explicó en Twitter que, si bien el 10 por ciento de los pacientes que contraen neumonía necesitan un ventilador, “el número de ventiladores ya es conocido que es escaso, no tenemos el número completo, pero es importante tener este dato para prepararnos”. Además, se necesitan médicos y enfermeros especializados con el entrenamiento, equipamiento y los espacios de trabajo adecuados, explica, “ya que un ventilador es un generador de aerosoles y esto va a contaminar todo alrededor del paciente”.

Durante la última semana se han registrado importantes brotes en hospitales de nuevas localidades, a medida que los focos de contagio se van extendiendo. En los estados más pobres y remotos, los respiradores y otros equipos fueron transportados a las ciudades más grandes donde se produjeron los brotes iniciales, pero ahora estas regiones se están viendo abrumadas de casos. Esto sucedió en Tapachula y Comitán en el estado sureño y empobrecido de Chiapas, donde los hospitales se llenaron y comenzaron a rechazar a los pacientes de COVID-19 esta semana.

En medio de una escasez general de equipos, medicinas, personal e infraestructura, el Gobierno ha desestimado las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y de los epidemiólogos locales y se ha opuesto a realizar pruebas masivas, un rastreo sistemático de contactos y cuarentenas. En otras palabras, el personal médico se está viendo obligado a responder ciegamente a una avalancha de casos, los cuales son alimentados por el levantamiento gradual de las restricciones.

Con la reapertura oficial de la economía el 1 de junio, el Gobierno de López Obrador ha dejado clara su voluntad de sacrificar las vidas de decenas de miles de trabajadores para reanudar la extracción capitalista de ganancias de la clase obrera y continuar su programa de austeridad para atender los pagos de intereses y proporcionar beneficios fiscales a la oligarquía financiera.

(Publicado originalmente en inglés el 27 de mayo de 2020)