Encarcelado editor de Wikileaks Julian Assange fue objeto de una audiencia administrativa en la Corte de Westminster de Gran Bretaña el 1 de junio.
Debido a que es un prisionero en prevención que no ha sido condenado por ningún delito, las autoridades británicas están legalmente obligadas a presentar Assange a un tribunal cada 30 días. Estas audiencias supuestamente comprobar el bienestar de un prisionero, las condiciones de su detención y el progreso de su caso.
En medio de la pandemia de coronavirus, la crisis más profunda en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y la intensa persecución estatal de Assange, las audiencias ni siquiera cumplen esta función cosmética.
El editor de WikiLeaks no ha podido participar en las últimas audiencias. Para ello, tendría que ser transportado a través de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh y en una sala de videoconferencia utilizada por decenas de otros presos, lo que aumenta aun más su riesgo de contraer COVID-19.
Assange no ha podido reunirse en persona con sus abogados a causa de la crisis de salud, teniendo que depender en cambio de llamadas telefónicas espasmódicas. El 24 de mayo, Aitor Martínez, abogado español de Assange, twiteó un registro de llamadas que el fundador de WikiLeaks había intentado hacerle. Al parecer, debido a problemas técnicos en Belmarsh, solo uno de los diez intentos de llamadas en un periodo de 24 horas había tenido exito. Las llamadas que logran pasar se limitan a diez minutos.
Martínez escribió: "Esta es su realidad diaria. En septiembre se enfrenta a 175 años de prisión. ¿Derecho a defenderse? ¿Juicio justo?" El abogado se refería a las audiencias de septiembre para la extradición de Assange a los EE.UU., donde se enfrenta a 18 cargos, incluidos 17 en virtud de su Ley de Espionaje, por exponer los crímenes de guerra estadounidenses y las intrigas diplomáticas mundiales.
Los medios de comunicación efectivamente han sido excluidos de las audiencias también. Debido a las medidas de distanciamiento social, los periodistas no pueden asistir en persona, pero se les proporciona un número de llamada que se supone les permite escuchar.
En la última audiencia, el 4 de mayo, los que intentaron cubrir la audiencia sólo escucharon música mientras se realizaba, supuestamente porque el secretario se olvidó de silenciar la línea del tribunal. La audiencia anterior fue en gran parte inaudible.
Estas son expresiones de un pisoteo más amplio de los derechos democráticos de Assange. Todas sus comparecencias ante el tribunal, incluida la primera semana de audiencias de extradición en febrero, han tenido el carácter de ensayos de espectáculos sin ley, realizados en violación de las normas jurídicas básicas.
El ataque más flagrante contra el fundador de WikiLeaks ha sido la negativa a liberarlo bajo fianza, a pesar de que el coronavirus circula por todo el sistema penitenciario británico, incluso en Belmarsh. En marzo, la juez Vanessa Baraitser dictaminó que "la pandemia mundial... no proporciona motivos para la liberación del Sr. Assange".
Su insensible decisión se emitió ante las advertencias de los principales médicos y expertos en salud de que si contrae COVID-19, la vida de Assange estará en grave peligro. El fundador de WikiLeaks tiene una serie de problemas médicos derivados de casi una década de detención arbitraria, incluyendo una condición pulmonar crónica que lo hace particularmente vulnerable.
En abril, el gobierno británico aprobó el veredicto de Baraitser, declarando que Assange no estaría entre los 4.000 prisioneros de bajo riesgo liberados debido al barrido de COVID-19 en las penitenciarias. La exclusión de Assange del programa se justificaba por el motivo orwelliano de que "no cumplía una sentencia de prisión", pero estaba en prisión.
La escala del peligro se subrayo el jueves, cuando las cifras del Ministerio de Justicia revelaron un 1,5 por ciento de aumento en las infecciones confirmadas entre los presos en las 24 horas anteriores y un aumento del 1 por ciento para el personal de la prisión. Según las cifras oficiales, 459 presos han contraído el virus en 77 prisiones de Inglaterra y Gales, y 907 miembros del personal han sido infectados.
Desde que comenzó la crisis, 22 reclusos han muerto a causa del COVID-19, junto con nueve miembros del personal de la prisión. Al menos una de las muertes ocurrió en Belmarsh. A finales de marzo, se informó de que 150 guardias de la prisión no asistían al trabajo porque estaban enfermos o se habían aislado.
La familia de Assange ha advertido que su aislamiento pone en peligro su salud mental. El pasado mes de mayo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, descubrió que Assange presentaba síntomas médicos verificables de tortura psicológica como resultado de su persecución por parte de los gobiernos.
El 21 de mayo, la novia de Assange, Stella Morris escribió en Twitter: "COVID no hace aceptable el confinamiento solitario. Julian ha sido mantenido en una sola celda para +23h/día durante más de ocho semanas sin visitas. Se perderán vidas por suicidio si no por el virus. El confinamiento solitario prolongado es tortura". Los abogados de Morris y Assange previamente advirtieron que está en riesgo agudo de suicidio.
Una gran cantidad de fuerzas políticas son responsables de la grave situación de Assange. Entre ellas figuran los partidos demócrata y republicano de los Estados Unidos, que han encabezado el intento de destruirlo física y psicológicamente debido a las actividades editoriales legales de Wikileaks.
En Gran Bretaña, la derogación de los derechos de Assange por parte del gobierno conservador ha sido respaldada por la oposición del Partido Laborista. El exlíder laborista Jeremy Corbyn se negó a montar cualquier campaña en defensa del fundador de WikiLeaks. Su sucesor Sir Keir Starmer ha apoyado explícitamente la continuación del encarcelamiento de Assange y el intento de enviarlo a los EE.UU., presentándolo como un ejercicio de "debido proceso" y "el estado de derecho".
Toda la clase política australiana es cómplice, ya que ha abandonado a Assange a pesar de que es un ciudadano y periodista australiano.
Ningún miembro de alto rango del gobierno federal Liberal-Nacional o la oposición del Partido Laborista Australiano ha mencionado tanto al fundador de WikiLeaks desde que comenzó la pandemia. Esto está en consonancia con su apoyo total a las guerras y provocaciones del imperialismo estadounidense, incluyendo el aumento de las tensiones con China, y su prolongada colaboración en los ataques a Assange.
El silencio se extiende a los Verdes, que no han dicho casi nada, al igual que los sindicatos, incluida la Alianza de Medios de Comunicación, Entretenimiento y Artes, de la que Assange es miembro.
La alineación política subraya el hecho de que la defensa de Assange requiere la movilización independiente de la clase obrera, en el marco de una lucha más amplia en defensa de los derechos democráticos y contra la guerra.
Los mismos gobiernos que han puesto en peligro la vida de millones de personas con su respuesta lucrativa al coronavirus buscan silenciar a Assange para siempre. Con ello se pretende sentar un precedente de supresión de la libertad de prensa y de criminalización de la oposición social y política.
Mientras los trabajadores y los jóvenes emprenden grandes luchas contra los gobiernos que persiguen al fundador de WikiLeaks, ejemplificado por las explosivas protestas en Estados Unidos desencadenadas por el asesinato policial de George Floyd, la demanda de la libertad de Assange debe inscribirse en su bandera.
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(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de junio de 2020)