Ya es indisputable que la campaña de la Casa Blanca y las principales corporaciones de reabrir prematuramente los negocios ha llevado a un repunte de contagios de COVID-19 en todo Estados Unidos.

Entre el 6 y 9 de junio, hubo un aumento de 36 por ciento en caso promedio de casos nuevos en EE.UU., según un reporte filtrado por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, sigla en inglés). Con 27.221 casos nuevos, ayer hubo el mayor aumento de casos desde el 21 de mayo. A nivel global, los casos nuevos llegaron a un récord, con más de 140.000.

Veintiún estados han reportado un aumento en casos nuevos esta semana, más significativamente en Arizona, Florida, Texas, Utah, Carolina del Norte y California. En Arizona, los hospitales ya casi están llegando a su máxima capacidad.

En los niveles actuales de muertes diarias, en torno a 1.000 por día, habrá más de 200.000 muertes en el país para el final del verano.

El aumento en casos inevitablemente conllevará más muertes. Así como la respuesta tardía de la Casa Blanca a la pandemia causó, según un estudio, la pérdida de más de 50.000 vidas, el regreso prematuro al trabajo y el abandono de todos los esfuerzos para contener la enfermedad llevará a decenas o cientos de miles de muertes adicionales.

A pesar del desastroso aumento en todo el país e internacionalmente, la Casa Blanca, los gobernadores y ejecutivos corporativos están insistiendo en que no habrá medidas de emergencia para contener el virus.

Estados Unidos “no puede volver a cerrar la economía”, declaró el secretario del Tesoro, Mnuchin, el jueves, haciendo eco de la declaración del presidente Donald Trump el mes pasado de que “sea una brasa o una llama… no cerraremos nuestro país”.

El gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, declaró que “no está en discusión” un segundo confinamiento de emergencia. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, se comprometió a continuar la reapertura de la economía, a pesar de que “anticipamos un aumento en el número total de casos positivos”.

La semana pasada, Texas reportó tres días consecutivos de cifras récord de pacientes hospitalizados con COVID-19. El viernes, los restaurantes recibieron permiso para incrementar casi a capacidad plena sus áreas para comer. El gobernador Greg Abbott dejó en claro que no tiene ninguna intención de volver a colocar restricciones a negocios.

El Departamento de Salud de Florida reportó el viernes un récord de 1.902 casos nuevos de coronavirus. A pesar de estas cifras, el gobernador Ron DeSantis presentó un plan para la reapertura de las escuelas públicas “a plena capacidad” en el otoño.

Tales declaraciones se ven amplificadas en la prensa. En un editorial el viernes, el Wall Street Journal declaró descaradamente: “Las nuevas infecciones son inevitables según los estados reabren”, pero “no existe una alternativa a abrir”.

Negando lo obvio, el director Larry Kudlow del Consejo Nacional Económico (NEC) insistió el viernes: “No hay ninguna emergencia. No hay una segunda ola”. Viniendo de un hombre que declaró en febrero que EE.UU. había “contenido” la pandemia “casi de forma hermética”, tales declaraciones carecen significado.

Las declaraciones de Kudlow y Mnuchin tienen un solo objetivo: garantizarle a Wall Street que, sin importar lo que pase, la campaña de vuelta al trabajo no se verá afectada.

Desde el principio de la pandemia, todas las acciones tomadas por la clase gobernante han sido dictadas por los intereses de Wall Street. Después de no tomar ninguna medida para salvar las vidas de la población, el Gobierno de Trump orquestó el mayor rescate gubernamental de los ricos en la historia.

Se les entregaron varios billones de dólares a las empresas y bancos, mientras que la Reserva Federal ha dejado en claro que dejará abierto el grifo indefinidamente.

El bombeo de efectivo en la bolsa de valores exige una mayor extracción de la plusvalía de la clase obrera. Una vez que aseguraron el rescate, simplemente abandonaron todas las medidas para contener la propagación de la pandemia, desde los cierres al distanciamiento social obligatorio en los lugares de trabajo, percibiéndolas como molestias para la generación de ganancias.

La campaña para reanudar la producción a la fuerza ha convertido a los centros laborales, como los frigoríficos, plantas de procesamiento de alimentos y otras instalaciones de manufactura, en centros de transmisión, colocando a los trabajadores en un curso de colisión con las compañías decididas a reanudar la producción.

Pero la oposición de los trabajadores a estas medidas inseguras está expandiéndose rápido en todo el país. Cientos de trabajadores de frigoríficos en Logan, Utah, se manifestaron el miércoles por la tarde para exigir el cierre de su planta, donde más del 20 por ciento de los trabajadores ha salido positivo en pruebas. La noche del jueves, los trabajadores de limpieza en Filadelfia protestaron frente al Ayuntamiento para exigir equipo de protección, acceso a pruebas regulares de COVID-19 y bonos por riesgo.

El impacto de la campaña de regreso al trabajó se cruzará con una crisis social enorme producida por el desempleo masivo y la austeridad, mientras la clase gobernante busca utilizar la crisis para reestructurar las relaciones de clases e incrementar la explotación.

La política de la clase gobernante necesita ser opuesta por medio de una resistencia organizada de la clase obrera. Esto requiere la formación de comités de base de seguridad independientes en cada lugar de trabajo para supervisar y hacer valer las medidas necesarias para proteger la salud y vidas de los trabajadores.

El desarrollo de dichas organizaciones debe conectarse con la movilización de toda la clase obrera contra el Gobierno de Trump. Como escribió el WSWS el 22 de mayo, “La lucha contra la pandemia no solo debe librarse en el frente médico, sino también en el político. La batalla contra el COVID-19 es inseparable de la lucha más amplia posible contra las políticas criminales del presidente Trump y sus facilitadores sumisos en el Partido Demócrata”.

Las consecuencias de estas políticas criminales están emergiendo en todo el país.

Durante las últimas dos semanas, cientos de miles de personas han marchado para protestar el asesinato policial brutal de un hombre: George Floyd. El Gobierno de Trump es responsable de las muertes de decenas de miles y será responsable de cientos de miles más. Como ocurre con la lucha contra la violencia policial, la lucha contra la pandemia es al mismo tiempo una lucha de toda la clase obrera contra la oligarquía financiera y el sistema de lucro capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de junio de 2020)