La pandemia del COVID-19 en Estados Unidos se ha vuelto una catástrofe absoluta. El lunes, Estados Unidos registró más de 65.000 casos nuevos. Los casos diarios son casi el doble del máximo visto a mediados de abril. Estados unidos representa una tercera parte del total de casos nuevos globales, a pesar de tener solo el 4 por ciento de la población.

En Florida, se han llenado más de 40 hospitales, mientras que los hospitales en Texas están rechazando a las ambulancias. Las personas están haciendo fila por varios días para hacerse una prueba. El sistema rudimentario y fracturado de salud pública en Estados Unidos, donde dependen de máquinas de fax para compartir datos y duran hasta una semana para dar los resultados de las pruebas, está inundado de pacientes. Los enfermeros y doctores se enfrentan a una escasez crítica de equipo de protección.

Esta catástrofe es el resultado de la reapertura prematura de negocios por todo el país. Desde que las plantas manufactureras reabrieron hace dos meses, la cifra de casos de COVID-19 se ha duplicado a 3,4 millones. Han muerto aproximadamente 43.000 personas más, llevando el total de fallecidos a 138.000.

Se está perpetrando un crimen social con consecuencias devastadoras. No obstante, en las interminables horas dedicadas a discusiones sobre la pandemia en los noticieros de cable y todas las columnas en los periódicos, nadie está preguntando seriamente: ¿Quién es responsable? ¿Quién tomó la decisión de reabrir los negocios prematuramente? ¿Cuáles intereses sociales han dictado las medidas?

Por supuesto, Trump y sus aliados republicados de extrema derecha, quienes le restaron importancia a la pandemia y promovieron que las personas ignoraran el distanciamiento social, han cumplido un papel crucial. Trump está librando una guerra contra el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, por atreverse a mencionar el hecho obvio de que la pandemia se está saliendo de control.

No obstante, no solo se trata de Trump. Casi todos los gobernadores, tanto los demócratas como los republicanos, reabrieron los negocios no esenciales cuando el país no contaba con las suficientes pruebas ni rastreo de contactos.

En la medida en que los estados reabrían la producción no esencial a principios de mayo, más de la mitad lo hizo cuando “los casos mantenían una tendencia al alza, los resultados positivos de las pruebas aumentaban, o ambos”, según un análisis del New York Times. Algunos de estos estados que reabrieron sin cumplir las guías federales básicas fueron Maine, Carolina del Norte, Kansas y Colorado, cuyos gobernadores son demócratas.

Esta campaña incluyó la participación de la prensa alineada con los demócratas. El New York Times publicó al menos 11 columnas de opinión de Thomas Friedman defendiendo la “inmunidad de rebaño”, es decir, el abandono de las medidas para contener la pandemia, mientras el Washington Post publicó un editorial llamando “atractivo” el “modelo suizo” de inmunidad de rebaño.

La demanda universal de regreso al trabajo ha estado dictada por Wall Street y la oligarquía empresarial y financiera. Para la clase gobernante, la pandemia ha sido una enorme oportunidad para generar ganancias. Un corredor de bolsa lo resumió claramente en una entrevista con Reuters:

El COVID-19 está inversamente relacionado con los mercados. Cuánto peor se ponga el COVID-19, tanto mejor les va a los mercados porque la Reserva Federal ofrecerá estímulos. Eso es lo que ha estado impulsando los mercados.

Desde marzo, la Reserva Federal ha llevado $3 billones a los mercados, aumentando su balance de $4 billones a más de $7 billones. Esta política fue respaldada casi unánimemente por los demócratas y republicanos en el Congreso cuando aprobaron la llamada Ley CARES a fines de marzo.

Esta oferta ilimitada de dinero ha alimentado un aumento masivo en los previos de las acciones. El índice bursátil S&P500 alcanzó su nivel más alto el lunes desde que inició la pandemia y permanece por encima de donde estaba hace un año. Un gestor de inversiones le comentó recientemente a Fortune, “Estamos en medio de una exuberancia irracional—esta es una burbuja—… La economía está frenándose, ralentizándose, estamos entrando y saliendo del COVID, pero el mercado tecnológico alcanza nuevos máximos cada día. Esa es una clásica burbuja especulativa”.

Es una redistribución vasta de la riqueza hacia arriba que explica la intensidad de la campaña para arrear a los trabajadores a las fábricas, que son focos de contagio del COVID-19. Si bien los billones de dólares de “dinero mágico” siendo bombeados en los mercados financieros puede que sean de ficticios, la riqueza de la oligarquía —sus jets, sus superautos, sus mansiones y condominios— son muy reales. La riqueza necesita ser extraída, al final, del sudor de la clase obrera.

El caso del director ejecutivo de Tesla, Elon Mus, puede ser utilizado como un ejemplo específico. El 11 de mayo, Musk anunció que reanudaría la producción de la principal planta de Tesla en California, desafiando una ley estatal pero contando con la complicidad del Gobierno estatal bajo el Partido Demócrata.

En el periodo desde que Tesla reabrió, los precios de sus acciones han aumentado 50 por ciento, convirtiéndolo en la empresa automotriz con la mayor capitalización de mercado. A su vez, esto ha incrementado la riqueza personal de Musk en $30 billones, llevándola a $70 billones, el triple de hace apenas dos años.

El regreso de los trabajadores a las plantas fue un hito crucial en este proceso. El Financial Times indicó que Tesla “estaba perdiendo hasta $500 millones en ingresos por semana en medio del cierre, un dinero que una empresa que nunca ha tenido un año de ganancias no puede costear perder”.

En una carta a los empleados, Musk mencionó el ímpetu detrás de la reapertura. “Salir estables está volviéndose algo super estrecho”, dijo. “Realmente hace una diferencia cada carro que construyan y entreguen”.

Como resultado del masivo aumento de los precios de las acciones de Tesla, Musk recibirá, en cuestión de días, el mayor pago a un director ejecutivo en la historia —por un orden de magnitud— en la forma de un bono de $2,4 mil millones.

La política implementada no es socialmente neutral. No se trata de salvar la “economía”, sino de salvar a Wall Street y mantener e incluso expandir la riqueza de la oligarquía capitalista que controla la gran mayoría de los activos financieros.

Desde el punto de vista de la clase gobernante, la pandemia tiene otras ventajas. En la medida en que las personas de mayor edad sean las víctimas principales, ayudará a reducir los costos cada vez mayores en salud, los cuales han sido citados por los centros de pensamiento de la clase gobernante como un problema estratégico.

El desempleo masivo creado por la pandemia también tiene sus beneficios para la clase gobernante. Mientras que EE.UU. tenía el mercado laboral más restringido en décadas a principios del año, la crisis económica desatada por la pandemia ha destruido decenas de miles de empleos, muchos de ellos permanentemente.

El Gobierno de Trump ha estado encabezando el llamado a eliminar el subsidio por desempleo de $600 semanales bajo la Ley CARES, pero esta demanda también cuenta con un apoyo bipartidista. El gobernador demócrata de Connecticut, Ned Lamont, se unió al coro de demandas para permitir que los beneficios por desempleo expiren, declarando que “desalientan el trabajo”.

Algo crítico para la campaña de regreso al trabajo de la clase gobernante es la reapertura de las escuelas. En medio de una pandemia cada vez más amplia, amenaza las vidas de decenas de miles de estudiantes y docentes e inevitablemente llevará a un repunte de casos nuevos en la población general.

La clase gobernante está decidida a utilizar la pandemia del COVID-19 para expandir ye intensificar los procesos que prevalecían antes del brote: el crecimiento de la desigualdad social, el desmantelamiento de la infraestructura social y la transformación de la fuerza laboral estadounidense en una reserva precarizada de mano de obra barata.

Está siendo perpetrado un crimen social de proporciones monumentales, cuyas víctimas están llenando las morgues y los cementerios de costa a costa. Los culpables son los representantes de la clase gobernante, tanto los republicanos como los demócratas, junto a sus cómplices en la prensa. El motivo es la defensa de la riqueza de la oligarquía y el sistema capitalista. La respuesta de la clase obrera tiene que ser la revolución socialista. Esta es la inescapable conclusión que fluye de la pandemia.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de julio de 2020)