Para casi 31 millones de personas en los Estados Unidos esta semana es una de extrema preocupación y ansiedad, más que ninguna otra desde el inicio de la pandemia de coronavirus a principios de este año. Dos disposiciones limitadas pero vitales de la Ley CARES, el beneficio federal ampliado de desempleo $600 por semana y una moratoria federal sobre los desalojos, expirarán a fines de este mes.

El último de los cheques de $600 está programado para el 25 de julio, mientras que la moratoria de desalojo expirará a la medianoche del 31 de julio. Estas dos disposiciones de la Ley CARES, separadas de los trillones entregados a la oligarquía financiera por los demócratas y los republicanos, han prevenido que millones de trabajadores y sus familias caigan en un desastre absoluto durante la pandemia.

El pago semanal de $600 ha sido objeto de ataques venenosos por parte de la patronal y grupos de pensamiento de derecha, quienes lo presentan como un “desincentivo” para trabajar. Es poco probable que se restablezca en su forma actual. Ha habido numerosas propuestas de ambos partidos que proponen reducir el beneficio semanal en varios cientos de dólares, posiblemente a cero.

El principal asesor económico del presidente Donald Trump, Larry Kudlow, ha propuesto un “bono por regreso al trabajo” para incentivar a los trabajadores desesperados a arriesgar sus vidas regresando a lugares de trabajo peligrosos e inseguros a medida que las infecciones por coronavirus alcanzan niveles récord y los lugares de trabajo en todo el país sirven como vectores para la enfermedad.

Mientras tanto, los senadores demócratas Chuck Schumer de Nueva York y Ron Wyden de Oregón redactaron una legislación a principios de julio que gradualmente eliminaría los beneficios federales semanales, $100 por cada caída porcentual en la tasa de desempleo de un estado. El beneficio se eliminaría por completo, independientemente de la tasa de desempleo, antes del 27 de marzo de 2021.

A mediados de mayo, en una votación casi partidaria, la Cámara de Representantes controlada por los demócratas aprobó la Ley HEROES de $3 billones, que proponía extender los beneficios federales de desempleo hasta enero de 2021, así como la moratoria de desalojo federal y enviar por correo un cheque de estímulo adicional de $1.200.

La legislación, que Pelosi admitió fue una maniobra política después de su aprobación y no fue más que una “negociación de apertura”, fue declarada “muerta al llegar” por McConnell y el resto de los republicanos del Senado. Los republicanos han indicado que la próxima ronda de legislación debe costar menos de $1 billón, incluyendo una exención del impuesto sobre la nómina y una protección para las escuelas y las empresas contra las demandas de los trabajadores que inevitablemente contraerán el virus y morirán innecesariamente en el trabajo.

Con el Congreso regresando hoy de un receso de dos semanas, se espera que los demócratas en la Cámara de Representantes y los republicanos en el Senado se pongan de acuerdo esta semana para producir una legislación. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, en una entrevista en una radio local la semana pasada, informó que el Senado estaría discutiendo el quinto y probable último proyecto de ley de “alivio” del coronavirus antes de las elecciones de noviembre.

Ninguna de las estipulaciones establecidas por McConnell es un factor decisivo para los demócratas y seguramente se aceptará en cualquier versión final del proyecto de ley que surja después de una semana de negociaciones y acuerdos de trastienda entre ambos partidos.

La disputa sobre cómo exprimir millones de dólares de los trabajadores desempleados se produce cuando COVID-19 continúa extendiéndose fuera de control en los EE. UU., ejemplificado por el aumento continuo de infecciones en 40 de los 50 estados en las últimas dos semanas y la pasmosa mayor cifra mundial de muertos. Al escribir estas líneas, más de 3.8 millones de personas en todo el país han dado positivo por el virus, mientras que 143.000 han muerto.

Además de la pandemia, la clase trabajadora y sus familias enfrentan una crisis económica sin precedentes. La semana pasada marcó la semana 17 consecutiva en la que se presentaron más de 1 millón de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo en los Estados Unidos. La pérdida de empleo ha sido un doble golpe para los aproximadamente 5,4 millones de trabajadores que han perdido su seguro de salud como resultado.

Mientras tanto, millones de trabajadores no han podido recibir beneficios de desempleo debido a los sistemas estatales de desempleo obsoletos, descuidados y deteriorados. Para aquellos que han podido hacer uso de los beneficios ampliados, el aumento promedio del 61 por ciento en los pagos semanales, de aproximadamente $380 a $980, ha sido un salvavidas. Si bien las estimaciones varían, los economistas estiman que terminar el estipendio federal reducirá los ingresos de los trabajadores entre 50 y 75 por ciento.

El beneficio de desempleo federal semanal de $600 es más de lo que ofrece cualquier estado por sí solo y es ligeramente más alto que el salario semanal promedio de un trabajador estadounidense. Antes de la pandemia, el estado más “generoso” en términos de beneficios semanales era Massachusetts, que ofrecía $552 por semana, mientras que el estado más bajo era el estado de Mississippi, que proporcionaba $213 por semana.

Si bien millones de estadounidenses ya vivían en un estado de crisis perpetua antes del golpe de la pandemia, obligados a racionar alimentos y atención médica para poder pagar los elevados alquileres e hipotecas, la llegada del virus ahora los ha obligado a renunciar a dichos pagos.

Una encuesta realizada por Apartment List, una plataforma de alquiler en línea, encontró que el 24 por ciento de los inquilinos no realizó los pagos en abril y que el 31 y el 30 por ciento de los inquilinos no lo hizo en mayo y junio, respectivamente. La encuesta también encontró que el 37 por ciento de los inquilinos y el 26 por ciento de los propietarios temen estar sin hogar para fin de año. Los investigadores de la Universidad de Columbia esperan que la falta de vivienda aumente en un 45 por ciento en los EE. UU. en comparación con 2019.

Los tribunales se han reabierto en todo el país permitiendo el procesamiento de casos de desalojo a medida que el mosaico de órdenes ejecutivas de moratoria de desalojo aprobadas en marzo y abril por los ayuntamientos, alcaldes y gobernadores locales continúan expirando. En una entrevista con CNBC la semana pasada, Emily Benfer, presidenta del Comité de Desalojo del Grupo de Trabajo de la Asociación de Abogados de los Estados Unidos, estima que entre 20 y 28 millones de personas serán desalojadas entre ahora y septiembre.

Mientras los políticos dudan sobre los detalles del próximo proyecto de ley sobre si extender o no la moratoria federal sobre los desalojos. Cienos de miles de inquilinos en viviendas no gubernamentales ya han recibido notificaciones de desalojo en estados, como Michigan, Nueva York y Nevada.

En Michigan, la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer se ha negado a extender una orden ejecutiva que habría detenido el procesamiento de aproximadamente 75.000 solicitudes de desalojo, incluidas 10.000 en la ciudad de Detroit solamente. En cambio, se ha establecido un minúsculo fondo de rescate de $50 millones para propietarios para ayudar a compensar los pagos perdidos por los inquilinos. Hay pocas dudas de que estos fondos se agotarán rápidamente y, junto con ellos, cualquier indulgencia de los propietarios y administradores de propiedades hacia los inquilinos morosos.

En la ciudad de Nueva York, los expertos legales esperan una ola de hasta 50.000casos de desalojo, que comenzarán a abrirse paso en los tribunales a partir de hoy. El gobernador demócrata Andrew Cuomo, al igual que Whitmer en Michigan, permitió una orden ejecutiva que habría detenido el proceso de desalojo. En cambio, Cuomo extendió una moratoria menos expansiva, que impone restricciones adicionales a los inquilinos que solicitan asistencia. Aquellos que deseen ser considerados deben presentar documentos que demuestren dificultades financieras debido a la pandemia COVID-19 o que ya califican para el desempleo.

La paciencia deliberada del Congreso para reflexionar sobre qué beneficios minúsculos se extenderán para los trabajadores contrasta con la gran prisa con que se movió para aprobar una extensión de cinco semanas del Programa de Protección de Cheques (PPP) a fines de junio. La aprobación del proyecto de ley aseguró que aún se podía acceder a los más de $131 mil millones que quedaban en el programa, después de que las escuelas privadas subvencionadas, la Iglesia Católica y los multimillonarios se ayudaran a sí mismos.

El viernes, ante el comité para pequeñas empresas de la Cámara de Representantes, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, sugirió que el Gobierno “debería considerar perdonar todos los préstamos pequeños, pero necesitaría protección contra el fraude”. No aclaró lo que se considera un “préstamo pequeño” ni explicó qué tipo de “protección contra el fraude” limitada se implementaría.

Los comentarios de Mnuchin son una respuesta a una carta de una coalición de casi 150 grupos, compuestos principalmente por asociaciones comerciales, cámaras de comercio y bancos. El grupo, que afirma representar a “miles de pequeñas empresas, bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras”, solicitó que se perdonaran todos los préstamos de APP que sumen $150.000 o menos sin ninguna verificación de que los fondos se gastaron realmente para retener a los trabajadores.

La histórica catástrofe social, económica y médica continuará devastando a los Estados Unidos y a los países de todo el mundo mientras los parásitos financieros continúen dominando a la sociedad y usen la pandemia para redistribuir billones de dólares de abajo hacia arriba. Solo a través de la intervención política consciente de la clase trabajadora internacional en una lucha por implementar un programa socialista destinado a garantizar los intereses y la seguridad de la gran mayoría de la población, se podrá detener la crisis y salvar la vida de millones