Donald Trump puso en duda la legitimidad de las elecciones de noviembre ayer por la mañana, tuiteando que “será la elección más IMPRECISA Y FRAUDULENTA de la historia” debido a las decisiones de los estados de ampliar la votación por correo durante la pandemia de coronavirus. Como resultado, sugirió que se pospusiera la votación: “¿Que se retrase la elección hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura?”.

A las pocas horas del tuit de Trump, incluso aliados republicanos como el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (R-KY), Marco Rubio (R-FL) y Lindsey Graham (R-SC) rápidamente manifestaron su oposición a la sugerencia de Trump.

Una ley federal aprobada por el Congreso en 1845 requiere que se celebren elecciones generales el martes posterior al primer lunes de noviembre.

Ayer por la tarde, Trump repitió su declaración anterior, tuiteando: “¡Se deben conocer los resultados de las elecciones la noche de las elecciones, no días, meses o incluso años después!”.

Trump, que durante mucho tiempo ha amenazado con cuestionar el resultado de cualquier elección que pierda y permanecer en el cargo por varios períodos, se enfrenta a una campaña de reelección cada vez más difícil dada la caída de su tasa de aprobación. Esta semana, EE.UU. superó las 150,000 muertes por coronavirus, con California, Florida y varios estados más pequeños reportando sus cifras diarias más altos hasta la fecha. Se han eliminado decenas de millones de empleos y el Congreso ha dejado que expiren los beneficios federales adicionales por desempleo. Aunque quedan tres meses antes de la votación, algunas encuestas electorales nacionales recientes muestran que el apoyo a Trump está por debajo del 40 por ciento.

El período previo a las elecciones del 3 de noviembre y el período de 11 semanas entre las elecciones y la inauguración del 20 de enero amenazan con ser períodos de crisis política sin precedentes. Los militares, en preparación para la posibilidad de manifestaciones masivas, publicaron material de capacitación que se refiere a los manifestantes y periodistas como “adversarios”. Los documentos de entrenamiento, que por orden deben ser revisados por cada miembro de las fuerzas armadas, son una indicación de que el ejército se está preparando para nuevos despliegues para reprimir violentamente la oposición política.

El miércoles, el Departamento de Justicia desplegó docenas de agentes federales en Milwaukee, Wisconsin; Detroit, Michigan; y Cleveland, Ohio. Esto sigue al despliegue de fuerzas paramilitares en Portland, Oregón, que tomaron el control del centro de la ciudad y arrestaron a los manifestantes sin causa probable, arrojándolos a la parte trasera de automóviles particulares para interrogarlos en lugares no revelados.

En una conferencia de prensa ayer, Trump amenazó con desplegar la Guardia Nacional en Portland si la gobernadora demócrata del estado no toma medidas enérgicas contra lo que Trump llamó actividad “terrorista”.

El despliegue en Milwaukee, Detroit y Cleveland es significativo porque hace cuatro años la disminuida participación de los afroamericanos empobrecidos fue un factor importante en el estrecho margen de victoria de Trump en Wisconsin y Michigan, mientras que las encuestas en Ohio han demostrado que el estado está muy disputado este año.

Además de la posibilidad de incertidumbre, Wisconsin y Michigan tienen legislaturas estatales controladas por los republicanos y gobernadores demócratas, lo que significa que los esfuerzos para certificar los resultados de las elecciones en esos estados probablemente enfrentarán largas demoras en los tribunales y obstrucciones partidistas. Pensilvania y Carolina del Norte, dos estados decisivos con 20 y 15 votos electorales, respectivamente, también tienen el control dividido entre partidos.

Están surgiendo más detalles sobre los esfuerzos de los grupos bipartidistas de oficiales de inteligencia y militares retirados, funcionarios electos y figuras de los medios para “predecir” los posibles resultados de una elección disputada.

Según Rosa Brooks, directora del Proyecto de Integridad de la Transición, tres de cuatro escenarios posibles electorales resultarían en una crisis constitucional sin precedentes que coloca al país al borde de una guerra civil. En estos escenarios, tanto Biden como Trump afirman ser el presidente legítimo a las 12:00 PM del 20 de enero, el momento en que la Doceava Enmienda de la Constitución requiere que el poder pase de la Administración saliente a la entrante.

El 28 de julio, el Washington Post publicó un artículo titulado: “Mientras Trump se niega, se forma una pregunta inimaginable: ¿podría el presidente recurrir al ejército en una elección disputada?”.

El artículo hace la pregunta: “¿Cómo responderían las fuerzas armadas si fueran invocadas en una elección disputada?”. A la espera de varios desafíos legales sobre la certificación de votos en varios estados, el artículo señala la posibilidad de que las demandas pendientes signifiquen que el Congreso no podrá certificar a un ganador antes del 20 de enero.

El Post escribe: “Crucialmente, un resultado disputado que se prolongue más allá del 20 de enero obligaría a los militares a tomar una decisión implícita sobre quién es el comandante en jefe. De acuerdo con la Ley de Sucesión Presidencial de 1947, Trump dejaría de ser presidente el mediodía del 20 de enero si el Congreso no lo certifica como el ganador, pasando su autoridad como comandante en jefe del ejército al presidente en funciones, el presidente del Cámara de los Representantes”.

En un escenario pronosticado por los participantes del grupo, “la Casa Blanca podría pedirles a los militares que protejan al presidente o, más probablemente, que respondan a posibles protestas por motivos de 'ley y orden', posiblemente llevando al presidente a cumplir las amenazas anteriores de enviar tropas en servicio activo a ciudades estadounidenses o tomar el control de los miembros de la Guardia Nacional comandados por los estados”.

Ante órdenes contradictorias, los funcionarios que sigan las órdenes emitidas por el comandante en jefe equivocado estarían sujetos a arresto y enjuiciamiento por “no impedir los motines o la sedición”, lo que conlleva la pena de muerte, señala el Post .

No solo Trump puede apelar a los militares para que intervengan y determinen físicamente el resultado de las elecciones. A principios de este año, el presunto candidato demócrata Joe Biden advirtió que si Trump se negaba a desalojar la Casa Blanca, los militares “lo escoltarán fuera de la Casa Blanca con un gran despacho”.

De hecho, una participante en los pronósticos, la profesora de derecho de Marquette, Risa Brooks, le dijo al Post: “En muchos sentidos, parece que el ejército tendrá que pensar en su papel en la política interna de una manera que normalmente no lo hace”.

Además del aire de incertidumbre, la Constitución también ordena que el Congreso entrante elegido en noviembre se instale el 3 de enero, más de dos semanas antes de la toma de posesión del presidente. La mayoría de las encuestas muestran que los demócratas mantendrán el control sobre la cámara baja, lo que coloca a la presidenta demócrata actual, Nancy Pelosi (D-CA), en línea para servir como presidenta interina.

Pero si la elección se retrasara o si los desafíos legales produjeran suficientes vacantes en el Congreso para evitar que una Cámara de Representantes controlada por los demócratas elija a un presidente antes del 20 de enero, el presidente del Senado se convertirá en presidente interino. Esa posición la ocupa actualmente Chuck Grassley (R-IA), pero el control del Senado en las próximas elecciones es incierto. Si la elección produce un empate de 50-50 en el Senado, la Constitución no tiene respuesta para quién se convertiría en presidente provisional (y, por lo tanto, presidente interino), ya que no habría un vicepresidente electo para presidir un empate en el Senado.

Para agregar aún más confusión, si la elección se retrasara, solo 65 senadores permanecerían en el Senado (los que no están sujetos a elecciones este año), y la mayoría de los restantes serían demócratas. Además de la posibilidad de que los republicanos huyan de Washington para evitar que los demócratas establezcan un quórum, los gobernadores estatales también pueden decidir nombrar senadores para cubrir las 35 vacantes. Dado que los republicanos controlan la mayoría de las gobernaciones, la posición de presidente provisional del Senado, y por lo tanto de presidente interino del país, podría quedar en juego.

Con todo sujeto a impugnaciones legales, es posible que el 20 de enero nadie sepa quién es el presidente.

En estas condiciones de inmensa crisis política, los dos partidos principales hacen un llamamiento a los militares para que se conviertan en árbitros del poder estatal. Los expertos burgueses que están pronosticando la situación son conscientes de la posibilidad de que diferentes comandantes puedan obedecer las órdenes de diferentes comandantes en jefe y que es posible que se puedan desplegar diferentes unidades para enfrentarse entre sí, especialmente en el Distrito de Colombia, cuyo control es el más importante y donde el presidente manda a la Guardia Nacional.

En este contexto, un artículo de opinión del New York Times rápidamente olvidado, redactado por el exsenador Gary Hart (D-CO), adquiere una mayor importancia. En su artículo del 23 de julio, Hart dijo que él y el exsenador Walter Mondale (D-MN) “han llegado recientemente a conocer al menos un centenar de documentos que autorizan poderes presidenciales extraordinarios en el caso de una emergencia nacional, poderes virtualmente dictatoriales sin controles ni equilibrios del Congreso ni las cortes”.

Hart escribió: “Creemos que pueden incluir la suspensión del hábeas corpus, el espionaje, la intrusión en los hogares, arrestos sin una orden judicial, arrestos colectivos, si no masivos y más”.

Sin la intervención de la clase trabajadora, cualquiera que sea la facción de la clase dominante que prevalezca llevará a la élite política más hacia la derecha, inclinándose en los militares y arriesgando el establecimiento de una dictadura militar. En la carrera entre Biden y Trump, no hay una facción progresista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de julio de 2020)