El 20 de junio, el presidente Donald Trump presumió que les dijo a los oficiales de salud pública que redujeran el número de pruebas de COVID-19, la enfermedad de la que se han contagiado 5,2 millones de estadounidenses y ha matado a más de 166.000 este año. “Le dije a mi gente, ‘Bajen el ritmo de las pruebas’”, declaró Trump.

Tres días luego, Trump añadió: “Los casos están incrementando en EE.UU. porque estamos realizando muchas más pruebas… ¡Con menos pruebas, mostraríamos menos casos!”.

Los altos funcionarios de salud pública de EE.UU. intentaron restarle importancia inmediatamente a los comentarios de Trump, declarando que la política estadounidense era expandir, no disminuir, la cantidad de pruebas. Pero, sin una explicación seria del Gobierno, el número de pruebas siendo administradas a diario en Estados Unidos ha caído de manera significativa en las últimas dos semanas.

El 24 de julio, Estados Unidos realizó 926.876 pruebas, según el COVID Tracking Project. Pero esta cifra cayó a solo 668.546 pruebas el sábado pasado. El promedio de pruebas diarias administradas disminuyó de 809.000 en la semana que acabó el 26 de julio, a 712.112 la semana pasada, una caída del 12 por ciento.

Al mismo tiempo, las pruebas frecuentemente duran más de una semana para dar resultados, lo que las vuelve casi inútiles para rastrear y aislar a los contagiados antes de que la pandemia se propague más. Según los datos internos de Quest Diagnostics obtenidos por CNN, “el tiempo promedio total de entrega de resultados fue de 8,4 días”.

Los expertos de salud pública indican que el nivel de pruebas en EE.UU. es demasiado bajo para poder contener la enfermedad. Un análisis de Ashish Jha y su equipo en el Instituto de Salud Global de Harvard demostró recientemente que prevenir que aumenten los contagios nuevos diarios requeriría 1,2 millones de pruebas por día, produciendo los resultados a tiempo para responder a ellos.

Según Jha, se necesitarían 4,3 millones de pruebas diarias, según Jha, para suprimir realmente la pandemia. Esto es más que seis veces el nivel actual de pruebas y más de cuatro veces el objetivo proclamado por el Gobierno de Trump, que fue llegar a un millón de pruebas por día.

En medio de ste faltante masivo, los oficiales estadounidenses han admitido que priorizarán a “ciertas personas” en cuanto a pruebas. Particularmente, los ricos y conectados podrán hacerse pruebas y recibir los resultados dentro de un día, mientras que los resultados para los trabajadores ordinarios pueden durar hasta una semana o más, si los reciben del todo.

El financiamiento federal para pruebas y rastreo de contactos, las únicas medidas conocidas para contener la pandemia, es menor que el uno por ciento del gasto federal total en la respuesta pandémica. La vasta mayoría fue asignado al rescate de las principales corporaciones. A nivel nacional, tan solo hubo 28.000 rastreadores de contactos el mes pasado, menos del diez por ciento de la cifra que pidió el director de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, sigla en inglés), Tom Frieden.

Trump ha presumido que, “en los últimos siete días, los casos a nivel nacional han caído 14 por ciento”, pero esta disminución ha estado marcada por la caída en pruebas.

Más allá, el mes pasado, el Gobierno les ordenó a los hospitales soslayar a los CDC y enviar todos sus datos de COVID-19 a una base de datos centralizada en Washington, suscitando temores de que las cifras estén siendo manipuladas.

Ha habido abundantes discrepancias entre reportes de las estadísticas estatales. La semana pasada, el estado de California anunció que hasta 300.000 registros sanitarias, en su mayoría relacionados al COVID-19, no habían sido procesados, produciendo la renuncia del más alto funcionario sanitario del estado.

Para los trabajadores, no existe un testeo sistemático, incluso cuando son sometidos a condiciones inseguras en las fábricas. Los trabajadores automotores están siendo privados de información por parte de la gerencia sobre los brotes en las plantas. Los trabajadores que salen positivo simplemente “desaparecen” sin que les notifiquen nada a sus compañeros de trabajo. Una declaración de la Red de Comités de Seguridad de Base describe este desastre:

El trabajo se está convirtiendo en una política de terror diaria, En Ford Dearborn Truck en Michigan la semana pasada, dos personas se enfermaron y fueron llevadas lejos y la gente en la línea no sabía lo que estaba pasando. En la planta de Fiat Chrysler en Belvedere en Illinois, alguien dio positivo, y también fueron sacados de la línea por la gerencia.

En medio de una escasez nacional de pruebas, los oficiales de ambos partidos están presionando para que siga adelante la reapertura de escuelas, lo que prácticamente garantiza una mayor intensificación de la pandemia. Si bien Trump lidera esta campaña, cuenta con el apoyo de los gobernadores de ambos países. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, un demócrata, exigió este mes que las escuelas reabran por todo el estado.

El colapso del testeo en EE.UU. es parte de una política de “negligencia maligna”. Como escribió el World Socialist Web Site en marzo, el Gobierno estadounidense “tomó una decisión deliberada de minimizar su respuesta, para adoptar una actitud de indiferencia hacia la propagación del virus”.

Desde el principio, la élite política estadounidense percibió la pandemia como un problema económico, no sanitario. A fines de marzo, el Congreso aprobó de manera casi unánime la llamada Ley CARES, que dio luz verde a un rescate de Wall Street de varios billones de dólares por parte de la Reserva Federal.

No bien fue aprobado el proyecto de ley, la élite política estadounidense exigió que los trabajadores debían volver al trabajo, a pesar de que la pandemia arrasaba por los lugares de trabajo y EE.UU. no contaba con la infraestructura necesaria de pruebas y rastreo de contactos para contener la enfermedad. Como lo predijeron los expertos sanitarios, esto llevó a un importante resurgimiento de la pandemia.

Ahora, esta campaña está entrando en una nueva fase con la reapertura de escuelas, amenazando con desatar otra ola de contagios y poniendo en riesgo las vidas de miles de docentes, estudiantes y padres. Un epidemiólogo Michael T. Osterholm advirtió la semana pasada, “Los próximos seis meses podrían hacer tornar lo que hemos vivido hasta ahora en apenas un calentamiento hacia una catástrofe mayor. Con el inicio en muchas escuelas y universidades, la reapertura de tiendas y negocios y el comienzo de la temporada de calefacción interior, los casos nuevos aumentarán”.

Los expertos de salud pública serios están de acuerdo de forma unánime sobre cómo detener la pandemia: los negocios no esenciales deben cerrar, las pruebas y el rastreo de contactos deben multiplicarse masivamente y los trabajadores necesitan los recursos económicos para permanecer lejos de los lugares de trabajo.

Pero todas estas demandas básicas de salud pública son contrarias a las prerrogativas de la clase gobernante, cuyo único interés es hacer que los trabajadores vuelvan a las fábricas y centros laborales. Si fallecen, pueden ser reemplazados por otros desesperados por trabajar. La clase capitalista y los políticos, la prensa y la policía que la defienden despiadadamente las ganancias por encima de las vidas humanas.

Es necesario recuperar los billones de dólares que fueron transferidos a los superricos y estos recursos se deben disponer para realizar pruebas y rastreo de contactos a escala masiva, para proteger a los doctores y enfermeros mientras cuidan de los enfermos y asistir a todos los que se vean obligados a aislarse y permanecer en cuarentena. Las fábricas se deben movilizar para producir los materiales médicos necesarios como parte de un programa socialista más amplio para satisfacer las necesidades esenciales del pueblo obrero, de salud, vivienda, educación y empleo.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de agosto de 2020)