Un juez federal ordenó una segunda investigación sobre el Centro de Detención de Farmville después que un equipo de 10 científicos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitió un informe el viernes, detallando numerosas prácticas administrativas y de personal en curso —que están facilitando la propagación de COVID-19— dentro de esta prisión de gestión privada y en las comunidades cercanas.
La prisión tiene el peor brote de coronavirus que en otro cualquier centro de detención de inmigrantes en el país, con 290 de los 312 presos dando positivo, junto con 27 miembros del personal. El 5 de agosto, un recluso canadiense, James Thomas Hill, murió a causa del virus después de haber sido trasladado a un hospital cercano con problemas respiratorios varias semanas antes.
Según el informe de los CDC, los empleados no están usando equipo de protección personal (EPP) esencial, como máscaras. Los guardias se han presentado a trabajar después de mostrar síntomas del virus, y los presos y empleados no pudieron practicar el distanciamiento social cuando no estaban aislados en sus celdas. Las cafeterías, los pasillos, las salas de espera, las áreas para dormir y las salas de descanso, son espacios estrechos y aislados. Los asientos y las literas de los reclusos están atornillados al suelo, lo cual hace imposible el distanciamiento social.
Según la demanda presentada por los actuales reclusos, el brote en Farmville comenzó cuando varias decenas de detenidos fueron enviados a la instalación en junio y julio desde las cárceles de Arizona y Florida, dos centros de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. La jueza Leonie Brinkema ordenó la investigación después de haber previamente impedido más traslados a la prisión.
La orden, y la demanda que la desencadenó —se producen después de meses de evasión por parte de los Centros de Inmigración de América (ICA)— que es contratista federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La prisión ha bloqueado cualquier intento de supervisión independiente e incluso rechazó las ofertas de asistencia gratuita del Departamento de Salud de Virginia para controlar la propagación del coronavirus.
El gobernador Ralph Northam, un demócrata, negó por su parte cualquier capacidad para intervenir directamente, haciendo afirmaciones legalmente dudosas indicando que el estado no tiene autoridad sobre su propio territorio cuando se trata de un negocio —en este caso la prisión propiedad de la organización con fines de lucro, ICA— operado bajo un contrato federal.
A pesar de los atroces hallazgos de la agencia, los cuales no se han hecho públicos, los CDC no recomendaron ningún cambio importante para detener el flujo del virus entre los reclusos, los guardias y la comunidad circundante. Al Dr. Homer Venters, un experto en salud pública contratado por los abogados de los demandantes, se le permitió escuchar el informe oral del equipo y testificó en documentos judiciales que los CDC determinaron que “la mayor parte” de la prisión cumplía con sus pautas.
Esto fue tomado por ICA en su propio expediente judicial. Jeffrey Crawford, director de los Centros de Inmigración de America-Farmville, declaró que “ICA Farmville cumplió en gran medida con las recomendaciones de los CDC, con solo algunas recomendaciones operativas menores ofrecidas en ese momento, todas las cuales tengo la intención de implementar en la instalación”. En una reunión del ayuntamiento de Farmville la semana anterior, Crawford dijo que “entendemos que las historias se ven terribles”.
La laxa actitud de Crawford e ICA hacia la salud y la seguridad fue denunciada por miembros del público en la reunión del consejo municipal, y un concejal de la ciudad declaró: “Podríamos haber tenido muertes masivas (en la comunidad) debido a eso. Y está sentado aquí hablando de todo lo que ha hecho y ‘Oh, no se preocupen’. Es un gran problema”.
Entre las políticas más criminales de ICA e ICE está su práctica de “poner en cuarentena” a sus detenidos en las cárceles locales al momento de su transferencia, en lugar de hacerlo en sus propios centros, lo cual aumenta la probabilidad de que se produzcan brotes en toda la comunidad.
La jueza Brinkema estaba lejos de estar satisfecha con la conclusión de los CDC y ordenó que se realizara una segunda investigación, sin especificar en qué se diferenciará el mandato de la nueva investigación del que acaba de concluir. Al final de su audiencia del lunes declaró: “Esto no es ciencia espacial. Me sorprende que esto no se hubiera hecho en una instalación que, debido a la gran población de reclusos, debería haber sido notificada con claridad que es necesario distanciar a las personas para evitar la propagación del virus. El hecho que no todos los empleados usen máscara o PPE correctamente, es muy problemático”.
De hecho, el abuso de inmigrantes en el centro de detención —y la falta de voluntad del estado de Virginia controlado por el Partido Demócrata para oponerse de manera significativa a las prácticas extraordinariamente imprudentes de los ICA —muestran plenamente la actitud de general indiferencia que la clase dominante en Estados Unidos ha adoptado frente a la amenaza que representa la pandemia de COVID-19 para la población, tanto americana como inmigrante.
El presidente republicano Donald Trump, hablando en un mitin de campaña en Arizona el martes, repitió los temas fascistas que sus oponentes demócratas buscarían para “abolir las fronteras de Estados Unidos”. De hecho, como se desprende del trato que reciben los detenidos en Farmville, Trump y sus agentes fronterizos en ICE y el Departamento de Seguridad Nacional en su conjunto, no están preocupados en lo más mínimo por proteger a la población de la propagación del COVID-19. De hecho, son los centros de detención estadounidenses, a menudo administrados por corporaciones con fines de lucro como ICA, los que se han convertido en los principales vectores de la enfermedad, tanto para inmigrantes como para los ciudadanos estadounidenses.
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(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de agosto de 2020)