Aviones de guerra israelíes bombardearon la asediada Franja de Gaza por octava noche consecutiva el martes en respuesta al lanzamiento de docenas de globos y cohetes incendiarios al sur de Israel por militantes palestinos.

Los ataques aéreos y los aviones no tripulados se produjeron cuando Israel amenazó a Hamás, el grupo islamista que gobierna el enclave palestino asediado, de que se arriesgaba a una "guerra" si no detenía los globos. Los globos han causado pequeños incendios, ninguna baja y casi ningún daño.

Los ataques aéreos israelíes, que según fuentes militares tenían como blanco "una base militar, infraestructura subterránea y puestos de observación pertenecientes al grupo terrorista Hamas", incluían puestos de observación de Hamas cerca de los campamentos de refugiados de al-Maghazi y al-Bureij y la ciudad meridional de Khan Younis.

También atacaron una escuela primaria administrada por las Naciones Unidas en el campamento de refugiados de al-Shati en la ciudad de Gaza, donde había unos 1.000 niños. No se informó de que hubiera víctimas.

El 18 de agosto, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu insistió en que su gobierno no haría distinción entre los cohetes y los ataques incendiarios aéreos con globos, advirtiendo que "podría haber otra gran llamarada".

Benny Gantz, ministro de defensa y viceprimer ministro de Israel, advirtió: "Hamás está jugando con fuego, y me aseguraré de que se vuelva contra ellos".

El martes, el presidente Reuven Rivlin, en una visita al sur de Israel para hablar con los bomberos, dijo: "El terrorismo que utiliza cometas y globos incendiarios es un terrorismo como cualquier otro". Añadió: "Hamás debe saber que esto no es un juego. Llegará el momento en que tengan que decidir... ...si quieren guerra, tendrán guerra".

Los políticos de Israel se preparan para la guerra en el enclave palestino asediado, incluso mientras suben la apuesta contra Hezbolá en Líbano tras la devastadora explosión del puerto de Beirut, y contra su principal objetivo, Irán, amenazando con una conflagración más amplia.

Los continuos estallidos de violencia son el subproducto inevitable del asedio israelí de 13 años de duración a Gaza, que ha convertido el enclave en una prisión al aire libre para sus dos millones de habitantes.

El asedio —asistido e instigado por Egipto y la Autoridad Palestina— ha devastado la economía de Gaza, limitando la entrada de alimentos, productos farmacéuticos y productos básicos, así como el acceso a los servicios básicos. También se ha bloqueado el flujo de materiales de construcción necesarios para reconstruir la infraestructura de Gaza, gran parte de la cual fue dañada o destruida en los asaltos asesinos de Israel en 2008-09, 2012 y 2014.

Las condiciones de vida en Gaza son atroces. La mitad de la población está desempleada y la pobreza es endémica. Un informe de las Naciones Unidas de 2012 predijo que Gaza se volvería inhabitable en 2020, dado el extremo hacinamiento, el colapso de la infraestructura, la falta de electricidad y agua, y las malas condiciones sanitarias. Gaza necesitaba 1.000 médicos más. Las condiciones se han deteriorado aún más después de que Washington cortó toda la ayuda de EE.UU. a los palestinos a través de su financiación de la Agencia de las Naciones Unidas para la Rehabilitación y el Socorro (UNRRA, sigla inglesa).

En enero, el grupo de derechos israelí B'Tselem describió la crisis sanitaria sin precedentes en Gaza, ya que sus hospitales, que apenas funcionan, tratan de hacer frente a las horribles heridas y amputaciones infligidas a los palestinos por las fuerzas armadas de Israel durante la "Gran Marcha de Regreso" semanal que comenzó hace dos años.

Hasta ahora, Gaza se ha librado de lo peor de la pandemia de COVID-19, habiendo comunicado 81 casos y una muerte, sin que ninguno se deba a la transmisión comunitaria, gracias a su aislamiento. Pero el aislamiento ha exacerbado las dificultades económicas y el sufrimiento.

El 80 por ciento de los habitantes de Gaza ya depende de la ayuda humanitaria, y el Banco Mundial espera que la pobreza en Gaza aumente del 53 al 64 por ciento debido a los recortes en los salarios del sector público en los Territorios Palestinos y al impacto de las restricciones del bloqueo.

Israel ha rechazado numerosos llamamientos internacionales, entre ellos los de Nickolay Mladenov, coordinador especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en el Oriente Medio, una delegación del Parlamento Europeo y el juez del Tribunal Supremo israelí Elyakim Rubenstein, para que alivie el bloqueo a causa de la pandemia.

Michael Lynk, relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos en los territorios palestinos, subrayó: "El deber legal, anclado en el artículo 56 del Cuarto Convenio de Ginebra, exige que Israel, la potencia ocupante, garantice que se utilicen todos los medios preventivos necesarios de que dispone para 'combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemias'".

Sin futuro en Gaza, en particular para sus jóvenes graduados, el 32 por ciento de los palestinos dijeron que quieren emigrar debido a la situación económica, política y social, según una encuesta reciente.

La reciente escalada de ataques con cohetes y globos incendiarios se produjo a raíz de las acusaciones de Hamas de que Israel no había aplicado un acuerdo alcanzado en octubre de 2018. El acuerdo tenía por objeto aliviar el bloqueo y estipulaba el establecimiento de dos zonas industriales al este de la ciudad de Gaza para crear puestos de trabajo para decenas de miles de palestinos desempleados. El acuerdo también incluía proyectos de electricidad y agua, así como proyectos destinados a aumentar el volumen de las importaciones y exportaciones de Gaza.

El 12 de agosto, Gantz detuvo las transferencias de combustible a Gaza, restringió su zona de pesca a ocho millas náuticas a partir de las 15, y detuvo toda transferencia de bienes a través del cruce terrestre de Erez. Esto ha obligado a la única central eléctrica de Gaza a dejar de producir electricidad, reduciendo el ya escaso suministro de energía diaria de 8 a 12 horas de los palestinos a sólo 3 o 4 horas, en medio del intenso calor del verano. La única fuente de electricidad que queda en Gaza es la suministrada directamente por Israel. Egipto dejó de suministrar electricidad en febrero.

El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que esto crearía problemas para los limitados y mal equipados hospitales de Gaza y el acceso al suministro de agua potable. La Red Neonatal de Gaza dijo que los frecuentes cortes de electricidad amenazaban la vida de más de 100 recién nacidos que actualmente se encuentran en incubadoras de cuidados intensivos.

El último ataque a Gaza ha sido impulsado por la prolongada crisis política en Israel, donde la fraccionada coalición del bloque de extrema derecha Likud de Netanyahu y el partido Azul y Blanco de Gantz, formado tras tres elecciones no concluyentes en un año, podría estallar. Esto podría preparar el escenario para nuevas elecciones si el Knesset no logra acordar un presupuesto de dos años para el lunes.

Hay una creciente oposición dentro del país a las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19, que ha visto aumentar el desempleo al 21 por ciento, el fracaso del gobierno en proveer de EPP a sus enfermeras y trabajadores médicos y sociales —que han hecho huelga en apoyo de sus demandas— y la reapertura de escuelas que ha llevado a un aumento de las infecciones. Entre las economías avanzadas más desiguales económicamente del mundo, Israel tiene una de las tasas de pobreza más altas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

Para Netanyahu, que se enfrenta a protestas semanales en las que se le pide que renuncie tras su acusación de soborno, corrupción y abuso de confianza en tres casos distintos, una guerra sería un mecanismo conveniente para desviar hacia el exterior las inmensas tensiones sociales.

Los ataques aéreos se producen tras el acuerdo negociado por los Estados Unidos entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, destinado a consolidar una alianza con los Estados árabes suníes contra Irán. Hamas, junto con Hezbolá en el Líbano, se presenta rutinariamente como parte de la "presencia desestabilizadora" de Irán en la región.

En medio de las demandas orquestadas para que Hezbolá sea removido de su rol de gobierno--basado en culpar al grupo chiíta por la explosión que devastó Beirut--Israel, respaldado por los Estados Unidos, está exigiendo que el mandato de la UNIFIL, la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano, sea cambiado o terminado en una próxima votación del Consejo de Seguridad de la ONU el 31 de agosto. Washington sostiene que debe impedir que Hezbolá viole la Resolución 1701 de la ONU al atacar a Israel o que ceda el paso a otra fuerza de policía militar. Eugene Kontorovich, director de derecho internacional del Foro Político Kohelet con sede en Jerusalén, dijo a la agencia alemana Algemeiner que la UNIFIL "sirve como escudo humano de facto de Hezbolá, limitando la libertad [de las Fuerzas de Defensa de Israel] para maniobrar en un conflicto potencial".

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de abril de 2020)