El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el miércoles una nueva ronda de sanciones, dirigidas personalmente a la fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por atreverse a proceder con una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por fuerzas militares y agentes de inteligencia estadounidenses en Afganistán y otros lugares en la "guerra contra el terrorismo".
Las sanciones, que son típicamente reservadas para presuntos terroristas o narcotraficantes, también se están imponiendo contra Phakiso Mochochoko, jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la CPI y asistente principal del fiscal.
Después de años de bloquear la acusación, con el argumento de que la persecución del caso sería infructuosa debido a la negativa de Washington y su régimen títere en Kabul a cooperar, un panel de jueces de la CPI dictaminó en marzo que Bensouda podría continuar con la investigación.
La administración Trump respondió en junio con una orden ejecutiva que imponía sanciones punitivas, incluida la congelación de activos y la imposición de restricciones de viaje, no solo contra Bensouda y otros funcionarios de la CPI, sino también contra sus familiares.
Pompeo no dio ninguna razón para esta última escalada de ataques contra la corte, fuera de la acusación de que "continúan apuntando a los estadounidenses".
El secretario de Estado de EE. UU., Que actúa como el principal matón de Washington en todas esas amenazas contra instituciones internacionales y rivales de EE. UU., Advirtió que "las personas y entidades que continúan apoyando materialmente a esas personas también corren el riesgo de exponerse a sanciones". Esta amenaza potencialmente penalizaría a cualquiera que recurra a la CPI por crímenes de guerra y abusos de los derechos humanos, o cualquiera que apoye el enjuiciamiento de tales crímenes, en cualquier país del mundo.
Washington ha tratado a la CPI con abierta hostilidad desde su fundación en 2002. No solo se negó a reconocer la jurisdicción de la corte, sino que la amenazó directamente con tomar represalias contra cualquier intento de responsabilizar a funcionarios o personal estadounidenses por los actos criminales de militarismo que han matado y mutilado millones en Oriente Medio durante las últimas tres décadas.
Con un abrumador apoyo bipartidista, el Congreso aprobó una legislación en 2002 cínicamente referida en los círculos de Washington como la “ley de invasión de La Haya”, nombrada así por la ciudad holandesa donde tiene su sede la CPI. Autorizó el uso de la fuerza militar para liberar a cualquier ciudadano estadounidense o ciudadano de un país aliado de los Estados Unidos detenido por el tribunal para ser juzgado.
En una entrevista de Fox News el miércoles por la noche, Pompeo describió a la CPI como "un grupo de piratas políticos en La Haya, un lugar que amenaza a nuestros niños que sirvieron en Afganistán, nuestros hombres y mujeres jóvenes que sirvieron y lucharon allí". Dijo que Washington no permitiría que "un tribunal deshonesto con abogados francamente corruptos y políticos" procese a los estadounidenses que participan en la lucha de Estados Unidos por la libertad en Afganistán".
Esta "lucha por la libertad en Afganistán" se ha cobrado directamente la vida de al menos 175.000 afganos y ha provocado muchas más muertes indirectas, dejando a muchos más mutilados y desplazando a millones. La sucia guerra de estilo colonial de dos décadas ha sido testigo de bombardeos indiscriminados de Estados Unidos, redadas nocturnas de los escuadrones de la muerte y la brutalidad desenfrenada expuesta en las operaciones del llamado Kill Team que opera en la Quinta Brigada Stryker del Ejército de EE. UU., asesinando sistemáticamente a civiles y mutilando sus cuerpos, tomando dedos y partes de sus cráneos como "trofeos".
Entre los cargos que están siendo investigados por los fiscales de la CPI relacionados con esta "lucha por la libertad" se encuentran los basados en pruebas de que el personal estadounidense "cometió actos de tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violación y violencia sexual" contra detenidos en Afganistán.
El tribunal ha dictaminado que el nexo de estas pruebas permite al fiscal presentar cargos similares relacionados con los "sitios negros" de Estados Unidos donde los detenidos fueron torturados y asesinados, incluso en Polonia, Rumania y Lituania. También podría extenderse al infame centro de tortura estadounidense en Abu Ghraib, Irak, donde los torturadores militares estadounidenses fueron reasignados después de operar en Afganistán.
Si bien Estados Unidos no reconoce a la corte, Afganistán lo hizo formalmente, otorgando a la CPI jurisdicción para investigar crímenes cometidos en su territorio, incluso por ciudadanos de otros países.
Pese a todas las fanfarronadas de Pompeo sobre la protección de "nuestros niños", la verdadera preocupación de Washington es que la investigación de la CPI implicará a funcionarios de los más altos niveles del gobierno, dada la participación de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa en la autorización de crímenes de guerra estadounidenses. en Afganistán bajo las presidencias de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. Nunca nadie ha sido responsabilizado por estos crímenes.
El régimen títere de Estados Unidos en Afganistán también ha tratado de bloquear el enjuiciamiento de la CPI, alegando que está llevando a cabo sus propias investigaciones de crímenes de guerra. Esto es absurdo a primera vista, ya que otorgó una amnistía general a sus propios criminales de guerra y firmó un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas con el gobierno de los Estados Unidos que evita cualquier enjuiciamiento de los crímenes cometidos por las fuerzas de ocupación estadounidenses. Washington ha exigido garantías similares a los gobiernos de todo el mundo donde se despliegan las tropas estadounidenses.
La última ronda de sanciones contra la fiscal de la CPI y su asistente provocó una fuerte reprimenda de la Corte, que calificó la acción como "sin precedentes". En un comunicado, la CPI dijo que representan "ataques graves" al estado de derecho y "otro intento de interferir con la independencia judicial y procesal de la Corte y su labor crucial para abordar los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional".
La Unión Europea también condenó la acción como un intento "de socavar el sistema internacional de justicia penal al obstaculizar el trabajo de sus instituciones centrales". Peter Stano, portavoz del jefe diplomático de la UE, Josep Borrell, dijo a los medios: "Estamos al lado de la CPI y no estamos contentos de ver medidas que vayan en contra de las actividades de la CPI".
Incluso el aliado europeo más cercano de Washington, el gobierno británico del primer ministro Boris Johnson, se sintió obligado a emitir una tibia crítica, y un portavoz dijo: “El Reino Unido lamenta las medidas tomadas por Estados Unidos contra los empleados de la ICC. Estos funcionarios deben poder realizar su trabajo de manera independiente e imparcial, sin temor a ser sancionados”. El propio Londres podría enfrentar cargos ante la CPI por crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas en Irak.
Hasta ahora, la Corte Penal Internacional ha limitado sus investigaciones en gran parte a África, que representa prácticamente a todos los acusados o arrestados por la corte desde su fundación hace casi dos décadas.
El hecho de que Estados Unidos ahora se enfrente a la posibilidad de ser arrastrado ante el banquillo de los acusados ha enfurecido no solo a la administración Trump, sino al sistema gobernante estadounidense en su conjunto. Washington ha dejado en claro en repetidas ocasiones que su agresión militarista en el Medio Oriente y en otros lugares no estará sujeta a las Convenciones de Ginebra ni a ninguna otra forma de derecho internacional contra los crímenes de guerra.
La feroz respuesta a la investigación de la CPI es una expresión de la creciente búsqueda de Washington de sus objetivos depredadores por medio de la fuerza militar unilateral, incluso contra sus supuestos rivales de "gran potencia". La crisis cada vez más profunda del capitalismo estadounidense solo lo ha hecho más dependiente de los crímenes de guerra para defender sus intereses contra amenazas tanto en el país como en el extranjero.
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[11 diciembre 2019]
(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de septiembre de 2020)