A medida que se acercan las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela, la Administración Trump está intensificando sus amenazas de agresión militar para derrocar al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Este peligro se ha incrementado por la profundización de la crisis política interna en los EE.UU. previo a las elecciones presidenciales de noviembre. Mientras tanto, los gestos de Maduro en busca de un acercamiento a Washington y a la derecha venezolana no han hecho más que envalentonar al imperialismo.

Las divisiones en el seno de la oposición de derecha apoyada por los Estados Unidos, por otra parte, solo han vuelto la situación aún más explosiva. Juan Guaidó –reconocido como el “presidente interino” por Washington, la Unión Europea y sus aliados— podría perder el control de su principal plataforma política, la Asamblea Nacional, después de las elecciones de diciembre.

Mientras Guaidó boicoteará las elecciones, Maduro ha aumentó la apuesta al anunciar que la Asamblea Nacional Constituyente controlada por el PSUV —creada en 2017 para maginar a la Asamblea Nacional controlada por la oposición— dejará de funcionar el próximo año.

Exasperada por el fracaso de Guaidó en instigar un derrocamiento militar de Maduro, y asustada por la creciente oposición masiva desde abajo, la coalición de Guaidó se está desmoronando. El fin de semana pasado, la excandidata a la vicepresidencia María Corina Machado rompió con Guaidó por haber negociado con el Gobierno de Maduro y no haber buscado “una unidad para derrocar a Maduro y su régimen en el menor tiempo posible a través de una operación nacional e internacional”. Machado ha sido por mucho tiempo una criatura del aparato de inteligencia de EE.UU. y una defensora de una invasión militar de EE.UU.

Luego, el miércoles, el excandidato presidencial Henrique Capriles anunció que su partido Primero Justicia, uno de los tres partidos principales de la oposición, participará en las elecciones legislativas, declarando: “No vamos a regalar a Maduro la Asamblea Nacional”.

Se cree que Capriles negoció el indulto a 110 figuras de la oposición, algunas en prisión y otras en el exilio. Esto siguió a un indulto inicial del legislador Juan Requesens, acusado de participar en un fallido intento de asesinato con drones contra Maduro en agosto de 2018.

Otra figura indultada fue Freddy Guevara, un político de la oposición al que se le concedió asilo en la Embajada chilena en noviembre de 2017, poco después de que proclamara el objetivo de “lo que se enfrentó a Allende y la reconstrucción de Chile que vino después”, es decir, un golpe orquestado por la CIA para asesinar a Maduro e instalar una dictadura militar fascista basada en la de Augusto Pinochet.

La mayoría de los medios de comunicación afirman que estos indultos no son más que una apelación a los sectores de la oposición para que participen en las elecciones de diciembre y así socavar los esfuerzos de Washington por deslegitimarla. Sin embargo, esto supone que Maduro es un enemigo implacable del imperialismo estadounidense.

Por el contrario, el Gobierno de Maduro, como representante de un sector de la burguesía venezolana, que es totalmente dependiente de los mercados y el capital de EE.UU. y Europa, ha buscado repetidamente un acuerdo. A principios de este año, Maduro dijo al Washington Post que “una bonanza podría estarles esperando a las compañías petroleras estadounidense” si Trump levantaba las sanciones y reconocía su Gobierno.

Maduro —y Hugo Chávez antes que él— representan a una facción de la élite gobernante que espera utilizar su supresión de la lucha de clases y sus estrechos lazos económicos con otras economías importantes como Rusia, China e Irán, con el fin de obtener concesiones del capital estadounidense y europeo.

Los indultos constituyen la última rama de olivo extendida por Maduro a Washington a medida que crece la desesperación en Caracas por la profundización de la crisis económica y social, empeorada por las sanciones petroleras de EE.UU. y la pandemia de COVID-19.

El virus se está extendiendo fuera de control por toda Venezuela. El Gobierno está reportando una “transmisión comunitaria” generalizada y más de 1.000 nuevos casos diarios, alcanzando un total de 48.883 infecciones. El Gobierno ha reconocido 398 muertes por COVID-19, mientras que fuentes vinculadas a Guaidó afirman que el número de muertos es de 778.

El sistema de salud ya estaba colapsado antes de la pandemia. Las sanciones de EE.UU. habían privado a Venezuela de los dólares necesarios para las importaciones esenciales como medicinas y equipos médicos, sumándose a años de austeridad social por parte del Gobierno de Maduro y a la migración de una mayoría de doctores, según las asociaciones médicas.

En respuesta a las crecientes tensiones de clases, Caracas ha recurrido cada vez más a la represión brutal y a los ataques contra los derechos democráticos para sofocar la oposición de la clase obrera.

Las operaciones represivas en las que participan agentes de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) fueron confirmadas por el propio fiscal general Tarek William Saab cuando presentó cargos contra dos oficiales de las FAES por el asesinato de dos periodistas durante una redada en una estación local de Guacamaya TV en el estado de Zulia. Aunque Saab trató de presentar a los asesinos como corrompidos e “infiltrados”, hay muchos otros informes de ejecuciones extrajudiciales de periodistas, así como de manifestantes en barrios pobres.

Sin embargo, todas las apelaciones a Washington solo han resultado en preparativos más agresivos e intentos reales de derrocar a Maduro mediante una intervención militar. La crisis de la pandemia no ha hecho sino aumentar la preocupación de los Estados Unidos de que sus rivales geopolíticos, principalmente China, estén aumentando su influencia en América Latina a expensas del imperialismo estadounidense.

El Pentágono está presidiendo actualmente el mayor despliegue militar estadounidense en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989, enviando docenas de buques de guerra, helicópteros, aviones de patrulla y miles de tropas al Caribe en una supuesta misión “antidrogas” después de afirmar falsamente que Venezuela era el principal culpable del flujo de narcóticos hacia los Estados Unidos.

El 28 de agosto, el contraalmirante Andrew Tiongson, director de operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo en una conferencia de prensa que el despliegue en el Caribe busca oponerse a “los oportunistas criminales que no tienen ningún respeto por la vida humana y que intentan sacar provecho de su comercio venenoso e ilícito”. Esto es una tontería. El grueso del tráfico de drogas de América Latina a los EE.UU. pasa por los territorios de Colombia y Centroamérica, gobernados por derechistas alineados con Washington.

Tiongson añadió entonces crípticamente: “Y nosotros, y también solo tenemos, queremos siempre apoyar lo que el pueblo venezolano necesita, que es su derecho a su gobierno democrático a ser instalado. Por lo tanto, estamos observando eso de cerca y, de nuevo, eso es parte de nuestra lucha, por así decirlo”.

El 17 de agosto, el presidente colombiano Iván Duque, el aliado más cercano de Trump en la región, anunció junto con el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Robert O'Brien, y el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, una iniciativa de $5 mil millones denominada “Colombia Crece”, centrada en la oposición al “narcotráfico”. Duque, cuyo Gobierno se enfrenta a una profunda crisis política, se refirió específicamente “al fin de la usurpación del poder en Venezuela”.

Desde el anuncio, Duque se ha impuesto ante la oposición en la Corte Constitucional y el Congreso de Colombia para autorizar la presencia de tropas estadounidenses en el país, a lo que fue seguido por el regreso de un equipo de las Brigadas de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos.

El Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, para apoyar la guerra de la élite gobernante colombiana contra los campesinos, las guerrillas y, supuestamente, los cárteles de droga, ha dado lugar a un dramático aumento del tráfico de cocaína, a más de 7 millones de personas desplazadas internamente, a innumerables masacres por parte de las fuerzas militares y paramilitares, y a un estimado de 8 millones de hectáreas de tierras robadas a los campesinos y concentradas en manos de los terratenientes que constituyen una importante base de apoyo del Gobierno de Duque.

Entre otras señales ominosas de una intervención extranjera, el almirante Remigio Ceballos, comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, declaró el 22 de agosto, que “Los organismos internacionales de inteligencia aliados con Venezuela nos han informado que Colombia está preparando una agresión”. Luego, La Política Online indicó que fuentes militares mexicanas han sugerido que las 9.500 tropas de EE.UU. que dejaron Alemania serán utilizadas para operaciones en América Latina.

El apoyo a una agresión de EE.UU. contra Venezuela es bipartidista. En una audiencia del 27 de julio el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo declaró que “Nuestra política no es negociar nada más que la salida [de Maduro]”. El demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, respondió: “Existe un apoyo bipartidista para la política hacia Venezuela, pero su enfoque ha dejado a millones de venezolanos sufriendo”.

Si acaso, los demócratas exigen una confrontación más agresiva a nivel mundial contra Rusia y China. El miércoles, el candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, dijo a la NBC que “Cuba, junto con Rusia y China, también ha contribuido al estancamiento político en Venezuela. ¿Qué está haciendo el presidente?”. Añadió: “Nicolás Maduro se ha fortalecido... El país no está más cerca de elecciones libres”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de septiembre de 2020)

El autor también recomienda:

“La bahía de Cochinos” de Trump en Venezuela
[8 mayo 2020]