La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) ha revelado que 545 niños que fueron separados de sus familias hace tres años bajo la brutal política de “tolerancia cero” de la Administración de Trump aún no se han reunido con sus padres. En una presentación judicial ayer, la ACLU dijo que, en su prisa por llevar a cabo la política, el Gobierno había deportado a dos tercios de los padres a sus países de origen sin mantener ningún registro adecuado. Esta negligencia criminal ha dificultado excepcionalmente la tarea de reunir a estas familias, especialmente durante la pandemia de coronavirus.

Es difícil exagerar la inhumanidad pura de todo el proceso. La política de “tolerancia cero” de la Administración de Trump exigía el enjuiciamiento penal de todos los inmigrantes indocumentados, independientemente de las condiciones que los llevaron a cruzar la frontera de Estados Unidos, lo que en la práctica significó destrozar familias.

Cuando estuvo en vigor oficialmente entre los meses de mayo y junio de 2018, la política vio a los niños, independientemente de su edad, separados de sus padres y puestos bajo el dudoso cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Luego, el HHS envió a los niños a 100 centros de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) por todo el país o hizo otros arreglos de “cuidado”.

A principios de junio de 2018, comenzaron a llegar informes sobre la terrible realidad de las separaciones familiares en la frontera. El Washington Post informó sobre el suicidio de un inmigrante hondureño en una cárcel de Texas, que había sufrido un colapso mental después de ser arrastrado lejos de su esposa e hijo. CNN informó que las autoridades federales arrancaron a una pequeña hija de su madre hondureña mientras era amamantada en un centro de detención en McAllen, Texas. Sin embargo, estas historias palidecen en comparación con las condiciones que enfrentan los propios niños detenidos.

Periodistas y defensores de los derechos humanos que visitaron un almacén en McAllen, Texas, a fines de junio de 2018, describieron a cientos de niños encerrados en jaulas hechas con cercas de alambre. El Associated Press informó que las luces en el espacio se mantenían encendida las 24 horas, los niños dormían bajo “grandes sábanas de aluminio”, no tenían libros ni juguetes y que los mayores se veían obligados a cuidar a los más pequeños entre ellos, incluso a cambiar pañales sucios.

En un clip de audio de uno de esos centros de “atención” que se volvió viral después de ser publicado por ProPublica, uno puede escuchar a los niños llorando y gritando “Mami”, “Papá” y “Papi” una y otra vez, mientras un guardia bromea: “Bueno, aquí tenemos una orquesta. Lo que falta es un director”.

La indignación pública y las protestas masivas en todo el país tras estas revelaciones obligaron a la Administración de Trump a renunciar oficialmente a la política a través de una orden ejecutiva el 20 de junio de 2018, excepto cuando “existía la preocupación de que los padres pudieran poner en peligro al niño”. Seis días después, la jueza Dana Sabraw emitió una orden judicial a nivel nacional contra las separaciones familiares. Sin embargo, como han demostrado las revelaciones recientes, la política no solo ha continuado bajo el radar, sino que de hecho ha estado en funcionamiento durante mucho más tiempo del que se había reconocido públicamente.

A principios de este mes, el New York Times informó de la existencia de un programa piloto en la frontera de Texas con México que puso en práctica las separaciones familiares un año antes de la “tolerancia cero” con la participación activa de funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ), especialmente el entonces fiscal general Jeff Sessions. Sessions había negado la existencia de un programa de este tipo, y tan tarde como junio de 2018, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, tuiteó: “No tenemos una política de separación de familias en la frontera. Punto.”

La cobardía y duplicidad absolutas de los funcionarios de la Administración de Trump, si bien no son sorprendentes, siguen siendo dignas de mención, dado que los blancos de estas políticas eran niños, cientos de ellos menores de cuatro años. El hecho de que los niños permanezcan separados de sus padres años después de que la política de la Administración de Trump fuera legalmente revocada refleja la flagrante inhumanidad subyacente de las medidas antiinmigrantes impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos.

En julio de 2018, los padres inmigrantes tuvieron la opción de ser deportados de regreso a sus países de origen con sus hijos o continuar con sus solicitudes de asilo separados de sus hijos. En la frontera, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) inventaron acusaciones falsas y vagas de actividad delictiva menor para separar familias. A los niños de hasta cinco años se les pedía que “renunciaran a sus derechos” después de ser separados de sus guardianes. Como han señalado varios activistas de derechos de inmigración, estas prácticas se llevaron a cabo “bajo la cobertura de la noche” y no hay razón para creer que no continúan hasta el día de hoy.

Las últimas revelaciones muestran que la cantidad de niños que han sido separados de sus familias por la fuerza es, de hecho, mucho mayor de lo que incluso ha reconocido la Administración de Trump. El reconocimiento público inicial colocó el número en 2,300, aunque un informe posterior de Amnistía Internacional declaró que la CBP había separado 6,022 “unidades familiares” entre abril de 2018 y agosto de 2018. En enero de 2020, el recuento oficial del Gobierno de niños separados de sus padres o tutores desde 2017 se situó en 4,368. En un mes, se informó que otros 1,142 niños habían sido separados de sus familias después de que la “tolerancia cero” terminara oficialmente. Sin embargo, los defensores de inmigrantes señalan con razón que incluso estos números son cuestionables.

Los informes filtrados y los relatos de testigos en los últimos tres años dejan en claro que los niños separados de sus familias han sido sometidos a todo tipo de abusos y han sido traumatizados de formas que aún no se han revelado.

El hecho de que un número significativo de ellos sigan siendo privados de sus padres es un testimonio de la criminalidad de los republicanos y demócratas, y como Paola Luisi, directora de la coalición “Las familias pertenecen juntas” dijo al Guardian, “la norma de un sistema de inmigración sádico”.

Los demócratas se han opuesto a Trump desde la derecha en cuestiones de política exterior, incluida su supuesta debilidad hacia Rusia y China, sin hacer nada para oponerse a sus políticas de inmigración fascistizantes, incluyendo la construcción de un muro fronterizo con financiación militar, redadas masivas en lugares de trabajo y una prohibición a viajantes desde siete países de mayoría musulmana. La guerra de cuatro años que Trump libró contra los inmigrantes, incluyendo la política de separación de niños, no se ha planteado como un problema de manera significativa en la campaña electoral del exvicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de octubre de 2020)