El viernes, la administración de Biden reveló los esbozos de un presupuesto de gasto federal discrecional de $1.52 billones para el año fiscal de 2022. El presupuesto está separado de los proyectos de ley de "alivio" del coronavirus anteriormente mal llamado, así como del plan de infraestructura de $2.3 billones propuesto por Biden y se considera un punto de comienzo para las negociaciones con los republicanos.

Es probable que el presupuesto propuesto se modifique drásticamente antes de que sea realmente aprobado e implementado para el 1 de octubre, cuando comience el nuevo año fiscal. El viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que las propuestas representan el "comienzo de lo que sabemos que es un largo viaje".

Al anunciar la propuesta, Shaldana Young, directora interina de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, dijo que el presupuesto reflejaba “una oportunidad no simplemente de volver a ser como eran las cosas antes de la pandemia de Covid-19 y la recesión económica, sino para comenzar a construir un Estados Unidos mejor, más fuerte, más seguro y más inclusivo".

Un aspecto en el que todos los sectores de la clase dominante están de acuerdo es en el aumento del gigantesco presupuesto militar estadounidense. Esto se produce después de un año en el que más ciudadanos estadounidenses, más de 570,000 en el momento de escribir este artículo, murieron a causa del COVID-19 que murieron en la Segunda Guerra Mundial, Vietnam y la Guerra de Corea juntos.

A pesar de aumentar el gasto militar en casi $3 mil millones, a $753 mil millones, los apologistas del Partido Demócrata elogian el aumento propuesto en el gasto interno, de $663.7 mil millones a $769.4 mil millones, como una señal del carácter "progresista" de la administración de Biden.

El aumento del gasto interno en todos los departamentos del gabinete no es un signo de desviación de la administración anterior, sino un reconocimiento de las prioridades compartidas de la clase dominante en la lucha contra los competidores globales, mayormente, China.

El aumento propuesto en el gasto en educación y atención médica, como se describe en una carta a los accionistas por el CEO de JP Morgan Chase & Co., Jaime Dimon, a principios de esta semana, demuestra que el gasto tiene muy poco que ver con mejorar la salud y la mente de la población, pero en cambio, en asegurar que el ejército estadounidense pueda cumplir con sus cuotas de reclutamiento.

En su carta, el "banquero favorito" de Obama señaló que mientras "las escuelas secundarias estadounidenses gradúan aproximadamente el 85% de sus estudiantes, muchas de nuestras escuelas del centro de la ciudad no gradúan a la mitad de sus estudiantes". Esto, junto con una reducción en la esperanza de vida, debido al aumento de la diabetes, el cáncer, ataque cerebral y la obesidad, llevó a Dimon a señalar una "estadística alarmante".

"El setenta por ciento de los jóvenes de hoy (de 17 a 24 años) no son elegibles para el servicio militar, esencialmente debido a la falta de educación adecuada (habilidades básicas de lectura y escritura) o problemas de salud (comúnmente obesidad o diabetes)".

Esto es lo que está impulsando el aumento en el gasto interno descrito por la administración de Biden, que no incluye ningún aumento de impuestos propuesto sobre la riqueza mal habida de la oligarquía financiera. Esto es de esperar después de que Biden recibió donaciones de 230 milmillonarios estadounidenses para su campaña presidencial, según los registros de la Comisión Federal de Elecciones. Esto representa el 25 por ciento de los milmillonarios estadounidenses, incluyendo casi $53,000 dólares de Judy Dimon, esposa de Jaime Dimon.

Comparativamente, Trump recibió donaciones de aproximadamente el 14 por ciento de los milmillonarios estadounidenses.

Incluso el modesto impuesto mínimo del 15 por ciento sobre las corporaciones grandes y rentables propuesto en el plan de infraestructura de Biden es una reducción significativa de su propuesta de campaña. El miércoles, el Departamento del Tesoro reveló que el impuesto propuesto, que solo se aplica a empresas con ingresos superiores a los $2 mil millones, frente a los $100 millones propuestos por Biden durante la campaña, solo afectaría a 180 empresas, con solo 45 elegibles para pagar el impuesto.

Del mismo modo, Biden ha propuesto aumentar la tasa de impuestos corporativos en un insignificante 7 por ciento a 28 por ciento. La cifra sigue siendo un siete por ciento más baja que en 2016 y un 18 por ciento más baja que la tasa impositiva corporativa de 1986 del 46 por ciento bajo el presidente Ronald Reagan.

En un esfuerzo por mantener las escuelas abiertas y los padres en el trabajo produciendo plusvalía para la clase dominante, el presupuesto propone que el Departamento de Educación reciba un aumento del 40.8 por ciento en los fondos a $102.8 mil millones, con $36.5 mil millones reservados para las llamadas subvenciones del Título 1, que fueron recortados bajo la administración de Obama. Este aumento relativamente modesto de la financiación escolar no es suficiente para compensar las décadas de recortes a la educación.

El presupuesto propone un aumento del 23.1 por ciento en la financiación básica del Departamento de Salud y Servicios Sociales, por un total de $ 133.7 mil millones, incluyendo $6.5 mil millones para una Agencia de Proyectos de Investigación Avanzado para la Salud propuesta dentro de los Institutos Nacionales de Salud. Siguiendo el modelo de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzado de Defensa del Pentágono (DARPA), el programa perseguiría la investigación en enfermedades como el cáncer, la diabetes y el Alzheimer. Sin embargo, si se parece a DARPA, se utilizará para canalizar millones de dólares a contratistas políticamente conectados.

El presupuesto también incluye un aumento propuesto de $1.6 mil millones en el presupuesto de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta $ 8.7 mil millones y $10.7 mil millones para la investigación y la prevención de la adicción a los opioides, un aumento de casi $4 mil millones con respecto al año anterior.

En un intento de darle a la propuesta un barniz "progresista", la palabra "clima" se repite 151 veces a lo largo de la propuesta. Se propone asignar $14 mil millones a medidas destinadas a supuestamente combatir el cambio climático, pero en realidad contribuirán a una mayor destrucción del planeta. Los $14 mil millones se distribuyen entre las agencias federales y se utilizarían para subsidiar la industria de automóviles eléctricos a través de la compra de flotas de vehículos eléctricos, la construcción de estaciones de carga, la renovación de edificios federales y la concesión de "créditos fiscales".

Continuando con el asalto bipartidista contra los inmigrantes, el presupuesto incluye $52 mil millones para el Departamento de Seguridad Nacional, con $1.2 mil millones adicionales asignados para expandir el aparato del estado policial con inversiones en "tecnología de seguridad fronteriza".

El DHS y el Departamento de Justicia también recibirán $111 millones adicionales. Se asignan $45 millones al FBI para "investigaciones de terrorismo nacional", según Hill, con otros $40 millones para los fiscales estadounidenses para compensar el "aumento de la cantidad de casos de terrorismo nacional".

Demostrando el hecho de que el intento de golpe del 6 de enero involucró a elementos dentro del Estado y el DHS, el presupuesto también reservó $84 millones “para asegurar que las quejas de la fuerza laboral del DHS, incluyendo las que están relacionadas con la supremacía blanca o creencias ideológicas y no ideológicas, se investiguen rápidamente".

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de abril de 2021)