En medio de la peor crisis económica en la historia colombiana y su oleada más mortal de contagios de COVID-19, cientos de miles han participado en marchas masivas, cortes de ruta y otras protestas en todo el país sudamericano todos los días por una semana.

Las protestas recientes comenzaron con un paro nacional el 29 de abril convocado por el Comité Nacional de Paro, una coalición de centrales sindicales, asociaciones agrícolas y grupos estudiantiles formada en 2019 para encarrilar el creciente malestar en la clase obrera detrás de negociaciones con el Gobierno de extrema derecha del presidente Iván Duque.

El paro fue desencadenado por el anuncio de Duque del primer ajuste fiscal por COVID-19 de América Latina, según la élite gobernante colombiana busca liderar a la región en colocar todo el peso de la crisis pandémica sobre los hombros de la clase obrera.

Supuestamente para financiar un ingreso fijo de entre $20 y $150 por hogar durante la pandemia, la propuesta contemplaba un impuesto sumamente regresivo de valor agregado de 19 por ciento, afectando la comida y servicios esenciales, así como un impuesto adicional sobre ingresos tan bajos como $700 por mes. Las agencias crediticias aplaudieron el proyecto por proveer “una estructura de ingresos sustentables a largo plazo” pagada por la clase trabajadora.

Desafiando una hipócrita orden judicial prohibiendo marchas bajo el pretexto de riesgos por COVID-19, los manifestantes colmaron las calles del centro de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla e Ibagué, así como de ciudades más pequeñas. Las tiendas y la mayoría de los servicios públicos se paralizaron el 28 de abril, mientras que el Primero de Mayo vio las multitudes más grandes hasta la fecha.

Ante el estallido de continuas protestas espontáneas fuera del control del Comité Nacional de Paro, Duque desplegó el ejército para “asistir” a la policía en la represión, la cual ha recurrido de manera sistemática y coordinada al empleo de municiones reales.

Anunciando el envío de tropas, Duque amenazó a aquellos “que, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y creen que bajo ese mecanismo doblegarán a las instituciones”.

El viernes, el expresidente Álvaro Uribe, dirigente del partido gobernante de Duque y su mentor político, prácticamente confirmó que la represión asesina está siendo ordenada desde los niveles más altos del Estado, tuiteando: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

Uribe recientemente fue liberado de arresto domiciliario en un fallo políticamente motivado a pesar de docenas de investigaciones abiertas sobre su papel en crear y financiera milicias paramilitares fascistas responsables de cientos de miles de muertes y el desplazamiento de millones de colombianos.

Varios videos compartidos en redes sociales muestran a policías cargando armas de fuego, incluyendo rifles, y disparando hacia los manifestantes. La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, además, fue testigo de policías en ropa de civiles y motocicletas con placas cubiertas disparando contra los manifestantes en Cali.

Temiendo que la represión no haga más que radicalizar y movilizar a capas más amplias de la clase obrera en Colombia y en toda la región, oficiales de la ONU y la Unión Europea condenaron nerviosamente la “fuerza excesiva” utilizada por la policía e hicieron un llamado a los manifestantes a mantener la “calma”.

La Administración estadounidense del presidente Joe Biden, aun cuando lanza provocadoras acusaciones contra Rusia, China y Venezuela, se ha hecho de la vista gorda ante la represión en Colombia, el aliado político y militar más cercano del imperialismo estadounidense en América Latina.

Durante décadas, tanto bajo Administraciones republicanas como demócratas, Washington ha proporcionado miles de millones en armas y entrenamiento militar para convertir al ejército colombiano en el segundo mayor latinoamericano, sirviendo como bastión de los intereses corporativos y financieros de EE.UU. en esta región rica en petróleo, incluyendo los preparativos de Washington para el cambio de régimen en Venezuela. Este mismo ejército, armado y entrenado por Estados Unidos, está siendo utilizado ahora contra multitudes desarmadas de trabajadores y jóvenes.

Hasta el martes, el Gobierno de Duque ha reconocido la muerte de 18 civiles y un policía durante las manifestaciones, mientras que la policía informó de 431 detenciones. La Federación de Trabajadores de la Educación (FECODE) ha denunciado 27 muertes, 726 detenciones arbitrarias, seis casos de abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad y 12 jóvenes que han perdido los ojos por proyectiles “no letales”.

Habiendo perdido el apoyo del Partido Liberal y de otras fuerzas de derecha para su proyecto de ley fiscal, Duque anunció el viernes que pediría al Congreso que retire, al menos temporalmente, sus disposiciones más odiadas.

La decisión no hizo más que envalentonar las protestas, y el Comité Nacional de Paro sigue intentando mantener el control convocando a una nueva jornada de manifestaciones masivas para el 5 de mayo. Obligado por la rabia social a avanzar reivindicaciones más amplias, el líder sindical Luis Miguel Morantes demandó la desmilitarización de las calles, el desmantelamiento de las fuerzas especiales ESMAD, el archivo del proyecto de ley 010 que otorga un mayor papel a los proveedores de salud privados, la vacunación masiva y un ingreso universal de al menos $260 mensuales, entre otras demandas.

Durante la consistente intensificación de la lucha de clases desde el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, el capitalismo colombiano ha demostrado que es completamente impermeable a las urgentes necesidades sociales de las masas. Al Gobierno de Duque se le ha permitido seguir maniobrando para implementar más austeridad y privatizaciones incluso después de repetidas masacres de trabajadores y jóvenes.

El pasado mes de septiembre, la policía mató a 13 manifestantes e hirió al menos a otros 75 con armas de fuego después de que estallara una rebelión en Bogotá por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía.

Junto con los sindicatos, la clase dirigente se ha apoyado en el senador pseudoizquierdista y excandidato presidencial Gustavo Petro para subordinar todas las demandas al Gobierno de Duque. Desde que comenzaron las protestas la semana pasada, ha exigido que los manifestantes solo se opongan a esta o aquella “reforma” y no a Duque o a las fuerzas armadas en sí. Incluso mientras finge indignación por la represión asesina, insiste en que Duque, la policía y los militares “no son el enemigo”.

El lunes, llamó en un tuit a “cada policía, cada soldado de la patria” y al “joven y el trabajador en la calle” a “confraternizar” y darse un “abrazo”. Esto, mientras se ha publicado en las redes sociales un vídeo tras otro de policías golpeando brutalmente a jóvenes manifestantes.

Estos esfuerzos criminales para sembrar complacencia entre los trabajadores y la juventud mientras la clase dominante y el imperialismo llevan a cabo un giro mortal hacia la dictadura en Colombia e internacionalmente han sido ayudados a su vez por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), una organización de pseudoizquierda fundada por el antitrotskista argentino Nahuel Moreno y orientada hacia los sindicatos.

En un comunicado el lunes, el PST señaló que “las masas, que están por fuera de su control burocrático, han seguido en las calles” y apeló a que “las organizaciones sindicales afiliadas a estas centrales... cambien esa burocracia”.

Los trabajadores deben precaverse de estas maniobras para sustituir a unos dirigentes sindicales por otros que emplean frases más radicales solo para dirigir mejor el descontento hacia el mismo callejón sin salida. Todo el aparato sindical, junto con sus apologistas pseudoizquierdistas, representan a capas de la clase media con vínculos materiales con el Estado capitalista y las gerencias empresariales.

Durante el año 2020, 3,5 millones de colombianos cayeron por debajo del umbral oficial de la pobreza –un ingreso mensual per cápita de 87 dólares—. Un asombroso 42,5 por ciento de la población vive ahora por debajo de este umbral. Al mismo tiempo, el país está registrando niveles récord de muertes por COVID-19, alcanzando 490 muertes diarias y 75.164 muertes en total.

Más allá de los toques de queda nocturnos y de la rotación de restricciones para comercios basadas en los números de cédula —medidas que han resultado ser totalmente inadecuadas—, el Gobierno de Duque y las autoridades locales han rechazado cualquier medida que pueda afectar los intereses lucrativos de las empresas y los bancos.

El levantamiento en las ciudades colombianas ha dado lugar a las mayores manifestaciones de masas vistas en América Latina desde la revuelta en Chile en 2019. Es parte de un movimiento global de la clase obrera contra las políticas de muerte y miseria durante la pandemia.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional llama a la construcción de una Alianza Obrera Internacional de Comités de Base para que la clase obrera unifique estas luchas y tome la respuesta a la pandemia en sus propias manos, como la única manera de administrar las vacunas a tiempo, proporcionar la ayuda económica necesaria para que los trabajadores no esenciales se refugien en casa y, en última instancia, erradicar tanto el virus COVID-19 como el sistema capitalista que le ha permitido matar a millones.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de mayo de 2021)