La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una resolución el miércoles solicitando la creación de una comisión bipartidista para investigar el ataque del 6 de enero contra el Congreso. El proyecto de ley recibió 252 votos a favor y 175 en contra, pero el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, y otros dirigentes republicanos declararon su determinación a bloquear la aprobación del proyecto de ley en la cámara alta.

Al menos 10 senadores republicanos se habrían unido a los 50 demócratas para superar un discurso obstruccionista contra el proyecto de ley, y apenas un puñado ha indicado que apoyará el proyecto de ley después de que el expresidente Donald Trump —el instigador del intento de golpe del 6 de enero— exigiera que los congresistas republicanos bloquearan la propuesta.

Trump fue quien invitó a la turba fascista a Washington el 6 de enero para un mitin fuera de la Casa Blanca, luego dio un discurso llamado a marcha al Capitolio para luchar por él. En el Capitolio, cruzaron los cordones policiales que habían sido deliberadamente debilitados e irrumpieron en el edificio para frenar la certificación del Congreso de los votos del Colegio Electoral que le daban al demócrata Joe Biden una victoria abrumdora.

Los atacantes pro-Trump cantaron a favor de colgar a Mike Pence, el vicepresidente de Trump, por presidir la sesión conjunta del Congreso. Expresaron su deseo de asesina a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y a otros demócratas. La violencia del ataque fue tal que 140 policías del Capitolio quedaron heridos.

Estos eventos se produjeron hace apenas 135 días, pero ya está en marcha un esfuerzo coordinado para enterrarlos, restarles importancia e incluso purgarlos de la memoria colectiva del público estadounidense. Esto fue encarnado por el diputado republicano Andrew Clyde, quien declaró que lo ocurrido el 6 de enero no fue nada más que una “visita turística normal”. (Hay fotos de ese día que muestra que Clyde se unió a otros diputados para colocar desesperadamente barricadas en la cámara baja para frenar la turba atacante).

No obstante, el intento encabezado por los demócratas de establecer una comisión bipartidista e investigar el ataque del 6 de enero no es un esfuerzo auténtico para exponer las fuerzas involucradas en el intento de golpe de Estado. Eso lo demuestra las constantes referencias a la Comisión del 11 de Septiembre por parte de Pelosi y otros dirigentes demócratas, como un modelo para la indagación que buscan realizar.

La Comisión del 11 de Septiembre fue un encubrimiento oficial de los eventos del 11 de septiembre de 2001, ocultando deliberadamente los vínculos entre las agencias de inteligencia estadounidenses y los secuestradores de Al Qaeda, a quienes les permitieron entrar en EE.UU., tomar clases de aviación y preparar un ataque coordinado, incluso cuando la CIA y el FBI seguían sus movimientos y no hicieron nada para interferir.

La excusa idiota de que “no pudieron conectar los puntos” fue avanzada para disfrazar la realidad de que el aparato militar y de inteligencia permitió que los atentados se llevaran a cabo porque cumplía con un objetivo estratégico definido: crear un clima político en Estados Unidos en el que el poderío militar estadounidense se pudiera proyectar en Oriente Próximo y Asia central, a través de las invasiones de Afganistán y luego Irak.

Si hubiera alguna diferencia, la Comisión del 6 de Enero siendo propuesta será un encubrimiento político aún mayor, dado que el partido que incitó el ataque con denuncias infundadas de que le robaron la elección presidencial de 2020 tendría el mismo peso en la conducción de la investigación. Es equivalente a que, en el juicio de los atacantes después de un robo bancarios multimillonario, ¡el chofer que les ayudó a escapar y los cómplices estuvieran en el jurado!

Como es usual en la operación del sistema bipartidista estadounidense, los demócratas rogaron a los republicanos incansablemente, haciéndoles una concesión tras otra, solo para que los republicanos denunciaran arrogantemente el resultado final de las negociaciones como algo insuficiente. Consecuentemente, Pelosi concedió un mismo número de miembros de cada partido para la comisión, a pesar de que los demócratas tienen mayorías en ambas cámaras del Congreso, y que no se citará a nadie sin la aprobación de los republicanos.

Pero, después de que se anunciara el acuerdo el viernes entre el presidente demócrata de la comisión supervisora de la Cámara de Representantes y el principal miembro republicano, quienes fueron asignados por Pelosi y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCathy, para desarrollar el acuerdo, los republicanos lo rechazaron pocos días después.

Todavía el lunes 17 de mayo, los jefes de la minoría de la Cámara de Representantes y del Senado, el representante Steve Scalise y el senador John Thune, indicaron que los republicanos no pretendían bloquear la creación de una comisión bipartidista. El martes, sin embargo, intervino el expresidente Trump, quien emitió una declaración denunciando la comisión propuesta y exigiendo, por nombre, que McCarthy y McConnell detuvieran el debate sobre la misma.

McCarthy, después de que evidentemente le avisaran de antemano desde Mar-a-Lago, ya había emitido un comunicado el martes por la mañana declarando su oposición. McConnell todavía se declaraba “indeciso” sobre si apoyar la comisión y se mostraba “dispuesto a escuchar” la propuesta. Pero el miércoles, horas después de que se hiciera pública la declaración de Trump, McConnell se anunció rotundamente en contra de lo que llamó “la propuesta sesgada y desequilibrada de los demócratas de la Cámara de Representantes.”

La respuesta demócrata durante el debate en la Cámara de Representantes fue atacar a los republicanos desde la derecha. El demócrata de Ohio, Tim Ryan, reclamó que la posición republicana era “una bofetada a todos los policías de base de Estados Unidos” porque se oponían a una investigación bipartidista de personas que “golpearon a la Policía del Capitolio con tubos de plomo en la cabeza”. Añadió, por si acaso, que abandonar el bipartidismo socavaba la posición de Estados Unidos “si vamos a enfrentarnos a China”.

Estos comentarios no solo son reaccionarios, sino que desvían la atención de la cuestión central que plantean los acontecimientos del 6 de enero. El ataque fascista al Congreso fue un intento de anular las elecciones de 2020, en las que 81 millones de personas votaron por Biden, y de mantener a Donald Trump en la Casa Blanca como un dictador en todo menos en el nombre.

Si bien fue encabezado por grupos fascistas como los Proud Boys, el ataque solo fue posible gracias a la sistemática paralización del enorme aparato militar y policial que rodea la sede del Gobierno estadounidense, incluidas decenas de miles de tropas de la Guardia Nacional y el Ejército. Uno de los aspectos más críticos de la intentona golpista fue el retraso deliberado en el despliegue de estas fuerzas en el Capitolio, a pesar de los llamamientos de los líderes del Congreso e incluso del vicepresidente Mike Pence para que se movilizaran.

Un papel fundamental fue desempeñado por los oficiales nombrados por Trump en el Pentágono, el secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller, y el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, que controlaron las actividades de la Guardia Nacional de Washington y durante tres horas y 19 minutos (199 minutos) desoyeron las súplicas del comandante de la Guardia Nacional, el general William Walker, para que se le permitiera enviar a sus tropas a rescatar a los sitiados en el Capitolio.

En una declaración publicada el 5 de marzo de 2021, el WSWS explicó:

Los acontecimientos del 6 de enero estuvieron lejos de ser una sorpresa. Durante los meses anteriores a la insurrección, hubo una crisis política durante la cual el presidente de los Estados Unidos dejó claro que no aceptaría la transferencia pacífica del poder. Las agencias de inteligencia y los militares estaban al tanto de los planes y amenazas que apuntaban a la fecha del 6 de enero, en particular.

Sin embargo, se tomó la decisión de no actuar mientras se aplicaba una estrategia política definida. Durante más de tres horas, los grupos fascistas tuvieron prácticamente una librtad plena en el edificio del Capitolio. Los elementos militarmente entrenados dentro de los agitadores sabían que se les estaba dando tiempo para buscar rehenes entre los senadores y representantes.

Si eso hubiera ocurrido, Trump habría declarado un estado de emergencia, cerrado el Congreso, retrasado indefinidamente la certificación de la victoria de Biden y abierto negociaciones que habrían desembocado, de una u otra forma, en una capitulación demócrata a la continuación de su Presidencia. Los militares no intervinieron ni tomaron control del Capitolio hasta que había quedado claro que el ataque no había logrado sus objetivos y que Trump lo había cancelado públicamente.

La declaración del WSWS sacó la siguiente conclusión:

Ninguna investigación realizada bajo los auspicios del Partido Demócrata servirá para desenmascarar a las fuerzas implicadas en la conspiración. Como partido de Wall Street y de los propios militares, los demócratas están aterrorizados por las consecuencias políticas y sociales de las revelaciones.

Los ciento noventa y nueve minutos del 6 de enero son una advertencia. Por más grave que haya sido el hecho mismo, la respuesta no fue menos significativa. La defensa de los derechos democráticos no puede confiarse a ninguna facción de la clase dominante ni a sus representantes políticos. La clase obrera necesita prepararse para la siguiente etapa. Debe organizarse de forma independiente, sobre la base de su propio programa, en oposición al sistema capitalista.

La inminente desaparición de la hoja de parra política de los demócratas de una comisión bipartidista sobre el 6 de enero no hace más que confirmar esta valoración.

(Publicado originalmente en inglés el 20 de mayo de 2021)