Hay eventos en marcha en el Estado isleño de Sri Lanka en el sur de Asia que los trabajadores de todo el mundo deben conocer y a los que deben oponerse activamente.

Durante las últimas dos semanas, el presidente esrilanqués Gotabaya Rajapakse promulgó dos decretos que rescriben arbitrariamente las leyes del país para privar a casi un millón de trabajadores del sector privado del derecho legal a hacer huelga.

Estos trabajadores se enfrentan a castigos severos, incluyendo despidos masivos y largas penas de cárcel si hacen huelga contra la respuesta homicida del Gobierno a la pandemia, su intensificación de la explotación de la clase obrera y sus recortes a los servicios públicos. Los decretos también criminalizan a cualquier individuo u organización que abogue por emprender huelgas.

El blanco inmediato del primer decreto, presentado el 27 de mayo, era una huelga planificada de 12.000 funcionarios gubernamentales locales que exigen vacunas anti-COVID-19, pero les quitó a cientos de miles de otros trabajadores públicos sus derechos fundamentales. El sindicato que representa a los trabajadores locales canceló inmediatamente la huelga pendiente.

Cinco días después, el 2 de junio, Rajapakse publicó un segundo decreto en vísperas de un paro planeado de trabajadores en muchos de los principales hospitales. Extendió el veto a huelgas a los trabajadores de la salud y otros sectores gubernamentales.

Los dos decretos abarcan a los trabajadores portuarios, ferroviarios, autobuseros, petroleros, de gas, de los bancos estatales y seguros; los enfermeros, doctores y otros trabajadores de la salud, los trabajadores administrativos públicos, los trabajadores de las empresas de distribución alimentaria de propiedad estatal; y los empleados de los nueve consejos provinciales de Sri Lanka.

Los trabajadores que desafíen el veto a la huelga pueden ser despedidos. También pueden ser objeto de multas de entre 2.000 y 5.000 rupias, un “encarcelamiento riguroso” de dos a cinco años, la incautación de “propiedad mueble e inmueble” y la cancelación de sus credenciales profesionales.

Cualquier individuo que busque “incitar, inducir o alentar” a alguien sujeto al veto a huelgas a que no se presente a trabajar, sea a través de “un acto físico o cualquier discurso o documento escrito” también será objeto a multas, requisiciones y penas carcelarias de hasta cinco años.

Sin advertencia alguna, ni hablar de un debate público, los derechos democráticos básicos incluyendo las libertades de expresión y de hacer huelga amparados por la Constitución de Sri Lanka han sido cancelados de un plumazo.

El primer decreto hace una breve mención de la pandemia, afirmando que los servicios y departamentos gubernamentales sujetos a la prohibición de huelgas son “esenciales… frente a la pandemia de COVID-19”. En realidad, los que han saboteado cualquier respuesta a la pandemia fundamentada en la ciencia han sido el Gobierno y la clase gobernante de Sri Lanka, que han antepuesto sistemáticamente los intereses de lucro a salvar vidas.

Desde abril, la pandemia ha avanzado en toda la isla. La cifra oficial de muertes se ha duplicado con creces en tan solo las últimas cinco semanas a 1.656. Según las cifras del Gobierno, los nuevos contagios promedian actualmente más de 3.000 diarios, pero esta es una cifra sumamente incompleta. No obstante, el Gobierno de Rajapakse, con el apoyo pleno de los partidos de oposición, ha insistido en que la “economía” y especialmente las principales industrias de exportación como el sector textil, las plantaciones de té y caucho, deben mantenerse en operación.

Las demandas de equipo de protección personal y vacunas para los trabajadores de la primera línea han sido protagonistas en la ola cada vez más amplia de luchas de trabajadores públicos, que el Gobierno teme que confluya con el malestar creciente en las plantaciones y entre otros trabajadores del sector privado.

El Gobierno de Rajapakse también se inquieta al ver al otro lado del estrecho de Palk en el estado de Tamil Nadu del sur de India, donde ha habido numerosas huelgas y protestas de trabajadores automotores en Hyundai, Renault-Nissan y otras empresas contra la falta de protección contra el COVID-19 en medio del catastrófico avance de la pandemia.

La política de inmunidad colectiva del Gobierno de Rajapakse es la punta de lanza de su campaña para aumentar la extracción de ganancias de la clase obrera, incluyendo otra ronda brutal de medidas de austeridad del FMI.

Se torna aún más necesario alertar a la clase obrera internacional de estos acontecimientos dado que los partidos de “oposición”, la prensa corporativista, los sindicatos y los grupos pseudoizquierdistas han guardado un silencio cómplice con estos decretos. Aparte de una declaración del jueves pasado de una alianza de sindicatos de correos, maestros y la salud que “lamentó” los decretos, la cancelación arbitraria por decreto presidencia de los derechos democráticos fundamentales ha sido completamente ignorada.

Hasta ahora, el Gobierno no ha intentado utilizar sus nuevos poderes draconianos contra los trabajadores del sector público. Temiendo desencadenar un malestar masivo de la clase trabajadora, no ha multado a los más de 20.000 enfermeros, médicos, técnicos de laboratorio y otros trabajadores de la salud que llevaron a cabo un paro de cinco horas previamente programado el pasado jueves.

Pero el enfrentamiento frontal entre la clase dominante de Sri Lanka y su aparato estatal, por un lado, y la clase obrera y los trabajadores rurales oprimidos, por otro, está a la orden del día.

Como preparación para un enfrentamiento con la clase trabajadora, Rajapakse ha llenado el aparato gubernamental de oficiales militares que se curtieron en la guerra de 30 años contra la minoría tamil de la isla; ha cultivado organizaciones cingalesas-budistas de extrema derecha; y ha conspirado para cambiar la Constitución y aumentar los poderes arbitrarios del presidente. Recientemente, uno de los ministros de Rajapakse reflexionó que el presidente debería “volverse” más como “Hitler”.

Los acontecimientos en Sri Lanka son de vital importancia para los trabajadores de todo el mundo. Los métodos dictatoriales empleados contra los trabajadores de Sri Lanka se utilizarán contra los trabajadores de todo el mundo.

En todas partes, las élites gobernantes están decididas a hacer que los trabajadores paguen la crisis del capitalismo global, enormemente exacerbada por la pandemia. El impacto catastrófico de la pandemia –más de 3,5 millones de muertos en todo el mundo— es la consecuencia directa de la decisión de los Gobiernos de dar prioridad a las ganancias de las empresas sobre las vidas. Además, al rescate de los ricos irá acompañado de la destrucción de los servicios públicos y el aumento de la explotación.

Pero este programa de guerra de clases está encontrando una resistencia cada vez mayor, como la de los trabajadores de Volvo Truck en Estados Unidos, los mineros de Vale Inco en Canadá, los profesores y conductores de autobús en Brasil, los trabajadores del sector automotor en la India y los mineros del cobre de BHP en Chile. Esta resistencia está rompiendo cada vez más la supresión de décadas de la lucha de la clase trabajadora por parte de los sindicatos corporativistas y los partidos de “izquierda” de la élite política.

En respuesta, la clase dominante está recurriendo a métodos autoritarios, criminalizando la oposición social y cultivando las fuerzas de extrema derecha. En Colombia, el régimen de Duque, apoyado por Estados Unidos, ha desatado una violencia policial asesina contra las protestas masivas por los aumentos de impuestos, la pobreza aplastante y la desigualdad social cada vez mayor. En España y Francia, se han producido amenazas públicas de golpe de Estado por parte de oficiales militares.

En EE.UU., el centro del capitalismo global, Trump, con el apoyo de la dirección del Partido Republicano e importantes sectores del aparato militar, intentó un golpe de Estado a la vista de todos, que culminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero.

La burguesía esrilanquesa está sumida en la deuda, se enfrenta a una clase obrera cada vez más rebelde y está amargamente dividida en cuanto a su orientación geopolítica, ya que el sur de Asia se ha convertido en un escenario central en la ofensiva estadounidense contra China. Además, no se ha resuelto ninguno de los problemas que condujeron a la guerra civil de 30 años en Sri Lanka.

Cambiando lo que hay que cambiar, toda élite gobernante capitalista se enfrenta a problemas intratables similares para los que su respuesta es la intensificación de la explotación obrera, la reacción, el militarismo y la guerra.

El World Socialist Web Site insta a los trabajadores de todo el mundo a defender a sus hermanos y hermanas de clase en Sri Lanka. En primer lugar, esto significa dar a conocer a lo largo y ancho del mundo la importancia y el significado de los decretos de guerra de clases de Rajapakse, preparar acciones de solidaridad en apoyo de cualquier trabajador que sea víctima, e intensificar la lucha por movilizar el poder social interconectado de la clase obrera internacional.

Esto requiere la construcción de nuevas organizaciones de lucha, comités de base en los centros de trabajo, independientes y en oposición a los sindicatos corporativistas. El desarrollo de la lucha de clases está demostrando la unidad objetiva de los trabajadores, independientemente de las diferencias de nacionalidad, etnia, raza o género. Pero esta unidad debe ser fermentada por un repudio consciente de todos los intentos de dividir a la clase obrera.

En Sri Lanka, la lucha por unir a los trabajadores cingaleses, tamiles y musulmanes significa oponerse a la política de “primero los cingaleses” patrocinada por el Estado, así como a los esfuerzos de la burguesía tamil, que se ha convertido en la más ferviente defensora de la subordinación de Sri Lanka a la campaña de guerra de Washington contra China, para inculcar el nacionalismo tamil.

Con este fin, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional, en su mitin en línea del Primero de Mayo, inició la fundación de la Alianza Obrera Internacional de Comités de Base (AOI-CB).

Los problemas centrales a los que se enfrenta la clase obrera, desde la pandemia y la desigualdad social rampante hasta el peligro de la guerra y la dictadura, son de carácter global y solo pueden ser combatidos mediante la coordinación global de la clase obrera. Como elemento crucial en sus preparativos para enfrentarse políticamente al régimen de Rajapakse y a la burguesía de Sri Lanka que lo respalda, los trabajadores de Sri Lanka deben esforzarse por unificar y coordinar sus luchas con los trabajadores en India, Oriente Próximo, Europa, América del Norte y todo el mundo.

El desarrollo de una poderosa contraofensiva de la clase obrera, movilizando a todos los sectores de los oprimidos detrás de ella, es inseparable de la lucha por construir una dirección revolucionaria socialista. Los trabajadores en todos los sectores y en todos los países deben estar unidos en una ofensiva política común para tomar el poder en sus manos, expropiar a la clase gobernante y establecer una sociedad socialista basada en las necesidades sociales, no el lucro privado.

(Publicado originalmente en inglés el 6 de junio de 2021)