Un poco más de una semana después de que el sur de México y Guatemala fueran golpeados a la medianoche por un terremoto de magnitud 8,2, el más fuerte en casi un siglo, todavía escasean la comida y los bienes básicos en las áreas afectadas, continúan los esfuerzos para encontrar víctimas y miles siguen durmiendo en las calles después de perder sus hogares.

El saldo oficial de fallecidos llegó a 98, mientras que los gobiernos estatales han reportado daños en 80 000 hogares, alrededor de 1000 escuelas y 96 instalaciones médicas. Mientras que el total de damnificados subió a 2,5 millones, las pérdidas materiales y las víctimas se encuentran concentradas en las áreas más pobres de los dos estados más pobres del país, Oaxaca y Chiapas. Guatemala no sufrió víctimas mortales, pero se reportaron 605 hogares con daños.

Como sucedió con el huracán Harvey una semana antes en el sureste de Texas y con el huracán Irma en el Caribe y Florida al mismo tiempo, el histórico terremoto en México ha expuesto condiciones impresionantes de desigualdad, infraestructura social deteriorada y negligencia corrupta por parte de las élites gobernantes.

Al mismo tiempo, el estado deteriorado de las relaciones entre los Gobiernos estadounidense y mexicano también quedó al descubierto. El martes, la Cancillería mexicana canceló un convoy de comida y asistencia médica para las áreas afectadas por el huracán Harvey en Texas a fin de dirigir dichos recursos a las zonas más impactadas por el terremoto.

El ministerio mexicano indicó además de qu EUA no había respondido a su ofrecimiento formal de ayuda hecho la semana anterior, mientras que Trump espero toda esa semana para dar sus condolencias por las pérdidas infligidas por el devastador sismo. No fue hasta el jueves pasado que el mandatario estadounidense habló con el mexicano, Enrique Peña Nieto, justificando la demora por “la mala recepción del celular”.

Esta respuesta va en línea con el programa de “Estados Unidos ante todo” de su Administración, amenazando con “terminar” NAFTA y obligar a México a pagar por un muro fronterizo. Más allá, el canciller mexicano reclamó la semana pasada que miles de sus ciudadanos se verían “potencialmente afectados por la decisión” de eliminar el programa migratorio Acción Diferida para Llegados en la Infancia o DACA (por sus siglas en inglés).

Bajo estas condiciones de rencores percibidos hacia la segunda mayor economía latinoamericana y el principal socio militar de EUA en la región, junto a Colombia, el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, viajó a la Ciudad de México para las festividades del Día de la Independencia el fin de semana pasado. Pese a la pantalla de ayuda y solidaridad, muchos mexicanos verán la quinta visita de un jerarca del Pentágono al país como una para recordarle a la burguesía compradora mexicana acerca de su estatus semicolonial y compromiso en seguridad con EUA.

También se anunció el fin de semana que se estaba acercando la tormenta tropical Norma a la costa pacífica, amenazando a Baja California con vientos huracanados y fuertes lluvias.

Esta tormenta llega poco después de que otro huracán golpeara el estado de Veracruz en la costa Atlántica el viernes pasado, dejando a setenta mil personas sin fluido eléctrico y dos fallecidos por un deslizamiento.

El miércoles pasado, el presidente Peña Nieto viajó a Oaxaca y provocó una ola de indignación cuando le pidió, “con respeto” a la prensa no “volvernos señaladores o críticos de lo que falta, seamos parte de la solución”.

Esta fue la gota que derramó el vaso de cinismo. Una serie de ataques le siguieron en la prensa burguesa, encabezados por el diario conservador El Universal. Una columna de opinión de Carlos Loret de Mola advierte que el catastrófico terremoto de 1985 provocó la formación de organizaciones políticas que “nutrieron de militantes al naciente PRD”, refiriéndose al Partido de la Revolución Democrática. Loret de Mola luego concluye su artículo abruptamente: “A ver qué brota del terremoto… políticamente hablando”.

El desconcierto de la élite gobernante va más allá que un temor de que el terremoto afecte al oficialismo en las elecciones generales del próximo año o que conlleve a la formación de organizaciones derechistas y nacionalistas como el PRD o su derivado Morena. Lo que más le preocupa a la burguesía es que su negligencia criminal, al quedar expuesta por el desastre, impulse una movilización independiente de la clase obrera, al frente de las masas campesinas y empobrecidas contra la agenda de militarización del gobierno y los dictados de austeridad de Wall Street y la City de Londres.

Hace tan sólo ocho meses, la clase obrera se levantó y realizó demonstraciones de masas por todo el país en protesta contra el gasolinazo del 20 por ciento que fue parte de los planes de privatización de energía del Gobierno. Ahora, ya ha habido varias protestas audaces en el sureste mexicano después del terremoto.

El martes pasado, alrededor de doscientos campesinos exigiendo un suministro de agua, electricidad, mantenimiento de las calles y seguridad en Tapachula, Chiapas, se enfrentaron a la policía, la cual respondió con golpes, gases lacrimógenos y al menos una docena de arrestos.

El día siguiente, protestando la desaparición de sus compañeros en el 2014, un grupo de sesenta normalistas de Ayotzinapa tomó control de un bus, una pipa de combustible y otros vehículos, y presuntamente secuestraron a cuatro policías. La policía del estado de Guerrero le disparó a la caravana con balas potencialmente letales, la interceptó y arrestó a doce estudiantes.

La semana pasada, la experta en gestión de desastres y geóloga, Nieves Sánchez Guitián, declaró que, a diferencia del terremoto de 8,1 en 1985 que cobró decenas de miles de vidas, el más reciente se localizó lejos de la costa y fue dos veces más profundo. Sin embargo, concluyó que, 32 años después, “la clave para salir del círculo cerrado de que pobreza lleva a más pobreza con una catástrofe” es la preparación técnica y la prevención.

Los estados más afectados son de los reconocidos desde hace mucho como los más pobres del país. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sólo el 7,4 por ciento de la población de Oaxaca no se considera ni pobre ni vulnerable, en comparación con 10,3 por ciento en el 2012. En Chiapas, esta cifra es de 6,4 por ciento. Esto es en un país en el que el uno por ciento de los mexicanos controla una tercera parte de la riqueza del país.

Juchitán de Zaragoza, uno de los dos distritos más pobres de Oaxaca con más de la mitad de la población viviendo oficialmente en extrema pobreza, fue el más damnificado. Treinta y seis personas murieron y alrededor de una tercera parte de los hogares quedaron totalmente destruidos. La alcaldesa reclamó que hacían falta “recursos para enfrentar el problema” y que no había una “estrecha coordinación” con el Gobierno.

El periódico La Jornada reportó que la distribución de comida, medicinas, ropa y suministros personales ha dependido de la iniciativa de vecinos, familias y amigos. Un pintor, Francisco Toledo, organizó la formación de veinte cocinas comunitarias, mientras que la profesora retirada Virginia López se ha dedicado a entregarle comida a los miles que todavía duermen en las calles.

“Los damnificados no han recibido víveres”, sentenció López, mientras el gobierno anunciaba el despliegue de cuatro mil efectivos militares presuntamente para ayudar con los esfuerzos de distribución. Un campesino de Ixtepec le comentó a EFE: “El ejército no nos apoya, nada más pasa como si fuera un desfile. Lo que se requiere de ellos es que nos ayuden a remover escombros”.

Un estudio del 2015 realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo encontró que México le dedica el menor porcentaje del producto interno bruto a la infraestructura social que cualquier otro país latinoamericano. No obstante, la respuesta del Gobierno se ha enfocado en préstamos y recortes a los impuestos de los negocios, ostensiblemente para “acelerar la reactivación de la economía” en Chiapas y Oaxaca.

Cabe notar que la agencia crediticia de Wall Street, Moody’s, descartó inmediatamente que la respuesta oficial vaya más allá de la magra ayuda económica para las familias afectadas bajo el fondo para desastres naturales de Fonden, declarando que el costo económico del desastre va a ser simplemente “limitado”.