El jueves y viernes pasados, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos celebró la segunda conferencia de seguridad de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte centroamericano, que incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras.

El secretario de Estado de EUA, Mike Pompeo, la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, y el vicepresidente Mike Pence, fueron acompañados por los presidentes de Honduras y Guatemala, el vicepresidente de El Salvador, el canciller mexicano y varios representantes del Gobierno entrante mexicano del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Mientras que la discusión se enfocó en la expansión en marcha de las fuerzas armadas en la región, junto a los esfuerzos de contrarrestar la inmigración y el tráfico de drogas, el Gobierno estadounidense utilizó la ocasión para advertirle a la Alianza que se mantenga alineada detrás de la campaña de Washington para contrarrestar el crecimiento de la influencia china en la región.

“De parte de nuestra Administración”, declaró Pence, “y a medida que construyan sus vínculos comerciales con otros países, incluyendo a China, les urgimos que se enfoquen en y demanden transparencia y respeten sus —y nuestros— intereses de largo plazo”.

Después de referirse a los desafíos económicos que encara Centroamérica, añadió: “Incluso cuando países como China intenta [ sic ] expandir su influencia en la región, la mejor forma de resolver estos problemas, creo, es fortalecer los vínculos entre Estados Unidos y el Triángulo Norte y todas las naciones de nuestro hemisferio para reforzar los lazos económicos entre nuestras naciones”.

Esta advertencia se produce dos semanas después de la diatriba de Donald Trump frente a la Asamblea General de la ONU en la que subrayó las intenciones estadounidenses de hacer valer la Doctrina Monroe de dominación neocolonial sobre el hemisferio y advirtió sobre “potencias extranjeras expansionistas”.

Ese mismo mes, Washington también retiró a su principal personal diplomático de El Salvador, la República Dominicana y Panamá en protesta a decisiones recientes de los Gobiernos de estos países de romper con Taiwán y establecer relaciones con el Gobierno chino en Beijing. Esta disputa también llevó al Gobierno de Trump a cancelar una reunión entre cancilleres y oficiales de seguridad de la Alianza para la Prosperidad.

Más allá, el viernes pasado, el Pentágono publicó un reporte sobre el estado de los preparativos industriales para la guerra en Estados Unidos, en el cual indica específicamente que “las inversiones chinas en los países en desarrollo a cambio de un gravamen sobre sus recursos nacionales y acceso a sus mercados, particularmente en África y América Latina, constituye un nivel adicional para considerar la magnitud de esta amenaza para la seguridad nacional y económica estadounidense”.

Mientras que el énfasis en prepararse para importantes conflictos geopolíticos y levantamientos sociales se está volviendo cada vez más aparente, estos mismos esfuerzos han estado en marcha desde que el Gobierno de Obama creó el Plan Alianza para la Prosperidad en noviembre de 2014. Mientras que fue establecido, en primera instancia, como respuesta a una ola migrante de menores sin acompañantes que buscaban escapar la violencia desenfrenada y la pobreza en el Triángulo Norte en ese momento, fue avanzado como un primer paso para consolidar el dominio ahorcador de EUA sobre el hemisferio dentro de un marco de “seguridad nacional” y como parte del “pivote hacia Asia” de Obama dirigido contra la influencia china.

Desde entonces, se han gastado miles de millones de los recursos de estos empobrecidos países centroamericanos, los cuales se han visto obligados a cubrir la mayor parte de la cuenta, junto a cientos de millones de dólares provenientes del Gobierno estadounidense y el Banco Interamericano de Desarrollo en la expansión de las fuerzas armadas de la región y significativamente en desarrollos de infraestructura, transporte y logística para el comercio hacia norte. Esto incluye la creación de la Comisión de Interconexión de México con Centroamérica de la red eléctrica y otra infraestructura en 2016, con patrocinio de EUA.

Por ahora, los efectos económicos del Plan Alianza para la Prosperidad no han sido diferentes de paquetes similares de ayuda estadounidense y desarrollos infraestructurales a principios de la década pasada, los cuales fueron vendidos como fuentes de trabajo para las decenas de miles de jóvenes deportados de EUA por las Administraciones de Clinton y Bush, muchos de ellos por tener historiales criminales y actividades en pandillas en ciudades estadounidenses. El grueso de los beneficios de las mejoras en la logística y la mayor presencia de empresas estadounidenses fue a la élite gobernante local y la clase media profesional, mientras que el desempleo y la pobreza permaneció siendo prevalente para las masas, dando paso a la expansión de las mismas pandillas reformadas en Centroamérica, como las maras Salvatrucha y Calle decimoctavo.

Al mismo tiempo, estos proyectos han reducido significativamente los costos y han hecho más fluido el comercio regional, efectivamente logrando un nuevo nivel de integración de las cadenas de producción del continente y reforzando los lazos internacionales objetivos de la clase obrera.

Por el otro lado, esta integración también se ha visto expresada en nuevas operaciones y centros de mando conjuntos de los distintos ejércitos y bajo la supervisión del Pentágono.

Esto está ocurriendo mientras los países expanden rápidamente sus fuerzas armadas. El presidente electo mexicano anunció esta semana que añadirá 50.000 soldados nuevos al ejército, un aumento del 27 por ciento. Además, desde que comenzó el año, la embajada estadounidense ha estado impulsando el entrenamiento y redespliegue del ejército guatemalteco para que opere en las fronteras y mares como una “fuerza de defensa” en vez de enfocarse en trabajos policiales, mientras que se sumarán 12.000 nuevos oficiales a las fuerzas policías y especiales.

En mayo de 2017, el centro de pensamiento estadounidense Atlantic Council publicó un reporte presentando un esquema para la Alianza por la Prosperidad durante la Administración de Trump. Fue copresidido por el criminal de guerra estadounidense y primer director de Inteligencia Nacional, John Negroponte, y fue presentado por el entonces secretario de Seguridad Nacional y ahora jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly.

Uno de sus énfasis era establecer una “cadena de producción y suministro público-privada que se centraría en la seguridad física de las mercancías transportadas”. Como lo advirtió el WSWS en el momento, “va dirigida no sólo contra las maras, sino para garantizar el acceso de EUA a la mano de obra barata de la región mediante dicha ‘integración’ en preparación para futuras guerras”.

Mientras que el reporte reciente del Pentágono sobre producción se centra en la “base industrial de defensa y manufacturera” dentro de EUA, el ejército está esencialmente llamando a reformular “cadenas de suministro fuertes” que sin duda se extenderán por toda América del Norte, Central y del Sur.

Además, no cabe duda de que esta fue una de las consideraciones detrás de la cláusula sin precedente en el nuevo Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) que previene a las partes firmar acuerdos de libre comercio con “economías que no sean de mercado”, refiriéndose a China.

La conferencia de la Alianza para la Prosperidad de la semana pasada iba dirigida principalmente a comunicar esta orden a los Gobiernos del Triángulo Norte. Mientras que es de una índole más amplia, el Tratado de Libre Comercio entre EUA, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR, por su sigla en inglés) de hecho incluye una provisión en el Artículo 21.2 que establece no se puede “impedir que una Parte aplique medidas que considere necesarias para cumplir con sus obligaciones respecto al mantenimiento o la restauración de la paz y la seguridad internacional, o para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad”.

De la misma forma en que sucede en Estados Unidos, el despliegue de las fuerzas militares y policiales contra los inmigrantes y refugiados sujeta a las capas más vulnerables de la población a sufrir los golpes iniciales de la represión, pero la militarización en la frontera entre EUA y México y en toda la región hacia el sur tiene como últimos objetivos suprimir cualquier desafío social de la clase obrera en su totalidad a los esfuerzos para convertir a América Latina en un campo de batalla y una plataforma industrial estadounidenses para librar guerras contra otras “grandes potencias”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de octubre de 2018)