Este artículo apareció en inglés el 28 de octubre del 2013

Un desagradable espectáculo está tomando lugar en las salas de justicia en Detroit potencialmente tendrá graves consecuencias para los trabajadores tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo.

Un larga lista de abogados, banqueros de inversión y políticos se en estos días hacen declaraciones ante el juez de bancarrotas Steven Rhodes, que determinará a mediados de noviembre si puede continuar el proceso de quiebra en Detroit, la bancarrota municipal más grande en la historia de EE.UU.

Si, como se espera, el juez decide proceder con la quiebra, el interventor del Estado, Kevin Orr, tijereteará las pensiones y los beneficios de salud de más de 20,000 empleados públicos, jubilados, y liquidará todos los bienes municipales para pagar a los bancos y a los grandes tenedores de bonos.

Desde hace mucho tiempo la clase gobernante estadounidense utiliza tribunales de bancarrota como cruel arma contra trabajadores del sector privado: camioneros, obreros de líneas aéreas, siderúrgicos, empacadores de carne, trabajadores automotrices y muchos otros. En las décadas de los ochenta y noventa, esos buitres financieros amasaron enormes fortunas despojando a trabajadores de empleos, salarios y pensiones, vendiendo también la maquinaria, inmuebles y otros bienes.

La decadencia del capitalismo estadounidense ha alcanzado el punto en el que este tipo de saqueo financiero está ahora siendo utilizado contra una de las principales ciudades estadounidenses, la otrora capital automotriz del mundo.

Las discusiones sobre el futuro de los activos de Detroit suenan más como una negociación en un mercado de carnes, compradores compitiendo por las mejores tajadas a los más bajos precios. Belle Isle, el parque público diseñado por el mundialmente famoso Frederick Law Olmsted, se estima en un valor de $370 millones; la colección de 60,000 obras de arte del Instituto de Artes de Detroit (que contiene obras maestras invaluables de Caravaggio, Rivera, Bruegel y Van Gogh) podría venderse por entre 10 y 29 mil millones de dólares; y el sistema de Alcantarillado y Agua de Detroit, localizada junto a la fuente de agua más pura en el planeta, garantizaría ganancias para los inversionistas siempre y cuando tengan el derecho de aumentar las tarifas.

Se trata de una conspiración antidemocrática contra toda la población. De ninguna manera le han dado a este caso los medios de información una reseña objetiva de la evidencia y argumentos legales de las partes de "oposición" por un jurista desapasionado. La parte que tiene todo en juego en el resultado del caso, el pueblo de Detroit, está completamente excluida.

La ciudad está siendo "representada" por un dictador financiero no elegido cuya selección fue resulta haber sido producto de una conspiración contra el pueblo de Michigan por el gobernador Republicano Rick Snyder, el ex tesorero del estado Andy Dillon (un Demócrata y ex banquero de inversiones) y el fiscal de Detroit David Bing. Desde el comienzo, ellos se ingeniaron en usar al tribunal de bancarrota para esquivar a la constitución del estado, que protege las pensiones de los empleados públicos.

Según el testimonio del banquero de inversiones Kenneth Buckfire (contratado por la ciudad para reestructurar la deuda) abogados del Estado y de la firma de abogados Jones Day, donde trabajaba Orr, enviaron a Buckfire mensajes sugiriendo que la ciudad se declarase en quiebra en abril del 2012 antes que el público pudiera opinar con sus votos sobre la ley de Intervención de Emergencias de Michigan.

Nueve meses después Jones Day firmaba un contrato con Detroit. Ahora, 15 meses después de ese mensaje Orr declara la bancarrota, con la excusa que a la ciudad ya no le quedaban opciones y estaba obligada a tomar este último recurso.

El testimonio de Buckfire se añade a las otras evidencias de que todo el proceso es un engaño: desde el evidente conflicto de intereses de Orr, que ahora contrata y paga decenas de millones, a su ex firma de abogados, hasta su reclamo que previo a la declaración de bancarrota se actuó con "debida diligencia" teniendo en cuenta potenciales violaciones de los estatutos de la ley de intervención de emergencia.

El gobierno de Obama intervino en el proceso para dar su sanción oficial a la bancarrota. A comienzos de mes, los abogados del Departamento de Justicia presentaron un documento que tenía como objetivo frenar los desafíos legales. Grupos de jubilados acusan que el decreto de bancarrota es inconstitucional porque viola la soberanía de Michigan y el derechos del Estado de "definir y controlar los actos de sus funcionarios".

Los abogados de la administración Obama han insistido que ninguna violación de la soberanía ocurrió porque el gobernador Ricky Snyder -el principal conspirador detrás de la bancarrota- ha otorgado... ¡"autorización de estado"!

Por su parte, la Federación de empleados publicos (American Federation of State, County, and Municipal Employees, AFSCME), el sindicato automotriz (United Auto Workers) y otros sindicatos actúan en este caso no como representantes de la clase trabajadora sino como "acreedores" que tienen la intención de defender sus capitales y privilegios.

Abogados de los sindicatos y de los comités de jubilados (que en su mayoría consisten de funcionarios de sindicatos) que han sido nombrados por tribunales, han sido los más firmes en exigir que la ciudad venda sus activos públicos, incluyendo las obras de arte de la DIA, como alternativa a la bancarrota. La burocracia sindical estuvo bien dispuesta a llevar acabo una nueva ronda de concesiones de sueldos y de beneficios que fueron rechazadas por Orr.

Aconsejados por su propio equipo de asesores de Wall Street y por su muy bien pagados abogados, lo más importante para la burocracia sindical es controlar sus "vehículos de inversión": los multimillonarios fondos de pensiones que ahora son fuente principal de sus ingresos.

AFSCME y el UAW no han hecho nada para prevenir el despoje de jubilaciones y beneficios de salud; los sindicatos no titubean en sacrificar las pensiones de los trabajadores de la misma manera en que no han titubeado sacrificar otros beneficio en los últimos 35 años. La única condición que demanda la burocracia es una tajada de la riqueza del municipio.

Todos los partidos oficiales vinculados al proceso de bancarrota acuerdan con que la clase trabajadora pague por la crisis que ellos han creado. Repiten una y otra vez que no hay dinero ni para pensiones, ni para servicios esenciales, ni para el derecho a la cultura. Esto bajo condiciones en los que los fabricantes automotrices de Detroit obtuvieron $12 mil millones el año pasado (Ford acaba de anunciar ganancias de 1.43 mil millones en el segundo trimestre de este año). A los banqueros de Wall Street y a los súper ricos les va mejor que nunca.

El poder dictatorial de la aristocracia financiera debe ser quebrado y los bienes mal adquiridos de la élite corporativa y financiera embargadas y utilizadas para garantizar a los trabajadores y a los jóvenes de todos sus derechos sociales necesarios para una vida decente y cómoda en el siglo veintiuno: empleos, viviendas, educación, cuidado a la salud y el acceso a la cultura.

Enorme es el interés de clase trabajadora en el desenlace de esta lucha. Mientras que la administración Obama espera usar a la ciudad como un modelo para escalar su ataque a los trabajadores nacionalmente, la "Batalla de Detroit" puede y debe ser el comienzo de una contra ofensiva de la clase trabajadora.

Hay que rechazar todo el proceso de la bancarrota y construir un movimiento independiente industrial y político del proletariado en contra de los dos partidos del gran capital, de los corruptos y serviles sindicatos y de el sistema capitalista que defienden. Ese movimiento debe tener la misión de la reorganización socialista de la vida económica para satisfacer las necesidades humanas. Ese es el camino de lucha del Partido Socialista por la Igualdad.

Para más información y para participar, haga click en socialequality.com y defendthedia.org.