Cinco años desde el terremoto haitiano

por John Marion
16 enero 2015

Ha pasado un lustro desde el sismo que en el 2010 mató a 230 mil personas; hirió a otras 300 mil; y dejó sin techo a por lo menos 1.5 millones (la mitad de la población de la capital Port Au Prince).

Un informe extenso del Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique y del laboratorio investigativo francés Développement, Institutions, Mondialisation (DIAL) [del Institut de Recherche pour le Développement (IRD)]. 1.6 millones ocupaban viviendas precarias en campamentos en julio del 2010. Hubo al menos una persona con heridas en el veintitrés por ciento de los habitantes de esas villas miserias; el siete por ciento de esos heridos ha quedado discapacitado, con traumas físicos o mentales.

Cinco años después, las estadísticas del gobierno indican que ochenta mil personas siguen sin techo. Esta cifra alarmante no cuenta a miles más que viven bajo toldos precarios en cortadas escondidas, o en casuchas que ellos mismos construyeron cuando se dio el caso de que el dinero de ayuda de Estados Unidos está siendo desviado a contratistas como Chemonics.

En una entrevista reciente en el programa de televisión de Bloomberg llamado “Money Makers,” Laurent Lamothe (otrora primer ministro) alegó que el noventa y siete por ciento de los que habían estado sin techo han sido enviados a los campamentos. Ese número es una exageración. Cuando estaba al mando, la principal preocupación de Lamothe había sido esconder a los sin techo para que no estuvieran a la vista de los centros de recreo y de los turistas adinerados.

En su discurso de renuncia (porque proyecta postularse como presidente) Lamothe hizo alarde de estadísticas del Banco Mundial que indican que la pobreza extrema en la nación en el 2012 fue del 24 por ciento, comparada con el 31 por ciento en el año 2000. El criterio de pobreza extrema es un ingreso de menos de 1.23 dólares diarios. Más de la mitad de los haitianos sobrevive con menos de 2.41 dólares diarios. A través del país más del sesenta por ciento de los haitianos (6.3 millones de personas) vive al borde del hambre. Haití tiene una de las tasas más extremas de desigualdad de ingresos en el mundo.

Para preparar su informe, IHSI y DIAL meticulosamente entrevistaron a 4,980 hogares, métodos estadísticos profesionales. Tan completas eran las entrevistas que los entrevistadores se pasaban el día entero con cada familia.

Sus resultados condenan la respuesta capitalista al desastroso sismo. Sólo el dos por ciento de las familias con viviendas muy destruidas recibió ayuda para remover los destrozos; unas pocas más, el siete por ciento, recibió ayuda para reconstruir. Una fuente mucho más importante de fondos vino de parientes en el exterior, pero sólo el trece por ciento de los hogares recibieron ese tipo de ayuda luego del terremoto. El Banco Mundial informa que el 69 por ciento de las familias recibió ayuda de sus parientes en el exterior, comparado con el 42 por ciento en el 2001.

Según el informe, si uno considera las fluctuaciones en el precio de la moneda, el ingreso medio de las familias que fueron entrevistadas cayó en pique 57.3 por ciento entre el 2007 y el 2012. Hubo una explosión en el número de niños trabajando, muchos bajo condiciones peligrosas. En el 2012, laboraba el veinte por ciento de los jóvenes entre los diez y catorce años de edad, comparado con el un por ciento en el 2007.

Los únicos que no viven hacinados son el veinte por ciento de la población con más ingresos. Las familias pobres (que tuvieron que reconstruir con lo que encontraban) encaran más y más dificultades. El área de tierra disponible no ha aumentado significativamente. Como se puede entender, mucha gente teme construir casas de dos o más pisos. El informe IHSI/DIAL indica que de las cincuenta mil estructuras nuevas construidas entre el 2003 y el 2007, el terremoto derrumbó a treinta y tres mil.

Huracanes, tormentas tropicales e inundaciones han impactado a Haití con mucha fuerza (al igual que el sismo). Una Nota Interina de Estrategia del Banco Mundial (septiembre 2012) indica que el 96 por ciento de los habitantes de Haití está expuesto a esos acontecimientos. Pérdidas causadas por el Huracán Jeanne en el 2004 equivalieron al siete por ciento del ingreso nacional anual (PBI). Tres tormentas en el 2008 (Fay, Gustav y Hannah) causaron en daños el equivalente al quince por ciento del PBI.

La suma de la destrucción causada por el terremoto del 2010 es del 120 por ciento del PBI. El Banco Mundial calcula que la reconstrucción requiere 11.3 mil millones de dólares. Las contribuciones de gobiernos extranjeros subieron. Ahora representan el 16.6 por ciento del PBI, antes eran del 6.7 por ciento.

Contribuyentes internacionales prometieron 10.4 mil millones de dólares para la reconstrucción. El gobierno estadounidense ha presupuestado 3.6 mil millones de dólares. Sin embargo Raymond Joseph, el embajador de Haití en Estados Unidos cuando ocurrió el temblor y que escribe para el Wall Street Journal, le dijo a Bloomberg: “No sabemos a donde fue a parar la plata”.

En esa entrevista, Joseph pretende criticar al gobierno del presidente Michel Martelly, y a los Clintons. Hace hincapié en que Haití ofrece mano de obra barata para compañías extranjeras, aunque critique la forma en que se administra.

El la edición del 9 de enero del Wall Street Journal, en un comentario, Joseph da dos ejemplos: La zona industrial Caracol en la costa norte, y la “villa modele” Lumani Casimir cerca y al norte de Port Au Prince. Los Clintons y Martelly prometieron veinte mil puestos de trabajo en Caracol durante sus primeros cinco años. Hasta ahora sólo una compañía se ha mudado a Caracol, que emplea unos cuatro mil obreros.

En Lumane Casimir, sólo 1,280 hogares están ocupados (el gobierno había prometido tres mil).

Muchos de los hogares construidos con fondos estadounidenses (de USAID) son de baja calidad, dice un reportaje en Boston Review. En Port Au Prince y en el Departamento Norte se prometieron quince mil viviendas. Sólo 900 se habían acabado de construir para enero del 2014. El costo de construcción para cada una aumentó de ocho mil a treinta y tres mil dólares.

En agosto del 2014 una evaluación de 750 de esas viviendas “demostró muchas deficiencias”. Estas incluyen “falta de acopladores de techos, materiales de baja calidad para los techos, y problemas de drenaje”. El Centro de Investigación Económica y de Medidas (Center for Economic Policy Research, CEPR) le pagó 4.5 millones de dólares adicionales a una empresa privada por un plan de remedio. Beth Hogan, una asistente administradora de USAID, a manera de explicar a la Casa de Representantes de Estados Unidos el aumento de costos, culpó a normas de construcción estadounidenses y mundiales.

Hace dos semanas el diario Miami Herald, entrevistó a Islande Lima, quien vive en una de esas viviendas de un dormitorio. “Las puertas y ventanas no son buenas. Las ventanas se desprenden a la menor brisa”, dijo. También señalo resquebrajaduras que aparecieron en la pared apenas se mudó ella.

El CEPR hizo público en abril del 213 un informe que intenta describir en detalle como se había gastado el dinero de USAID. Dado que el gobierno estadounidense mantiene archivos secretos, el CEPR determinó que es “imposible averiguar cuanto se gasta en proyectos específicos, y cómo se están administrando los fondos públicos de Estados Unidos”.

Los documentos que sí logró obtener estaban muy censurados. Para la USAID el necesidad de censura no se debe a la “seguridad nacional” sino de que la información es “propiedad ajena”.

No obstante, el CEPR sí pudo averiguar que Chemonics, el tercer más grande recibidor de fondos de USAID en el mundo, había obtenido contratos para la reconstrucción de Haití por un valor de casi doscientos millones de dólares. Analistas han criticado a esa compañía por no emplear el número de obreros haitianos que exige el contrato.