En la primera semana de enero, la compañía petrolera mexicana estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) cancelaba la perforación y otras subcontratas de servicios externalizados en la zona de Bahía Campeche del Golfo de México, solicitando el despido de 10.000 trabajadores petroleros. Según la agencia Bloomberg, la pérdida de empleos en la región podría alcanzar los 50.000.
Las cancelaciones, que la propia Pemex describió como una medida de "austeridad", expresan su intención de recortar costes de producción ante la caída del precio del petróleo. El precio del crudo mexicano cayó a 48 dólares el barril la pasada semana, el 47% del precio de hace un año.
A pesar de que el Ministerio de Economía mexicano ha fijado los precios de exportación en 76 dólares el barril para el próximo año, el éxito de la posición dependerá de que las contrapartes hagan beneficios. Y después de 2015, los precios de exportación quedarán sujetos a la descontrolada turbulencia de los mercados.
Los recortes en los contratos de servicios anunciados a comienzos de mes están dirigidos a asegurar que las pujas (ofertas de adquisición) emitidas por compañías extranjeras para hacerse con licencias de producción y otros derechos en el mercado de la energía, se ejecutarán bajo la re-estructuración del sector de la energía en México.
Sujeta a la legislación mejicana en materia energética, Pemex conservará cerca del 80% de los activos existentes de gas y petróleo. Las empresas petroleras privadas apostarán por licencias para explotar el resto en subastas programadas, que darán comienzo en julio. Además, Pemex participará en empresas conjuntas de sus propios holdings con compañías privadas.
A pesar del derrumbe del precio del crudo, su director general, Emilio Lozoya dijo el viernes que Pemex continuaría adelante con el calendario de subastas abiertas por derechos de licencia. Lozoya hizo hincapié en su creencia de que los bajos precios de producción mexicanos, alrededor de 22$ el barril, atraerían a los inversores a pesar de la esperada caída durante el presente año—superior al 20%—en los gastos globales en sondeo y producción. El despido de decenas de miles de trabajadores iba dirigido a anunciar a los inversores que Pemex se toma en serio la reducción de costes.
Lozoya dijo a Bloomberg que la compañía pretende recortar sus gastos entre 2.000 y 3.000 millones de dólares este año reduciendo compras y tarifas de contratas.
Lozoya dijo también que Pemex se apresuraría para adelantar sus ofertas de sociedades participadas, y que ofrecería a los socios extranjeros en las sociedades mixtas mayores cuotas que las previamente anunciadas.
Las reducciones de empleo anunciadas eran además críticas para el éxito de la colocación de bonos de deuda que realizó Pemex el jueves 15 de enero por valor de 6.000 millones de dólares, la mayor oferta de bonos en dólares ofrecida este año en el mercado de bonos ligado al dólar, y la mayor oferta de bonos en la historia de México.
La emisión de bonos fue colocada en tres tramos con vencimientos en 2020, 2026 y 2046. Pemex se vio forzada a ofrecer un interés 2,35 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de EEUU para 2020; 3,8 por ciento superior para 2026 y 3,3 por cien superior para 2046. La expansión de la deuda prevista para 2026 era casi un uno por ciento más alta que hace tres meses.
La deuda de Pemex ya alcanzó en septiembre la cifra récord de 74.000 millones de dólares. Para 2015 ha previsto 15.000 millones de dólares en recursos ajenos (endeudamiento neto). Estas son
enormes sumas que colocan a toda la compañía en un considerable riesgo de impago, especialmente dada la inestabilidad de los mercados de crudo.
Históricamente, Pemex proporciona casi un tercio del presupuesto federal de México. En el pasado, el gobierno obtenía estos impuestos de Pemex por medio de tasas y derechos de propiedad, pero esos pagos disminuyeron en un 22 por ciento en 2014. Así que a finales de diciembre, el Ministerio de Economía mexicano tomó sin más 34.000 millones de Pemex. Esto añadió incluso más presión financiera a la compañía y puso al descubierto la inestabilidad que subyace en toda la economía mexicana.
El Secretario de Hacienda de México, Ildefonso Guardado, intentó edulcorar el paro masivo proclamando que las nuevas empresas que participen en la apertura a los mercados del sector energético contratarían a varios miles de nuevos trabajadores en trabajos bien remunerados. Pero de hecho, los recientes despidos son solo parte de un plan más amplio para cargar los costes de la reestructuración del sector de la energía en las espaldas de los trabajadores.
Una pieza clave de esos ataques implica la intención de recortar las pensiones sin fondos de los trabajadores del petróleo, que el ministro de Economía Luis Videgaray ha fijado en 129 mil millones de pesos, el 1% del PIB. Algunas de esas cargas se transferirán al gobierno federal. La cantidad actual depende de en qué medida Pemex y el sindicato de trabajadores petroleros acuerden reducir estas obligaciones. Esto implica elevar la edad de jubilación de los trabajadores de 55 a 65 años y la disminución de otros beneficios, además de otras medidas.
El sindicato de trabajadores petroleros es notoriamente corrupto. Su dirigente, Carlos Romero Deschamps, no oculta su ostentoso estilo de vida. Según publicaciones en Facebook, a su hija le gusta volar en jet alrededor del mundo y coloca sus bulldogs de compañía en hoteles de lujo.
El respaldo a las reformas energéticas permitió a los burócratas del sindicato continuar su pillaje. Sin embargo, el gobernante PRI ha rehusado aguar la llamada a recortar pensiones. Esto dejará a los jefes del sindicato ante unos afiliados cada vez más enfadados.
Entretanto, el ministro de finanzas Videgaray dijo en la radio mexicana la semana pasada que la caída del precio del crudo forzaría probablemente al gobierno a reducir gastos públicos en las cuentas del año próximo. "Tenemos que ir preparándonos para el ajuste" dijo. "Eso nos deja solamente una opción, que es reducir el gasto público". [n.t. El 30 de enero el Ministro de Economía Luis Videgaray ha anunciado un recorte “preventivo” del gasto público de 124 mil millones de pesos, 0,7 por ciento del producto interno bruto (PIB)].
Con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto afrontando una masiva oposición social desatada como consecuencia del rol que el Estado ha jugado en el asesinato y desaparición de los estudiantes que protestaban en el estado meridional de Guerrero, la perspectiva de enormes reducciones de empleo y el recorte del gasto público plantean un devenir aún más explosivo de la lucha de clases en México.