Los mineros en huelga del centro minero al sureste de Potosí libraron batallas campales con la policía antidisturbios en la capital boliviana de La Paz, el miércoles 22 de julio después de la rápida y acrimoniosa disolución de una sesión de negociación con los ministros del gobierno.

Los mineros, junto con otros residentes de Potosí, una ciudad de 200.000 habitantes, han estado en huelga desde el 5 de julio, exigiendo que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales cumpliera con sus promesas de la campaña electoral para poner en marcha proyectos de desarrollo económico en la empobrecida región.

Los representantes del Comité Cívico de Potosí se retiraron de la sesión de negociación pocos minutos después que los ministros del gobierno rechazaron sus demandas de que las deliberaciones sean transmitidas en vivo por los medios de difusión estatales y privados, y sin que el presidente Morales firmara ningún acuerdo.

Cuando los delegados salieron del edificio del Ministerio del Interior, donde se habían programado las conversaciones, cientos de mineros enojados estallaron en señal de protesta, lanzando pequeñas cargas de dinamita al edificio y arrojando piedras y explosivos contra la policía antidisturbios. La policía atacó a los mineros con gases lacrimógenos y escopetas. Al menos dos mineros sufrieron heridos con perdigones.

Las autoridades gubernamentales informaron que varios edificios fueron dañados en el enfrentamiento, y se incendió parte de los terrenos de la embajada alemana.

Al final del día, al menos 44 manifestantes (un diario La Paz calculó 52) habían sido detenidos y se encontraban encarcelados una unidad élite de la policía. Los líderes del comité cívico dijeron que no iban a negociar con el gobierno hasta que la totalidad de sus miembros fueran liberados.

El enfrentamiento es el más violento y amargo que Bolivia ha presenciado desde que Evo Morales llegó al poder en 2006, prometiendo reforma agraria, redistribución de la riqueza, nacionalizaciones de los recursos de petróleo y gas y un gobierno de la mayoría indígena del país.

A pesar que un prolongado auge de precios en los sectores energía y materias primas proporcionó al gobierno los recursos para llevar a cabo programas de asistencia social mínimas, Bolivia siguió siendo el país más pobre del continente sudamericano, con un 58 por ciento de la población con "pobreza multidimensional" (categoría que toma en cuenta vivienda, salud y otros índices a diferencia de únicamente tomar en cuenta los ingresos).

Al menos 65 por ciento de la población trabaja en el sector informal, que incluye la mayoría de los mineros del país, que han formado cooperativas de la minería de subsistencia. Hubo un tiempo en que los mineros eran la mayor y más poderosa sección la clase obrera boliviana. Jugaron un papel decisivo en la revolución de 1952, y también en una serie de luchas sociales posteriores. A mediados de la década de 1980, el gobierno cerró la mayor parte del sector minero de propiedad estatal y despidió a tres cuartas partes de los trabajadores de las minas, al paso que los recursos de Bolivia se privatizaban rápidamente.

El auge de los precios de productos básicos, impulsado en gran medida por la expansión de la economía china, sirvió de base para una alta tasa de crecimiento promedio anual de Bolivia, para mayor empleo y para el aumento de los niveles de vida para los mineros del país. Con el declive de la demanda y de los precios de materias primas, estos beneficios colapsan en toda América Latina, y en Bolivia las consecuencias impulsan esta detonación en las calles.

Los huelguistas de Potosí demandan que el gobierno cumpla con las promesas de construir hospitales, aeropuertos, fábricas y otras instalaciones para proporcionar una base estable de empleo en la región. La protesta ha contado con un amplio apoyo popular, aun cuando las cosas se hacen más difíciles porque con la ciudad bloqueada escasean alimentos y medicinas, y los cajeros automáticos se quedan sin dinero en efectivo.

Morales, cuya elección fue aclamada por las capas seudoizquierdistas en Europa y América del Norte como un nuevo camino hacia el socialismo, ha rechazado con odio a los huelguistas, llamándolos "traidores", con lo que la derecha política busca sembrar divisiones para que el imperialismo saquee los recursos de Bolivia.

La realidad es que Morales no necesita ayuda de nadie. En su tercer mandato, el MAS ha incorporado a la vieja derecha política que se basa en la agroindustria y a la aristocracia ganadera de Santa Cruz, que ahora lo ven como un custodio viable de sus intereses y cuyos candidatos en muchos casos, están representados por el MAS.

En lo que respecta al capitalismo de Estados Unidos, el gobierno de Morales recibió recientemente un certificado de buena salud de la agencia calificadora de crédito, Fitch, que mejoró la calificación de Bolivia a "BB+” de la anterior "BB-", aduciendo que el país tiene una perspectiva estable y que de Morales, no obstante las "pretensiones socialistas” de el mandatario, está disponible a la explotación por las empresas transnacionales y los bancos.

"Se han reducido la incertidumbre regulatoria y los riesgos de nacionalización ", dice Fitch. "El gobierno y las empresas acordaron reformas al régimen de inversión que faciliten la participación privada en sectores que no están sujetos al control del Estado... Las autoridades detuvieron las nacionalizaciones en 2013 y pagaron US$ 690 millones (el 2 por ciento del PIB) en compensación a las empresas multinacionales afectadas”.

Hasta qué punto el gobierno de Morales se prepara para levantar las restricciones a la explotación extranjera de los recursos de Bolivia, fue explicado por el propio presidente el martes 21 de julio, cuando se dirigió al Quinto Congreso de Petróleo y Gas Internacional convocado por la compañía energética estatal boliviana YPFB.

Anunció que permitirá a los conglomerados internacionales de energía iniciar una agresiva exploración de petróleo y gas dentro de los límites de siete parques nacionales de Bolivia, supuestamente creados para proteger el medio ambiente nacional del país, así como los derechos de su población indígena.

"Hemos tomado una decisión", dijo a los asistentes al Congreso, que incluyó a representantes de al menos 25 empresas petroleras extranjeras."Es nuestro derecho realizar la exploración de las áreas protegidas, y vamos a hacerlo de manera agresiva." Morales también ha emitido un decreto que permite el desvío de agua de la agricultura campesina a las operaciones mineras e iniciado estudios para evaluar la rentabilidad de fracking para explotar depósitos de gas en el país. Todo esto de la boca de un presidente que en el escenario mundial ha fingido ser campeón del medio ambiente.

Todas estas medidas, destinadas a mantener las tasas de crecimiento y preservar los intereses del capital nacional e internacional, están creando las condiciones para una erupción de la lucha de clases en Bolivia.