Dieciocho docentes fueron arrestados en Chiapas el 15 de abril mientras manifestaciones contra la implementación de una reaccionaria ley de reforma educacional ocurrían por todo el suroeste de México. El sábado, los diez hombres y ocho mujeres fueron enviados por avión a una prisión en Tepic, Nayarit, donde siguen detenidos, acusados de delitos federales.

Los arrestos fueron parte de una abrumadora muestra de fuerza policial contra los miles de maestros que marchaban en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz. Los educadores habían puesto barricadas en carreteras de varias ciudades y prendido fuego al ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Las protestas tienen como objetivo prevenir la implementación de una reaccionaria reforma educativa que el gobierno federal aprobó en el 2013. Hasta el momento la amplia oposición a las reformas entre los docentes ha impedido la actualización de ese programa de reforma, que revoca el derecho de los trabajadores de contratar y despedir y otorgándoselo al gobierno. También establece un mecanismo para evaluar a profesores y facilitar despidos masivos; crea un sistema de supervisores para monitorear y espiar a los trabajadores de educación y descentraliza el financiamiento.

Los docentes rechazaron de plano el paquete de ley de reformas cuando las propuso el presidente Enrique Peña Nieto en el 2012 y. En mayo y junio del 2015, el gobierno federal fue incapaz de imponer los exámenes a profesores debido a las protestas y ha estado intentando hacerlo desde entonces.

El estallido de las manifestaciones fue provocado cuando la legislatura estatal de Oaxaca se reunió el sábado 7 en una reservada sesión de medianoche para aprobar a la fuerza una nueva serie de reformas que tienen como objetivo poner a las leyes de educación del estado en sintonía con las nuevas reformas federales.

Miles de policías armados fueron movilizados contra los docentes el viernes 13 en batallas callejeras contra profesores, armados éstos sólo con piedras y huevos. Tan sólo en San Cristóbal de las Casas 1.000 policías federales, 400 policías estatales y 100 agentes especiales hirieron a docenas de maestros en la represión.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió a las manifestaciones afirmando que la mayoría de clases no habían sido canceladas y de que la mayoría de profesores permanecieron en sus trabajos.

Sin embargo, la clase gobernante mexicana está bien consciente del creciente descontento popular contra la amplia desigualdad, la corrupción y la violencia estatal y teme la posibilidad de que la oposición a las reformas de educación puedan hacer estallar un mayor descontento social. Una columna de opinión del 13 de abril en el diario Excélsior tomó nota, con preocupación, de que "las derrotas legales y políticas pueden incitar a los extremistas —o a quienes ya tienen poco que perder— a radicalizarse, como en Guerrero".

El estallido de protestas docentes toma lugar en un tiempo peligroso para el gobierno de Peña Nieto que, según una reciente encuesta es la administración más impopular en 20 años, con el apoyo de tan sólo 30 por ciento de los mexicanos.

Las manifestaciones docentes siguieron a las protestas de la semana pasada de estudiantes normalistas en el estado de Michoacán. El 12 de abril, estallaron batallas callejeras entre jóvenes y policías antidisturbios atacaron un bloqueo en una carretera que los normalistas habían establecido. Cuatro policías y varios estudiantes fueron heridos en la confrontación.

Existen sectores de la clase gobernante mexicana que proyectan sumir la larga oposición de los profesores al sistema burgués. El 21 de marzo, el liderazgo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) finalizó un acuerdo con el líder del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y ex-alcalde de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador por mucho tiempo ha sido un pararrayos de oposición social en México y sus maniobras políticas sirven como un método clave que la clase gobernante usa para difuminar a las tensiones sociales y prevenir a la revolución social. La alianza entre el CNTE y Morena intenta dar a López Obrador un mayor espacio para maniobrar y canalizar la oposición a la reforma educacional hacia la campaña electoral del 2016 de Morena en el estado de Oaxaca.

Anunciando el acuerdo, López Obrador hizo declaraciones vacías y demagógicas contra la reforma educativa de Peña Nieto y proclamó que la alianza CNTE Morena "enfurece a la mafia del poder". López Obrador propone la elección de un "gobierno democrático" dirigido por su partido. Tal gobierno, según López Obrador, pondría en marcha un plan de reforma compuesto del gobierno estatal de Oaxaca y del CNTE, conocido como el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO).

En el 2010, el CNTE apoyó a Gabino Cue, candidato del Movimiento Ciudadano, quién ganó las elecciones gubernamentales en Oaxaca en el 2010 y para después ayudar al gobierno federal hacer pasar su plan de reforma educacional en Oaxaca. El CNTE considera que Cue es un "traidor", cosa que no es más que un intento de encubrir sus propios acuerdos corruptos con la clase gobernante mexicana. Esos acuerdos tienen como objetivo proteger las cuotas que recibe de los empleados de educación y asegurar que la militancia de sus miembros se mantenga dentro de límites aceptables.

Los educadores mexicanos, especialmente en las regiones pobres del suroeste tienen una larga historia de lucha. Durante la huelga docente del 2006, la policía abrió fuego contra los huelguistas que tomaban parte en manifestaciones no violentas, detonando una masiva oposición social. El gobierno mexicano respondió don escuadrones de muerte y organizó la intervención del ejército para aplastar la huelga, dejando muertos a 27 profesores y manifestantes.

La clase gobernante mexicana, con el apoyo de sus amos imperialistas de Estados Unidos, prepara similares masacres en estos días. Los intentos del gobierno de enmendar el artículo 11 de la Constitución para otorgar al presidente el poder de imponer la ley marcial para aplastar huelgas y protestas, y la aprobación de la Ley Atenco en el Estado de México develan cómo la clase gobernante responde y responderá a la protesta social.

Los docentes mexicanos no pueden confiar que algún sector de una clase capitalista acostumbrada replicar a sus protestas con balas y bombas ahora cambie la educación con planes de reformas como el PTEO. A pesar de toda su fraseología populista, López Obrador sólo sirve para sembrar ilusiones en el sistema político burgués contraponiendo su llamado por un gobierno burgués "democrático" con el gobierno de la actual "mafia de poder" –frases sin sentido que enmascaran el carácter de clase del estado mexicano y sirven para desarmar a los trabajadores, allanando el camino para futuras masacres a manos del estado.

Los educadores mexicanos y normalistas no carecen de militancia o coraje, pero ante la ausencia de un partido político socialista e independiente de la clase trabajadora, se encuentran indefensos ante las traiciones del CNTE por un lado y los ataques del ejército y la policía, por el otro.