Los residentes del estado del estado de West Virginia encaran ahora un enorme esfuerzo de limpieza y reconstrucción como resultado de las crecidas que mataron por lo menos a 23 personas y destruyeron o dañaron miles de hogares, puentes y calles. Desde el martes 28 de junio, cientos de personas han estado viviendo en refugios de emergencia, siete mil están sin electricidad, y las autoridades de salud hacen advertencias sobre los peligros del agua de pozo contaminada y sobre los mosquitos portadores de enfermedades.

Como en desastres previos, la declaración de un estado de emergencia por parte del presidente Obama proveerá una ayuda mínima y los que tratan de reconstruir sus vidas se enfrentarán a la indiferencia burocrática de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ( Federal Emergency Management Agency, FEMA ) y a las objeciones de las aseguradoras privadas a sus demandas.

El detonante inmediato de las inundaciones fueron las precipitaciones récord, llamadas un “evento de uno de cada mil años” por el Servicio Meteorológico Nacional ( National Weather Service ). Sin embargo, al igual que todos los desastres naturales, la magnitud de los daños y su impacto humano se determinaron por las condiciones sociales y políticas que son de origen humano.

Las víctimas de tales catástrofes son principalmente la clase obrera y gente pobre que vive en los hogares y comunidades más vulnerables. West Virginia es el segundo estado más pobre de Estados Unidos, sólo por detrás de Mississippi. Después de extraer grandes fortunas de la labor de generaciones de mineros, las grandes corporaciones de energía y los empresarios de carbón han dejado a West Virginia en un estado de ruina económica, social y ambiental.

El rey carbón ( King Coal ) durante mucho tiempo dominó la estructura política del estado –con la asistencia de políticos de los partidos Demócrata y Republicano. Un gobernador tras otro premió a las compañías de carbón con recortes de impuestos e hizo la vista gorda cuando éstas flagrantemente violaban las normas ambientales y de seguridad laboral. Apenas el mes pasado, la legislatura estatal votó para recortar millones del presupuesto, incluyendo un dos por ciento en todos los niveles de los programas de protección del medio ambiente que ya sufren de financiación insuficiente.

Después del desastre de Buffalo Creek en 1972 —donde murieron 125 hombres, mujeres y niños— los ingenieros civiles y las organizaciones medioambientales han cautelado que la deforestación causada por la combinación de operaciones de minería a cielo abierto y operaciones de tala comercial habían vuelto a las laderas de las montañas y a las comunidades en sus hollows (valles) mucho más susceptibles a los letales deslizamientos de tierra y a las inundaciones. Estas advertencias han sido ignoradas por mucho tiempo y muchos de los condados más afectados por las inundaciones de la semana pasada han sido los más fuertemente minados y talados.

Han pasado casi 11 años desde que el huracán Katrina, el desastre natural más costoso en la historia estadounidense. El huracán, y la ruptura de los diques que protegían Nueva Orleans, destrozaron los barrios de pobres y de clase obrera y mataron a casi dos mil personas en Luisiana, Mississippi y otros estados. El desastre develó el nivel criminal de abandono de la infraestructura básica, en ese entonces supervisado por la administración Bush, y la pobreza extrema que afecta a millones de estadounidenses.

Las condiciones sociales manifestadas por las inundaciones en West Virginia no son menos terribles que las del Lower Ninth Ward [un vecindario de Nueva Orleans], donde muchos perecieron. Si no fuese porque tiene una población menos densa, la pérdida de vida en las zonas de inundación golpeadas por las inundaciones pudo haber sido tan grande como la de Nueva Orleans.

Las inundaciones de West Virginia han revelado una vez más la realidad básica de la vida de Estados Unidos: el inmenso abismo social que separa a la clase de obrera —de toda razas y grupo étnicos— de la élite empresarial y financiera que controla al sistema político. Estas condiciones se han agravado enormemente desde la crisis financiera del 2008, que coincidió con la llegada al poder del presidente Barack Obama.

Este abismo de clase, intensificado por la cada vez mayor desigualdad social, domina al sistema capitalista internacional. Según el Reporte de Riqueza Mundial ( World Wealth Report) del 2016 recientemente publicado por la compañía consultora Capgemini, el número de individuos de Alto Valor Neto (AVN) en América del Norte (aquellos con activos líquidos de $1 millón o más) "creció un 8,3 por ciento a 4,68 millones y su riqueza un 9,1 por ciento a US $16,2 mil de dólares, impulsado en gran parte por el desempeño sólido del mercado de valores." El valor neto de estos individuos abarcaría cinco veces la cantidad del monto que la Asociación Americana de Ingenieros Civiles ( American Civil Engineer Society ) dice que los EE.UU. tendría que gastar antes de 2020 para reconstruir las preseas, diques, escuelas y otras infraestructuras estadounidenses críticas que están en descomposición.

En West Virginia, unos 11.000 mineros han perdido sus puestos de empleo desde el 2013. En muchos pueblos mineros abandonados, entre la mitad y tres cuartas partes de la población masculina se encuentra sin empleo. Condiciones similares prevalecen en todo el país. Mientras tanto, Obama sigue declarando que la vida en Estados Unidos es "bastante buena” y los trabajadores tienen nada de que quejarse.

La ira social sobre estas condiciones comienza a adoptar una forma política. En la elección preliminar de West Virginia del mes pasado, Bernie Sanders — quien se describe a sí mismo como un socialista y quien centró su campaña para la nominación presidencial demócrata en la desigualdad social y en la denuncia de la "clase multimillonaria"— derrotó a Hillary Clinton por un margen de 51,4 a la 35,8 por ciento. Sanders obtuvo márgenes mucho más altos en los condados más pobres y entre los jóvenes que buscan una alternativa anticapitalista a las dos partidos de las corporaciones masivas.

Esta radicalización política va en contra de la presentación oficial de la "clase obrera blanca" por el New York Times y otros portavoces de medios de comunicación del Partido Demócrata, que calumnió a los trabajadores de West Virginia como "racistas” tras la victoria de Donald Trump en la elección preliminar republicana del estado.

Como explicó el World Socialist Web Site en el momento, si sectores de los mineros y otros fueron susceptibles a la demagogia del magnate multimillonario de bienes raíces, fue porque las luchas en que participaron durante décadas han sido traicionadas por United Mine Workers (UMWA) y porque están profundamente alienados del Partido Demócrata, que combina ataques implacables a sus puestos de trabajo y los niveles de vida con la política de raza y de género y denunciaciones del supuesto "privilegio blanco".

Ahora que Sanders ha efectivamente terminado su campaña y se prepara para respaldar a Clinton, el Times & Co. están intensificando sus propias campañas para censurar a los trabajadores blancos, insistiendo que todos los temas deben ser considerados desde el punto de vista de la raza y de género, y enterrando el tema de la desigualdad social y las cuestiones fundamentales de la clase. Lo hacen incluso a medida que promueven a un derechista candidato demócrata y militarista que personifica la relación corrupta entre el sistema político y Wall Street .

West Virginia tiene una larga historia de intensos combates que datan desde su fundación por la rebelión de los agricultores pobres contra los dueños de esclavos en Virginia y que se extienden a las Guerras de Minas ( Mine Wars ) casi insurreccionales de los años 1920 y 1930 y las huelgas masivas de los años 1960 y 1970. Estas últimas culminaron en la huelga de 111 días de 1977 a 1978, cuando los mineros desafiaron la orden de retorno al trabajo del presidente demócrata Jimmy Carter. Pero los mineros han sido privados de sus derechos políticos por mucho tiempo a causa de la subordinación por el UMWA de la clase obrera al Partido Demócrata. Evidencia del carácter antiobrero de la UMWA es su actual apoyo a la campaña para gobernador del demócrata Jim Justice —un magnate del carbón y el hombre más rico del estado, que “vale” $1,6 mil millones.

Durante los últimos siete años y medio, el presidente Obama ha vertido miles de millones de dólares en rescates bancarios, guerras interminables, y programas de seguridad nacional para espiar a al pueblo estadounidense y para armar a la policía con armas de grado militar con el objetivo de suprimir el descontento social. Como resultado, el pueblo estadounidense nunca ha estado tan económica y socialmente inseguro y vulnerable a los desastres como las inundaciones en West Virginia.