La policía peruana desató una violenta represión la semana pasada contra las manifestaciones que estallaron en Lima, la capital del país, sobre tarifas de peaje vehicular recientemente impuestas sobre la carretera principal que une a los pobres distritos de la clase obrera del norte con el centro de la ciudad.

El distrito de Puente Piedra fue el centro de los enfrentamientos por el nuevo programa de cobranza de peaje introducido en la Carretera Panamericana. Los residentes de la zona no tienen otra alternativa que pagar el peaje para viajar incluso distancias cortas dentro de su vecindario. El dinero recaudado va a las manos de corporaciones privadas son dueñas de ese tramo de la Panamericana.

Los nuevos peajes elevan a 10 soles, o US $ 3,03, la tarifa de ida y vuelta por viajar hasta menos de un kilómetro en la carretera donde, según los manifestantes, el proyecto de construcción aún no ha sido completado. Diez soles corresponden a dos veces y medio el salario mínimo por hora. Las protestas se iniciaron en agosto del año pasado, pero hasta hace menos de un mes fueron ignorados por las autoridades.

La nueva ola de manifestaciones comenzó el 5 de enero, cuando cientos de manifestantes bloquearon la carretera, destruyeron las cabinas de peaje, quemaron neumáticos y se enfrentaron contra la policía antimotines. La marcha más grande ocurrió el 12 de enero; unos 5.000 manifestantes salieron a las calles con letreros que decían "No a los peajes" y "Abajo la corrupción". Encararon un contingente de 2.000 policías respaldados por carros blindados, que arrojaron gas lacrimógeno y dispararon balines de caucho contra la multitud.

Testigos presenciales informaron que un individuo desconocido entre los manifestantes lanzó un cóctel molotov (una botella llena de gasolina y un paño encendido) contra la policía. Los policías esperaron a que los manifestantes, la mayoría de ellos jóvenes, llegaran a unos metros de sus líneas para abrir fuego, lanzando latas de gas lacrimógeno y disparando balines de goma, para maximizar las lesiones infligidas a la multitud. Esa táctica llevo a muchos a creer el lanzamieno de la molotov fue por un agente encubierto de la policía con el objeto de crear el pretexto para la represión.

Un niño de cinco años murió durante las protestas, cuando se bajó de su bicicleta para ver los eventos y fue atropellado por un vehículo.

Hubo heridos en ambos lados, y más de 60 personas fueron arrestadas y transportadas a la fiscalía en autobuses de la policía. Entre los detenidos hubo tres mujeres y seis niños; estos últimos fueron liberados rápidamente.

"El Ministerio Público solicitó el viernes tres meses de detención preventiva para 58 personas detenidas", informó el diario Correo. Sin embargo, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, hablando en nombre del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), destacó que no todos los detenidos eran delincuentes.

La enorme manifestación de la semana pasada estalló a pesar del anuncio del gobierno local de la suspensión de un mes del cobro de los nuevos peajes y la afirmación de que se estaba buscando una solución alternativa. La acción produjo una declaración de Walter Gutiérrez, de la defensoria del pueblo, pidiendo una renegociación del contrato cediendo el camino a las corporaciones multinacionales.

Susana Villarán, la entonces alcaldesa de Lima (que logro su elección gracias al respaldo de la pseudo-izquierda peruana) firmó el contrato de concesión en 2013 con el gigante brasileño de la construcción, Odebrecht. A cambio de la construcción en la Panamericana se acordó construir vías alternativas y puentes peatonales para que los vecinos no necesitaran pagar peaje para trasladarse de un lugar a otro dentro de la zona denominada Cono Norte, todo parte de la operación de la filial de Odebrecht, “Rutas de Lima”.

Desde entonces, el CEO de Odebrecht ha sido encarcelado en relación con el enorme escándalo de lavado de dinero (‘Lava Jato”) que involucra a la petrolera estatal brasileña Petrobras. Oderecht acordó pagar una multa de 3.500 millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por haber sobornado a funcionarios gubernamentales alrededor del país y por todo el mundo. Esto incluye un $ 29 millones en sobornos a funcionarios peruanos durante recientes presidencias –las de Alejandro Toledo, Alan Garcia y Ollanta Humala.

Posteriormente, Odebrecht vendió una participación mayoritaria en ‘Rutas de Lima’ a Brookfield, una corporación canadiense de administración de activos transnacionales, con una participación del 18 por ciento para la firma financiera peruana Sigma.

El actual alcalde de Lima, Luis Castañeda (del Partido Solidaridad Nacional), ha insistido en que los peajes deben ser implementados bajo los términos del contrato negociado por su predecesora.

La participación de Odebrecht y de las dos firmas de inversión financiera y las declaraciones a favor del gobernante peruano profundizan el enojo popular y suscitan preocupaciones. Es por esta razón que el Ombudsman, varios periodistas de televisión e incluso el jefe reaccionario de la Iglesia Católica fingen preocupación por los peajes y la represión policial.

Desde que éste llegó al poder en julio 2016, se han desplomado el apoyo popular hacia el presidente Kuczynski, quien durante dos gobiernos anteriores fue ministro y ocupó puestos públicos y quien hizo una fortuna como banquero de inversiones en Wall Street. Kuczynski había prometido liderar un gobierno tecnocrático que impulsaría a la mermada economía peruana. Las encuestas más recientes indican un 43 por ciento de apoyo al presidente —en comparación con el 63 por ciento de septiembre. Un 45 por ciento desaprueba.

El mismo Kuczynski está enredado en el escándalo de Odebrecht, tanto como ministro de economía y finanzas y más tarde primer ministro en el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo. En 2006, como primer ministro, firmó una ley dando permiso a Odebrecht licitar y ganar contratos para construir dos autopistas, levantando la prohibición contra la empresa debido a problemas derivados de un proyecto anterior. PPK debe declarar en la actual investigación del Ministerio de Justicia sobre el escándalo de sobornos de Odebrecht.

El caso de Alex Kouri, ex gobernador de la provincia de Callao que fue encarcelado el año pasado por un esquema de licitación involucrando el establecimiento de garitas de peaje “fantasmas” cuyos ingresos iban a su propio bolsillo, alimenta la sospecha popular de que la corrupción gubernamental juega un papel en la imposición de los peajes en Puente Piedra.

Mientras que la calma regresó a la zona el viernes, un reportero de noticioso de ATV, Aquí y Ahora, descubrió que la policía se desplegaba a intervalos regulares en la autopista, con cuatro autobuses en Puente Piedra listos a ser usados si regresaban los disturbios. A pesar de la anulación temporal de los peajes, la ira sigue cernida y otra manifestación se ha convocado para el 19 de enero. Más enoja a la gente un fuerte aumento en las tarifas de transporte desde que se impusieron los peajes.

La lucha contra los aumentos de peaje en Lima es similar, aunque por el momento en menor escala, al "gasolinazo" mexicano; los trabajadores de este país se han levantado en masa en protestas nacionales contra el fuerte aumento de los precios del combustible impuesto por el gobierno de derecha del Presidente Enrique Peña Nieto.

Al igual que en México, la reacción del gobierno peruano ha sido un aumento de la represión. El general Gastón Rodríguez, jefe de la Policía Nacional, dijo al periódico Correo: "Se reclutaron jóvenes policías porque teníamos información de que parte de los infiltrados o parte de la población que pudiera iniciar esta situación de agresión eras jóvenes. Por eso hemos seleccionado dentro del grupo Terna a los suboficiales más jóvenes y más físicamente preparados para contrarrestarlos”.

Terna, "La Compañía de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional", se especializa en la recolección de información sobre las legítimas protestas del pueblo peruano y en enfrentarse a ellas.

Estas declaraciones son una indicación de que el gobierno de PPK, con la colaboración de los partidos de derecha, principalmente el fujimorista Fuerza Popular que controla de congreso nacional, está preparando las fuerzas represivas para hacer frente a un levantamiento más generalizado de la clase trabajadora en el Perú con el pretexto de combatir la delincuencia. Se estima que el número de conflictos sociales en áreas rurales, principalmente en torno a proyectos mineros que involucran inversión extranjera, es mayor a 200 por mes.