En la primera parte de este reportaje, el WSWS habló con Victoria, una joven migrante que fue detenida con sus dos hijos cruzando la frontera desde México. Esta segunda parte examina el riesgo de morir en el recorrido, las dificultades de conseguir ayuda legal y la superexplotación laboral que llega a caracterizar la vida de los obreros inmigrantes en Estados Unidos.
Muchos inmigrantes consideran que necesitaron suerte para cruzar el desierto de la frontera con Estados Unidos. Enrique Morones, el fundador y director de Ángeles de la Frontera, un grupo sin fines de lucro, le relató al World Socialist Web Site la historia de un joven inmigrante:
Marco Antonio Villaseñor tenía cinco años cuando murió cruzando a Texas con su padre. Le pidió a su padre, “¿Puedo tener algo de agua?”, pero su padre no le dio agua. Uno por uno, les pidió a los otros dieciocho hombres que viajaban con ellos, pero ninguno de ellos le dio agua. ¿Sabes por qué? Estaban todos muertos. Todas estas personas, incluyendo a Marco, murieron sofocadas en la parte trasera de un semirremolque en mayo del 2003.
Acontecen muchas de estas historias de terror a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, cuyo entorno y clima son tan inhóspitos que los oficiales fronterizos frecuentemente tienen dificultades identificando los restos de los migrantes que mueren por agotamiento a causa del calor o la deshidratación.
Morones explicó que, desde que el presidente Bill Clinton implementó la Operación Gatekeeper en 1994, aumentando el patrullaje, sensores y barreras físicas en la frontera, han perdido la vida once mil inmigrantes. El plan se inició con la intención de frenar toda inmigración en las ciudades fronterizas; sin embargo, las insoportables presiones económicas hicieron que millones siguieran intentando cruzar, pero a través del desierto. En comparación, alrededor de 150 personas murieron en total tratando de cruzar el muro de Berlín entre Alemania Oriental y Occidental, en un lapso de tres décadas.
“La frontera entre México y Estados Unidos tiene 2.000 millas [3.200 km] de largo y una tercera parte — 700 millas [1.100 km] — ya tienen un muro”, indicó Morones. Añadió luego: “No hay visas, por lo que las personas no tienen otra opción más que cruzar fronteras para alimentar a sus familias, no sólo en EE.UU., sino en todo el mundo. El noventa por ciento de las personas que mueren no tenían los requisitos para una visa. La lista de espera para una visa puede ser de veinte años o más”.
Las políticas migratorias estadounidenses no son las únicas responsables de las muertes en el desierto: “Las personas que huyen de América Latina lo hacen debido a EE.UU. y el papel que ha desempeñado en la región por varias décadas”, señaló Morones. “Pasa lo mismo con los inmigrantes de Iraq y Siria. EE.UU. es en gran medida responsable de esa situación, pero el gobierno estadounidense no los recibe. Desde que Trump tomó el poder, ha sido una locura. Ha habido un aumento en los crímenes de odio contra inmigrantes y hay un miedo tremendo en la comunidad. Los inmigrantes están llegando a nuestras oficinas en masa porque no saben qué pueda acontecer”.
El gobierno patrulla las fronteras con una crueldad que es comparable a la de las fuerzas de ocupación israelíes en Cisjordania y Gaza. Un residente de un pueblo fronterizo le comentó al WSWS que el sheriff del condado motiva a los locales a “dispararles a los migrantes y tirar sus cuerpos al río”.
Viajando cerca de la frontera, los reporteros del WSWS fueron testigos de lo que dejó una persecución a alta velocidad de la Patrulla Fronteriza. Dos inmigrantes que intentaban escapar murieron en la escena después de ser expulsados veinte metros de sus carros.
Los nuevos decretos de Trump establecen que los inmigrantes capturados en el desierto deben ser detenidos en prisión incluso cuando adjudican sus solicitudes de asilo y protección. A la mayoría de los inmigrantes los planean deportar sin poder presentarse ante un juez. Serán pocos los “afortunados” que dejen libres dentro de Estados Unidos.
La hermana Norma Pimentel es la directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande que le ha prestado asistencia a decenas de miles de inmigrantes recientemente liberados de los centros de detención. La entrada de inmigrantes se ha disminuido notablemente desde la elección de Trump, comentó.
“Nuestra organización se ocupa de personas que llegan a las estaciones de autobús después de ser liberadas, sin dinero ni comida. Están deshidratados, los niños tienen hambre y están agotados y sucios”, le dijo al WSWS .
La hermana Pimentel señaló que la elección de Trump provocó una respuesta generalizada de parte de los trabajadores en el sur de Texas queriendo ayudar a los migrantes. “En las últimas dos o tres semanas han llegado trecientos inmigrantes por día. La respuesta de la gente, de gente pobre que quiere ayudar, ha sido extraordinaria. El Valle del Río Grande es una de las zonas más pobres de Estados Unidos, pero aun así, la gente está dispuesta a dar lo que pueda, y no sólo hispanos sino que hemos recibido ayuda de todo el país, de personas blancas que son ciudadanos estadounidenses”.
Los migrantes llegan al centro de Pimentel con el corazón en la mano, sintiendo que acaban de escaparse de la muerte. Ella narra que una vez habló con un padre, “un hombre grande que vino con su hijo, y le pregunté, ‘¿Cómo estás?’. Y este hombre grande y fuerte empezó a llorar como un niño. Dijo: ‘Fue tan difícil, tan duro, el viaje desde mi país y todo por lo que pasamos’. Estas personas no tienen ninguna otra opción más que huir. Es devastador”.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los inmigrantes es obtener representación legal. A diferencia del sistema penal estadounidense, el procesamiento de inmigrantes no establece el derecho a una representación legal gratuita, a pesar de que la deportación es a menudo más severa que las condenas criminales. Contratar a un abogado puede ser costoso, hasta cinco mil o seis mil dólares para solicitar asilo y ser representado en la corte.
Los inmigrantes que no pueden pagar un abogado de calidad a menudo recurren a notarios que les mienten que son abogados, llenándoles papeles falsos y fugándose con el dinero, lo cual puede dañarles irreparablemente sus casos legales.
Conseguir asilo es extremadamente difícil. Por ejemplo, los cinco jueces de inmigración en El Paso, Texas, procesaron 1.042 peticiones entre el 2011 y el 2016 pero le otorgaron asilo a menos de 40. Una jueza, Sunita Mahtabfar, rechazó 158 de las 159 peticiones de ese período.
El gobierno de Obama tuvo como política impedirles incluso a los niños inmigrantes una representación legal gratuita. Un magistrado superior del Departamento de Justicia bajo Obama, Jack Weil, quien era juez de inmigración, le comentó el año pasado a la organización ACLU: “Literalmente, le he enseñado derecho migratorio a niños de tres y cuatro años de edad... Ellos lo entienden”.
Manifestó la hermana Pimental, a propósito de estas medidas:
No sé cómo es que el gobierno de Obama pudo justificar que comparezcan niños solos ante un juez. Yo no podría defenderme sola sin un abogado y soy adulta. ¿Cómo podría hacerlo un niño? La tramitación de asilo es muy difícil. Decir “necesito trabajar” no es suficiente y ahora lo están haciendo aun más difícil.
¿Cómo puede uno comprobar que uno cumple con la norma jurídica, que estaba siendo hostigado por razones de raza, género, opinión política, orientación sexual o pertenencia a un grupo social perseguido? Sería necesario conseguir todas estas pruebas desde la casa, pero cuando huyes por tu vida, no estás pensando en cómo reunir pruebas para un caso judicial.
Es precisamente la clase obrera la que corre el riesgo de morir intentando llegar a Estados Unidos. Las personas más pudientes tienen múltiples opciones para evitar el destino de Victoria y de trabajadores inmigrantes como ella.
El programa de inversionistas inmigrantes EB-5 es un ejemplo de ello. Un sitio web del Departamento de Justicia explica que un inversionista extranjero puede convertirse en un residente permanente legal si invierte un millón de dólares en una “nueva empresa comercial” y crea al menos diez puestos de trabajo. De esta manera, una persona rica puede simplemente transferir su dinero a un fideicomiso o a una empresa y entrar al país tras un tiempo de espera limitado.
Aquellos migrantes que no pueden darse el lujo de conseguir visas de inversionistas, pero que sí logran llegar a EE.UU., terminan trabajando bajo condiciones de superexplotación, particularmente en la industria agrícola y en el sector de servicios. La situación de los trabajadores agrícolas en el Valle de Napa, estado de California, es típica del resto. A pesar de que ahí viven algunas de las personas más ricas del país, la producción de uvas de Napa se basa en la explotación de mano de obra barata, en su mayoría de México y Centroamérica.
Ángel Calderón es el presidente de Casa Guanajuato, un centro para la defensa de los derechos de los inmigrantes que se enfoca en proveerles viviendas asequibles a los trabajadores agrícolas en Napa. Hace varias décadas, Calderón llegó desde México como un trabajador agrícola.
Aquí en Napa — explicó — he visto grupos de cuarenta trabajadores durmiendo debajo de puentes. No pueden costear el alquiler ni hay suficientes viviendas. Hay veintiséis mil trabajadores agrícolas sólo en Napa. Esta es una zona turística y es muy acaudalada; sin embargo, estos trabajadores agrícolas viven en condiciones horribles. Muchos vienen desde Stockton cada día, un pueblo a dos horas de aquí. Treinta personas duermen en un apartamento de tres habitaciones y pagan trecientos dólares de alquiler. Luego los slumlords[arrendadores] les cobran quince dólares para llevarlos al trabajo, donde trabajan de diez a doce horas por día, a doce dólares la hora. Contando el traslado, esas son catorce o dieciséis horas. Esa es la situación que encaran los trabajadores produciendo vinos que pueden alcanzar los doscientos o trescientos dólares por botella.
Muchos de ellos mandan ochenta a noventa por ciento de sus ingresos de vuelta a sus familias en México y Centroamérica. Cuando se detiene la producción en Napa, se ven obligados a migrar al estado de Washington o al Valle Central en California.
Las deplorables condiciones que confrontan a diario son el producto de las repetidas traiciones del sindicato Los Campesinos Unidos (UFW; United Farm Workers). Calderón señaló:
La comunidad mexicana no confía en el sindicato. El UFW realmente no los protege y unirse les cuesta dinero cada mes que los trabajadores agrícolas no pueden ni quieren pagar. Los líderes de los sindicatos no son fuertes; no tienen la capacidad de organizar a nadie, y no logran ganar ninguna demanda. Las personas me dicen que no confían en el sindicato ni ven a sus funcionarios como personas honestas.
Mira, el sindicato no le consigue beneficios a nadie y entonces los trabajadores lo ven como algo que les va a quitar dinero para nada. Los mismos funcionarios sólo quieren vivir de sus salarios. Yo estoy a favor de que los trabajadores se organicen ellos mismos y luchen por nuestros derechos, y todos los trabajadores agrícolas también están a favor, pero el UFW simplemente no hace eso.
Continuará...