La anulación de Obamacare tomó sus primeros pasos con la introducción de un proyecto de ley del congresista republicano, Paul Ryan, quien ha estado trabajando con el gobierno de Trump. Esta medida se ha convertido además en una plataforma para avanzar un programa mucho más amplio de reacción social.

La nueva legislación, que le quitará el seguro médico a 24 millones de personas, en esencia eliminará Medicaid, una de las grandes reformas sociales de la década de 1960 que les ha dado cobertura médica a decenas de millones de personas pobres, discapacitadas, así como cuidados para personas de mayor edad de bajos ingresos. El mismo Ryan ha indicado que su ley sienta las bases para socavar y eventualmente eliminar Medicare. Por cincuenta años, la mayoría de los estadounidenses de edad ha dependido de este último programa para tener atención médica.

Los principales logros sociales del último periodo de reformas significativas en la historia estadounidense, la década de 1960, están a punto de ser liquidados. Esta es la culminación de un largo proceso histórico que comenzó tan pronto cuando la clase gobernante estadounidense decidió cambiar su postura relativa de compromisos a una ofensiva despiadada contra la clase obrera, lo cual sucedió a raíz del final de la bonanza económica tras la Segunda Guerra Mundial. El gobierno demócrata de Jimmy Carter (1977-81) marcó el inicio de este proceso, recortando los gastos en bienestar social e interviniendo bajo la Ley Taft-Hartley en contra de los mineros de carbón que estaban en huelga.

Luego, bajo la presidencia republicana de Ronald Reagan, quien rompió la huelga de los controladores de tráfico aéreo de PATCO y dio la luz verde a una década de ataques antisindicales, recortes salariales y sociales con el propósito de financiar una expansión militar sin precedentes. Reagan marcó el ritmo para los futuros ataques contra los programas sociales de los años sesenta e incluso los treinta, incluyendo la abolición de Ayuda a familias con hijos dependientes (AFDC; Aid to Families with Dependant Children) por parte de Clinton, el ataque contra la educación pública de Bush con su legislación “Qué ningún niño se quede atrás” (No Child Left Behind), el cual coredactó el demócrata Edward Kennedy, además de ciertos pasos hacia la privatización de Medicare.

El gobierno de Obama no representó ningún interludio, sino una intensificación. Obamacare no expandió el Estado de bienestar, como lo afirman sus apologistas, sino que fue un reaccionario intento para transferir los costos de la salud de los empleadores y el gobierno a los trabajadores. El apoyo pleno de los demócratas a tal legislación, diseñada en colaboración con las grandes aseguradoras y monopolios farmacéuticos, pone de manifiesto lo tanto que se ha trasladado el Partido Demócrata hacia la derecha en los últimos cuarenta años.

Los ocho años del mandato de Obama comenzaron con promesas de “esperanza” y “cambio” pero estuvieron sumidos en guerras interminables, ataques contra los niveles de vida y empleos y la constante erosión de los servicios sociales como la educación y la salud. Sus dos términos en el poder crearon las condiciones para que los republicanos contralaran el Congreso y para que Donald Trump ganara.

Los ideólogos del capitalismo afirman que el “mercado libre” trabajaría de forma maravillosa si tan sólo fueran eliminadas todas las restricciones impuestas por anteriores reformas sociales. Estas “restricciones” consisten de todos y cada uno de los beneficios sociales ganados por la clase obrera en más de un siglo de luchas. Ahora, cada una de las “cuatro grandes” reformas del liberalismo del periodo de la Gran Sociedad, como fueron descritas por un historiador, son objeto de destrucción.

La Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965: Esta legislación proporcionó el primer financiamiento federal considerable para las escuelas públicas locales, lo cual fue posible políticamente gracias a la abolición legal de la segregación racial de las escuelas públicas en el Sur estadounidense. Se invirtieron fondos para mejorar la infraestructura escolar en las comunidades pobres, expandir las bibliotecas públicas y montar una incipiente “educación especial”. La ley estableció el programa federal de preescolar Head Start de forma permanente.

El congresista republicano de Iowa, Steve King, introdujo un proyecto de ley para derogar la ley y prevenirle al Departamento de Educación financiar programas educativos excepto con vales distribuidos por las autoridades estatales para asistir a escuelas subvencionadas, religiosas o para ser instruidos en el hogar.

Medicare y Medicaid, como parte de la Ley de Seguridad Social de 1965, les proveyeron cobertura médica pública a las personas mayores de 65 años por primera vez, en un momento en el que la mitad de ellos no estaba asegurada. Medicare cubría atención hospitalaria (parte A) y cargos médicos y de enfermería (parte B), pero no pagaba por atención oftalmológica, dental ni por medicamentos prescritos. Medicaid, por su parte, cubría a los sectores más pobres de los trabajadores, incluyendo a niños y personas con discapacidades y proveía cuidado en asilos para las personas mayores más pobres.

La legislación que anula Obamacare acabaría también con Medicaid como garantía social a partir del 2020. En ese momento, se impondrían techos al gasto estatal en salud, obligándolos a racionar la cobertura para los pobres y discapacitados. De hecho, Obamacare ya eliminó setecientos mil millones de dólares en reembolsos para pacientes de Medicare por un periodo de más de diez años, mientras que la nueva ley que anula Obamacare preparó el terreno para más recortes, partiendo del plan de Ryan para convertir a Medicare de una garantía social a un programa de vales o vouchers.

La Ley del Derecho a Votar de 1965 fue la medida democrática más radical decretada por el Congreso desde la era de Reconstrucción después de la Guerra Civil. Ésta iba dirigida hacia aquellos estados, principalmente en el Sur, en donde no se estaba implementando el voto para las minorías. A muy pocos negros se les permitía registrarse y votar en estados sureños, desde Texas a Virginia. Pero luego, con la supervisión del Departamento de Justicia a nivel federal para prevenir prácticas electorales discriminatorias, la participación electoral de la población afroamericana aumentó drásticamente.

No obstante, con el caso Shelby vs Holder en el 2013, la Corte Suprema estadounidense demolió la Ley del Derecho a Votar con un voto de cinco a cuatro sancionando que las intervenciones federales en los estados sureños ya no eran justificables, a pesar de que la ley había sido renovada y expandida en el Congreso varias veces, más recientemente en el 2006. Esta decisión fue parte de un esfuerzo más general de los republicanos para promulgar requisitos de identificación para votar y otras leyes en cada estado cuyo propósito era resucitar las prácticas discriminatorias contra minorías y votantes pobres.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, también conocida como la Ley Hart-Celler en nombre de los congresistas que la patrocinaron, abolió restricciones antiguas a inmigrantes de Asia, África y Oriente Medio y acabó con la discriminación a favor de inmigrantes del norte y occidente de Europa y en contra de los del sur y oriente europeos. También permitió la entrada ilimitada de familiares de ciudadanos y residentes estadounidenses, fomentando así el crecimiento de las comunidades inmigrantes.

El veto de Trump a viajantes de seis países con mayoría musulmana viola directamente la ley de 1965, la cual prohíbe explícitamente utilizar el origen nacional de un inmigrante para restringir su paso. Sus órdenes ejecutivas contra inmigrantes y su propuesta para expandir el muro fronterizo entre México y EE.UU. representan un regreso a tiempos en que se le prohibía la entrada a inmigrantes asiáticos y se les permitía a los inmigrantes mexicanos entrar, pero solo como mano de obra semiesclava bajo el programa de braceros.

Asimismo, otras reformas de dicha década, como la fundación del Fondo Nacional para las Artes y el Fondo Nacional para las Humanidades, la Ley de Agua Limpia y decenas de otras leyes para controlar la contaminación que eventualmente condujeron a la creación de la Agencia de Protección Ambiental, también están bajo ataque por parte de la administración de Trump y el Congreso republicano.

El Partido Demócrata ha colaborado en un ataque contra las reformas sociales tras otro, a pesar de que el partido fuese identificado por haberlas avanzado. Los demócratas han encabezado los ataques contra la educación pública, introdujeron con Obamacare recortes importantes en el financiamiento de Medicare y no levantaron ni un solo dedo para hacer valer la Ley del Derecho a Votar después de que el Tribunal Supremo la desechara. Su oposición a Trump no es en defensa de los servicios sociales, sino de los intereses de ciertas secciones de Wall Street y del aparato militar y de inteligencia, atacando al nuevo gobierno sobre su supuesta complacencia hacia Rusia.

Incluso en la década de 1960, el liberalismo demócrata nunca desafió al capitalismo, sino que intentó hacerlo más atractivo para las masas y, por ende, más seguro para los capitalistas, aprovechando que estaban a la altura de la bonanza económica después de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso tuvo lugar en medio de intensas luchas de masas por los derechos civiles, contra la Guerra de Vietnam y por mejores salarios y condiciones laborales. Las medidas de la “Gran Sociedad” del entonces presidente, Lyndon Johnson, fueron mucho menos ambiciosas que las de los Estados de bienestar que fueron construidos en Europa Occidental durante ese mismo período.

El historiador James T. Patterson escribió sobre la época: “Los programas de la Gran Sociedad fueron... esencialmente liberales, no radicales. Excepto en el ámbito de relaciones raciales — una importante excepción — no hicieron ningún esfuerzo serio para desafiar el poder de los grupos establecidos, incluyendo el de las grandes corporaciones. No enfrentaron de ninguna manera seria la desigualdad socioeconómica ni intentaron redistribuir la riqueza”.

Hoy día, bajo condiciones en las que el capitalismo estadounidense ha estado en un prolongado e histórico declive, agudizado por la crisis financiera del 2008 y la enorme transferencia de riqueza de la clase obrera para rescatar a Wall Street, ninguna sección de la clase gobernante estadounidense puede ni tiene la voluntad para defender siquiera una de las conquistas sociales de la década de 1960.

La supuesta resistencia de los congresistas demócratas al programa de Trump es puro teatro. El gobierno de Trump y el Partido Republicano van a obtener prácticamente todo lo que quieran, mientras que los demócratas están librando una falsa guerra, llamando a las víctimas de los ataques de Trump a esperar hasta las elecciones del 2018.

A pesar de que sus congresistas y charlatanes políticos como Bernie Sanders y Elizabeth Warren insistan en ello, el Partido Demócrata no representa a la oposición popular. Al contrario, su función es frenar toda resistencia real a Trump, de la clase obrera, y será cada vez más explosiva y políticamente radical.

La clase trabajadora debe encabezar la lucha por defender la salud, la educación, la protección del medio ambiente, los derechos de los inmigrantes y los derechos democráticos básicos. Su respuesta ante el programa contrarrevolucionario capitalista tiene que ser una alternativa obrera de revolución social. Los trabajadores deben construir un movimiento político de masas, independiente, opuesto a ambos partidos de las grandes empresas y que luche con base en un programa socialista.