Los arrestos de inmigrantes en Estados Unidos han aumentado casi un tercio desde que el presidente Donald Trump llegó al poder, en comparación con el mismo período hace un año. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE; Immigration and Customs Enforcement) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS; Department of Homeland Security) detuvo a 21.362 inmigrantes presuntamente indocumentados entre el 20 de enero y mediados de marzo, según estadísticas divulgadas por el diario Washington Post, en comparación con 16.104 en el mismo período del 2016.

A pesar de que las aseveraciones de Trump de que su gobierno está yendo tras “criminales” dentro de la población indocumentada, el mayor aumento en las detenciones fue entre inmigrantes sin antecedentes penales de ningún tipo, más que duplicándose hasta 5.441. Las detenciones de inmigrantes con algún antecedente penal —que podría constituir un caso por manejar borracho hace veinte años— aumentaron de 13.404 al 15.921, un aumento de 18,7 por ciento.

El Post menciona a los “agentes federales recién empoderados para intensificar su búsqueda de inmigrantes indocumentados no solo con antecedentes penales, sino también miles que de lo contrario han respetado la ley”. Algunas oficinas regionales del ICE reportaron aumentos mucho mayores en relación con inmigrantes sin antecedentes. Por ejemplo, el incremento para Filadelfia fue de 500 por ciento a un total de 356 detenciones, mientras que Atlanta aumentó 300 por ciento a un total de casi 700.

También hubo un incremento del 75 por ciento en órdenes de retención de inmigración (immigration detainers), peticiones del ICE para que los departamentos de policía y prisiones locales retengan a los inmigrantes presos más tiempo que el programado antes de ser transferidos a custodia federal y ser deportados. El total de órdenes emitidas entre la investidura de Trump y mediados de marzo fue de 22.161, más que el número de detenciones del ICE.

A pesar del aumento en arrestos y retenciones, realmente hubo una disminución en el número de deportaciones de 1,2 por ciento, a un total de 54.741 en enero, febrero y marzo del 2017 en comparación con esos meses del año pasado. Esto se debe a que los arrestos están atiborrando los tribunales de inmigración que ya estaban saturados, disparando el número de casos pendientes y alargando el tiempo necesario para procesarlos.

Muchos países se han resistido a recibir a ciudadanos esperando ser deportados por las autoridades estadounidenses, particularmente China, que no tiene por qué hacerle ningún favor a un gobierno que la ha acusado de “violar” a EE.UU. a través de sus prácticas comerciales y que está retumbando los tambores de guerra contra Corea del Norte.

El número total de detenciones del ICE está aún por debajo de los niveles del 2014, cuando el gobierno de Obama arrestó a 29.238 inmigrantes durante los primeros meses del año. Esto correspondió a una oleada de refugiados, sobre todo madres y niños no acompañados huyendo de la violencia de las maras y de los regímenes derechistas respaldados por EE.UU. en Guatemala, El Salvador y Honduras.

En noviembre del 2014, el DHS comenzó a frenar sistemáticamente las detenciones de inmigrantes, enfocándose en capturar a personas con antecedentes penales violentos o ingresos al país recientes. Sin embargo, bajo Trump, el DHS ha vuelto a expandir las categorías de inmigrantes objeto de arrestos.

El titular del DHS, John Kelly, un exgeneral de los Marines, comentó en el programa “Meet the Press” de NBC que el nuevo gobierno está ampliando las políticas que ya estaban en funcionamiento bajo Obama. “Es justo decir que la definición de criminal no ha cambiado —dijo Kelly— pero el espectro de criminalidad con el que operamos ha cambiado”. Incluso una sola condena por manejar bajo la influencia del alcohol, no importa cuán remota, puede ser motivo para priorizar la deportación de un inmigrante indocumentado, señaló.

Kelly se jactó de que la agresiva retórica antiinmigrante de Trump, junto con la reciente visita a la zona fronteriza del fiscal general, Jeff Sessions, influyó en reducir el número de personas que buscan cruzar la frontera entre México y EE.UU., principalmente provenientes de Centroamérica. Concluyó al respecto: “Les ha inyectado suficiente confusión en sus mentes, creo, y ahora están a la espera de ver realmente qué sucede”.

Los reportes presentados por grupos de derechos de los inmigrantes en los noticieros y periódicos locales alrededor del país están llenos de casos de trabajadores indocumentados sin antecedentes penales, con vidas completamente establecidas e hijos que son ciudadanos estadounidenses siendo capturados por el ICE y deportados.

Un informe de Naples, en el estado de Florida, señaló, “Para los inmigrantes indocumentados en el condado de Collier, una infracción de tráfico es ahora suficiente para terminar en Krome, donde enfrentan ser deportados, según los últimos registros de arrestos. En el mes que pasó después de la orden ejecutiva de Trump, entre 35 y 48 detenidos por los oficiales de Collier fueron transferidos al ICE, de acuerdo a los cientos de registros de arrestos y documentos de las cortes que fueron revisados por el Naples Daily News”.

El periódico encontró que, “tres cuartas partes de esos casos consistían de infracciones menores de tránsito, como conducir sin una licencia válida o con una licencia expirada o suspendida, según los registros de arresto. Sólo tres fueron por presuntos delitos graves y en dos de estos casos fueron retirados los cargos y reducidos a delitos menores de tercer grado, como lo demuestran los expedientes de la corte”.

Un trabajador indocumentado casado con una ciudadana estadounidense, padre de tres ciudadanos estadounidenses y residente de Indiana por dos décadas, cruzó a Canadá en unas vacaciones para visitar las cataratas del Niágara y fue detenido en la frontera al regresar. Lo deportaron a México. Una mujer de Ohio está luchando para no ser deportada después de que sufrió un caso de violencia doméstica y tuvo que ir a la corte para testificar contra su agresor.

Aquellos que son arrestados y detenidos desaparecen bajo la superficie de una marea de cortes y prisiones cada vez más sobrecargadas. El número de casos atrasados se ha disparado de 236.415 en el 2010 a 508.036 este año, alrededor de 1.700 casos para cada uno de los 301 jueces de inmigración. Además, el tiempo de procesamiento se ha extendido porque, bajo las órdenes migratorias de Trump que firmó apenas llegó a la Casa Blanca, los fiscales ven todos los casos posibles, en vez de descartar aquellos de inmigrantes que hayan residido más tiempo en el país y no tengan antecedentes penales.

El gobierno de Trump está poniendo en marcha la incorporación de 30.000 camas nuevas para los centros de detención. GEO Group, uno de los grandes contratistas privados que operan estos centros, anunció el lunes que construirá una nueva prisión de $110 millones en Conroe, Texas, en las afueras de Houston, con capacidad para mil presos.

El deterioro de las condiciones en el gulag del ICE fue puesto de manifiesto por la muerte de un inmigrante mexicano, Sergio Alonso López, en el centro de detención privado en Adelanto, California, el 13 de abril. Fue trasladado al centro médico Victor Valley en Victorville el 1 de abril cuando comenzó a vomitar sangre, pero murió doce días después por hemorragia interna. Tenía una historia de abuso del alcohol que lo llevó a tener hipertensión y cirrosis del hígado, condiciones intratables de forma adecuada en una prisión.

López, de 55 años, es el sexto detenido que muere bajo la custodia del ICE en este año fiscal, que inició el pasado 1 de octubre. El 7 de febrero, fue arrestado alrededor de Los Ángeles, donde vivió por casi dos décadas.

El viernes pasado, un juez federal de California comenzó a examinar la demanda presentada por dos condados metropolitanos grandes, San Francisco y Santa Clara, contra el decreto de Trump que busca retener fondos federales de aquellas ciudades y condados que se rehúsen a convertir sus fuerzas policiales en subsidiarias del ICE y DHS (llamadas ciudades santuario).

Ambos condados están buscando una sentencia preliminar para todo el país contra el decreto de Trump, el cual describen como un “arma para eliminar todo el financiamiento a las jurisdicciones” en violación de la Décima Enmienda de la Constitución de EE.UU., que reconoce la división de poderes entre el gobierno federal, el estatal y las jurisdicciones locales.

Chad Readler, un abogado del Departamento de Justicia, dijo que la orden ejecutiva fue limitada a subvenciones proporcionadas por el mismo Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, no todos los fondos federales, reduciendo drásticamente el alcance del decreto. Dijo que afectaría alrededor de un millón de los mil millones de dólares que recibe el condado de Santa Clara del gobierno federal, y tal vez nada de los 1.200 millones asignados al condado de San Francisco.

“No hay ninguna acción sobre la mesa para hacer valer el decreto o que haya sido amenazada formalmente”, afirmo Readler, señalando que ambos condados “lo leyeron en el sentido más amplio posible”.

El tema de las ciudades santuario se ha convertido también en una cuestión legislativa importante en Washington, después de que el director de presupuestos de Trump, Mick Mulvaney, intentó introducir restricciones de fondos federales para las ciudades que se resistan a implementar las políticas migratorias federales en un proyecto de ley que debe ser aprobado este mes para poder elevar el techo de la deuda federal y así expandir los fondos de las agencias federales entre ahora y que se termine el año fiscal.

Mulvaney dijo que Trump vetaría cualquier legislación presupuestaria que no detenga el financiamiento de las ciudades santuario e incluya fondos iniciales para la construcción del muro fronterizo con México.