En una decisión sin precedentes en la historia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump convocó a todos los miembros del Senado a la Casa Blanca para una reunión a puerta cerrada sobre una posible acción militar contra Corea del Norte. El evento es un evidente abandono de las normas constitucionales tradicionales que entraña consecuencias ominosas.

No es inusual que los miembros del ejecutivo, incluyendo los militares y agentes de inteligencia, les den informes a los miembros del Congreso tras bastidores. Pero, la doctrina constitucional de la separación de poderes entre las tres ramas coiguales del gobierno, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, dicta que el poder ejecutivo debe presentarse ante los representantes electos del pueblo y no al revés.

Cuando el presidente Franklin D. Roosevelt solicitó una declaración de guerra contra Japón el 8 de diciembre de 1941, se pronunció ante el Congreso, el cual declaró guerra el mismo día. Este miércoles, 76 años después, es el Senado el que llegó a la Casa Blanca para recibir un informe de parte de los mandos militares sobre planes de guerra que procederán con o sin su autorización.

La sesión tuvo lugar en el auditorio del Edificio Eisenhower, adyacente a la Casa Blanca, que temporalmente se convirtió en “un centro de información confidencial compartimentada”. Los senadores no pudieron llevar sus teléfonos ni personal.

Se presentaron militares de alto rango y funcionarios de inteligencia, entre ellos el secretario de Defensa, el exgeneral de cuatro estrellas James Mattis; el general Joseph Dunford, el titular del Comité de Jefes del Estado; y el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats. También estuvo presente el secretario de Estado, Rex Tillerson, ex-CEO de ExxonMobil.

En cuanto a la presencia de Donald Trump, el Washington Post escribió el lunes: “Los funcionarios del Congreso sugieren que la proximidad de la reunión a Trump le facilita 'pasar' por ahí y tal vez hacerse cargo de la sesión informativa”.

Al haber citado al Senado a la Casa Blanca, Trump ha vestido su gobierno con incluso otra práctica asociada con el autoritarismo y la dictadura. Durante su ceremonia de investidura, varios funcionarios de la Casa Blanca solicitaron tanques y otros vehículos armados para el desfile en Washington. Después, mientras daba su discurso inaugural, un grupo de soldados se alineó detrás del recién juramentado presidente, a plena vista de la cámara principal, antes de que aparentemente se les ordenara dispersarse. Hasta el momento, no se ha dado ninguna explicación oficial sobre dicha intromisión tan extraordinaria y sin precedentes de militares en la toma de posesión de un presidente.

Sobre todo, la reunión simboliza el poder que han alcanzado los militares sobre todo el Estado en su conjunto. Este es el resultado de más de un cuarto de siglo de guerras interminables, un proceso emparejado con el aumento en el poder e influencia política del ejército. Hoy día, una camarilla de conspiradores de la clase gobernante y los mandos militares está a cargo de decisiones cuyas consecuencias son del máximo alcance, incluyendo acciones militares que podrían desencadenar una guerra mundial.

Ni siquiera se pretende que haya una discusión pública ni que se reivindique el control y supervisión del Congreso. El llamado “Estado profundo” opera detrás de las espaldas de la población y con un desprecio total hacia los sentimientos antibélicos de la clase obrera y la juventud.

La reunión con el Senado se dio en medio de un recrudecimiento de las tensiones militares en el Pacífico, particularmente en Corea del Norte. La Casa Blanca ha amenazado por varias semanas llevar a cabo un ataque preventivo contra el empobrecido país, presuntamente para impedir la construcción de misiles nucleares capaces de llegar a EE.UU. La facultad de tomar decisiones de suma importancia —como el lanzamiento sobre Afganistán de la bomba llamada Munición de Explosión Aérea Masiva (MOAB; Massive Ordnance Air Blast ) a principios de este mes— ha sido transferida a los oficiales del ejército.

No hay ninguna “facción propaz” dentro de la élite gobernante. La política exterior agresiva y beligerante del gobierno de Trump ha sido plenamente acogida tanto por los demócratas como los republicanos. Más allá, durante los primeros dos meses del actual gobierno, los demócratas encabezaron una campaña histérica para retratar a Trump como un “títere” de Moscú. Pero cuando Trump decidió atacar con misiles de crucero a Siria, un aliado de Rusia, lo aclamaron universalmente, y los demócratas exigieron operaciones de cambio de régimen aun más agresivas.

Ni un solo senador ha expresado oposición a dicha reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca, ni mucho menos anunció que no asistiría

Las guerras interminables y los niveles extremos de desigualdad social han socavado a un punto fatal todas las formas de democracia burguesa en Estados Unidos. El gobierno de Trump, con su explícito odio hacia los derechos democráticos y sus métodos autoritarios, materializa las décadas de descomposición de la democracia estadounidense. El mismo Congreso está compuesto por títeres pudientes y corruptos de los intereses corporativos y del aparato militar y de inteligencia, y eso va para ambos partidos.

La prensa, por su parte, sirve como instrumento de propaganda del Estado. Cualquier desconformidad es denunciada como “noticias falsas” y “una guerra de información” proveniente de enemigos en el extranjero.

La idea de que el Congreso tiene la responsabilidad de ejercer control sobre los poderes militares y la guerra ha desaparecido. Desde la Guerra de Corea de 1950, los presidentes estadounidenses han llevado a cabo decenas de intervenciones militares sin declaraciones de guerra del Congreso, estipuladas por la Constitución.

La Ley de Poderes de Guerra de 1973, la cual declara como obligatoria la autorización del Congreso para cualquier acción militar que dure más de sesenta días, ha sido violada una y otra vez en la práctica. El gobierno de Obama lo hizo en su guerra aérea del 2011 contra Libia.

La reunión en la Casa Blanca no es ningún ejercicio de supervisión por parte del Congreso, sino una sesión de representantes políticos de la clase gobernante para recibir órdenes de parte de los mandos militares. Es un síntoma del colapso de todas las formas democráticas de gobierno y de la marcha cada vez más agresiva hacia la dictadura.