La crisis política que alcanzó un punto crítico con el despido del director del FBI, James Comey, por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, continúa intensificándose a raíz de discusiones sobre destituir a Trump y amenazas de su gobierno de continuar atacando los derechos democráticos y las normas constitucionales.

Trump provocó más recriminaciones dentro de la élite política al publicar un tuit el viernes, advirtiéndole a Comey que debe tener cuidado con lo que les diga a los medios y al Congreso sobre sus conversaciones privadas con él, ya que podrían existir grabaciones. Inmediatamente, tanto demócratas como republicanos respondieron que cualquier cinta que aparezca debería ser utilizada en las investigaciones sobre las elecciones del año pasado.

Varios informes no confirmados de la prensa hablan de una inminente depuración de personal en la Casa Blanca, incluyendo como posibles blancos al jefe de personal, Reince Priebus, al estratega en jefe, Stephen Bannon y al portavoz Sean Spicer. Como lo han señalado varios comentaristas de la prensa, esto dejaría al personal de la Casa Blanca bajo la dirección de “Ivanka y Jared”, la hija y el yerno del presidente, marcando aun más el carácter personalista y cuasi dictatorial del gobierno de Trump.

Trump ha azuzado estas especulaciones al sugerir que podría llegar a cancelar las ruedas de prensa diarias en la Casa Blanca, sustituyéndolas por comunicados poco frecuentes del mismo presidente. El domingo pasado, les prohibió a los portavoces de la Casa Blanca aparecer en los programas televisivos de entrevistas después de que las cadenas de televisión rechazaran los pedidos del gobierno de abstenerse a preguntar sobre la dimisión de Comey y sus consecuencias.

El diario Washington Post publicó un editorial el domingo advirtiendo que la conducta de Trump “está amenazando la independencia de la aplicación de leyes federales y está manchado la imagen de las principales instituciones de la democracia estadounidense”, añadiendo que “el presidente se está entrometiendo en una investigación en la que no tiene ningún derecho a interferir”. Mientras que exige que el Congreso y el FBI aceleren sus investigaciones sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de EE.UU., el periódico también publicó una columna abierta del profesor de la Universidad Harvard, Laurence Tribe, donde pide la destitución de Trump.

Fueron aun más impresionantes las declaraciones hechas por el exgeneral y exdirector de Inteligencia Nacional bajo Obama, James Clapper, durante un intercambio el domingo con el anfitrión del programa “State of the Union” de CNN, Jake Tapper. Esto fue lo que dijeron después de una discusión sobre el despido de Comey:

Clapper: Creo que, en muchos sentidos, nuestras instituciones están bajo ataque, tanto desde el exterior —y esta es la gran noticia aquí, la interferencia rusa en nuestro sistema electoral. Y creo que nuestras instituciones están bajo ataque internamente.

Tapper: ¿Internamente por el presidente?

Clapper: Exacto.

Clapper no es ningún defensor de la democracia o de rendir cuentas. Por ley, debería estar en prisión sirviendo una sentencia por perjurio tras haber negado bajo juramento, durante un testimonio ante el Congreso en el 2013, que el gobierno estadounidense estaba espiando extensamente las comunicaciones de la población de EE.UU. Unas semanas más tarde, las revelaciones de Edward Snowden lo expusieron como un mentiroso.

Si Clapper, un general jubilado que, hasta el 20 de enero de este año, encabezaba 17 organismos de inteligencia con más de 100.000 espías, analistas y agentes, ahora declara que Trump, nominalmente el comandante en jefe, es una amenaza a las instituciones del Estado estadounidense, esa es una señal de que la máquina estatal está en guerra consigo misma. Sus declaraciones están a sólo un paso de defender una intervención del aparato militar y de inteligencia para “preservar el orden”, el pretexto que ha sido invariablemente empleado en país tras país para buscar justificar golpes de Estado y tomas de poder militares.

Nadie debería creer que “eso no puede suceder aquí”. Los dos lados en disputa dentro de la élite gobernante están recurriendo a los militares como árbitro final. Trump ha llenado su gabinete con generales activos y retirados para fortalecer sus vínculos con los militares. Se ha dirigido a audiencias militares varias veces; les ha ofrecido a sus altos mandos más libertad para ordenar tácticas más agresivas en el campo de batalla y más tropas; y les ha prometido a las fuerzas policiales tal poder dentro de EE.UU.

El Partido Demócrata es incapaz de avanzar un solo principio democrático en su oposición al actual presidente. Ha optado por oponerse con base en el reclamo totalmente reaccionario y falso que Trump alcanzó la presidencia debido a una intervención rusa durante la campaña electoral del 2016. Asimismo, sus asociados en la prensa han seguido esta narrativa: dos columnistas del New York Times (Nicholas Kristof y Tim Egan) sugirieron el domingo que Trump podría ser culpable de traición, mientras que un tercero (Thomas Friedman) les pidió el mes pasado a los militares llevar a cabo un golpe palaciego.

El mundo está frente a una crisis de dimensiones históricas al centro del capitalismo mundial. Las décadas de reacción social y política, guerras interminables y supresión artificial de la guerra de clases están alcanzando un punto crítico. La concentración de riqueza y poder en las manos de una pequeña oligarquía ha llegado a un grado extraordinario, mientras que la gran mayoría de la población cae en carencia y desesperación económica sin ninguna influencia política.

La disfuncionalidad de la sociedad estadounidense se puede evidenciar en todos los ámbitos. Los caminos, los puentes, el saneamiento del agua, los acueductos y alcantarillados, los aumentos en la pobreza y miseria social, el deterioro de las escuelas, los recortes en el gasto social y en las pensiones privadas son en su totalidad el resultado de la subordinación de toda consideración racional de interés público al desenfrenado afán de lucro.

El enojo social de los trabajadores, quienes ven como el gobierno los aparta de servicios de salud decentes y como envenenan las aguas en ciudades como Flint para enriquecer a los especuladores financieros y a sus políticos sobornados, está alcanzando su punto de ebullición. Ambos partidos y todas las instituciones oficiales —el Congreso, la Corte Suprema, los medios de comunicación— están desacreditadas. Lo que está en desarrollo es la ruptura de todo el marco del Estado constitucional.

Si Trump encabeza un “Estado canalla” que no acepta ninguna amarra legal o constitucional, esto sólo refleja la conducta de los ejecutivos corporativos, banqueros y magnates de los fondos de inversión que estrellaron la economía mundial en el 2008 con completa impunidad y ahora cosechan ganancias incalculables gracias a ello, mientras que los trabajadores sufren las consecuencias.

No hay una salida a la crisis mediante el sistema político existente. Si Trump es reemplazado por medio de las maniobras políticas de los demócratas o de sus aliados en los mandos militares y de inteligencia, el resultado será un giro hacia la derecha, una intensificación del militarismo y la reacción y potencialmente una guerra nuclear entre EE.UU. y Rusia. Al mismo tiempo, Trump solo puede proteger su puesto a través de la movilización de los elementos de extrema derecha y tendencias fascistas dentro y fuera de las fuerzas armadas, con las consecuencias más ominosas a los intereses sociales y derechos democráticos de la clase obrera.

La única manera de resolver la crisis política sobre fundamentos progresistas y democráticos es a través de la movilización política de los trabajadores. Sólo la clase obrera, luchando con base en un programa socialista, independiente de y en oposición a los dos partidos corporativos y sus polizontes en los sindicatos puede abrir un nuevo camino a seguir.