El domingo, 11 de junio, se celebró un referéndum no vinculante en Puerto Rico sobre el estatus político de la colonia caribeña estadounidense. Los votantes tuvieron tres opciones: la integración como un estado de Estados Unidos, la independencia (con una asociación “mejorada” con EE.UU.) o la continuidad del sistema que ha regido desde 1952 —un territorio estadounidense con un grado de control político sobre sus asuntos internos (Estado libre asociado) pero sin ninguna representación en el Congreso.

La votación en sí fue ignorada o rechazada por más de 2,1 millones de los 2,6 millones de votantes inscritos, casi el 80 por ciento.

La inmensa mayoría de los que acudieron a las urnas, el 97,11 por ciento o 466 000, eligieron la estatidad, la opción promovida por el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, y su Partido Nuevo Progresista (PNP) estadista. Alrededor de 7600 votaron por la libre asociación/independencia y 6700 optaron por el estatus territorial actual.

El número total de votos a favor de la estatidad se redujo en alrededor de 300 000 en comparación con un referéndum similar en el 2012. Los líderes del PNP atribuyen esta caída al éxodo masivo que está afectando a un Puerto Rico en quiebra financiera. El colapso económico de la última década está obligando a miles de puertorriqueños a emigrar cada mes a Miami, Chicago y otras ciudades de EE.UU. continental.

En un discurso para anunciar los resultados del domingo, Rosselló aplaudió la victoria estadista, ignoró la abstención masiva y declaró su intención de convencer al Congreso para que Puerto Rico pueda comenzar su transición a convertirse en un estado de EE.UU.

El gobernador Rosselló organizó el referéndum e hizo campaña a favor de integrarse a EE.UU., supuestamente como una alternativa al estatus colonial de la isla, sobre todo como una distracción de la debacle económica de Puerto Rico, cuyas deudas alcanzan los $120 000 millones, la tasa de la pobreza es de 46 por ciento y sus escuelas y sistemas de salud y pensiones están en un estado de colapso.

Por su parte, Héctor Ferrer, presidente del segundo mayor partido, el Partido Popular Democrático (PPD), el cual favorece el estatus actual de asociación y está estrechamente alineado con el Partido Demócrata de EE.UU., declaró que Rosselló fue el “gran perdedor” en el referéndum debido a que el abstencionismo alcanzó su nivel más alto desde 1967.

El PPD, junto con el PIP independentista, llamaron a los votantes a boicotear las elecciones, al igual que lo hicieron los estudiantes en huelga de la Universidad de Puerto Rico.

Al mismo tiempo, ni el PPD ni el PIP organizaron marchas ni protestas contra el referéndum, prefiriendo sin duda que sus partidarios se vayan “pa’ la playa”, la frase elegida por Ferrer.

Estando conscientes de las explosivas condiciones que afligen a los trabajadores y jóvenes de la isla, ninguna de estas fuerzas ni los sindicatos quieren correr el riesgo de que las movilizaciones se salgan rápidamente fuera de su control.

Sí hubo un acto de protesta en San Juan. Conforme se hacían públicos los resultados, alrededor de 500 independistas empezaron a reunirse afuera de la Comisión Estatal de Elecciones en la ciudad capital para protestar contra la estatidad. Los manifestantes desplegaron banderas puertorriqueñas y quemaron las de EE.UU. en medio de cánticos, “¡Fuego, fuego, los yanqui s quieren fuego!”.

Miembros de grupos de pseudoizquierda se sumaron a la demonstración, incluyendo a Se Acabaron Las Promesas, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños (PRTP-Macheteros), la Colectiva Feminista, así como grupos que rechazan la supervisión financiera estadounidense sobre Puerto Rico. A pesar de todas sus bravatas, la manifestación no avanzó ninguna alternativa para resolver la crisis de la sociedad puertorriqueña.

La participación históricamente baja en los comicios no fue sólo el resultado de los llamados del PPD y el PIP. En las elecciones de noviembre del 2016, en las que Rosselló quedó electo, la afluencia de votantes bajo a 55 por ciento en comparación con el 70 o incluso 80 por ciento en elecciones anteriores.

Este aumento masivo en la abstención refleja tanto el rechazo popular hacia todas las alternativas políticas capitalistas como la cada vez más predominante opinión entre obreros, estudiantes y la clase media baja que el verdadero poder lo han acaparado la Junta de Supervisión y Administración Financiera que está controlando el proceso de bancarrota de Puerto Rico y aquellos en el Congreso de EE.UU.

Otro factor en la baja participación electoral es que muchos puertorriqueños sintieron aversión hacia el alto costo de $8 millones para realizar las elecciones, en un momento en el que las escuelas, los hospitales y las pensiones están bajo ataque constante.

Independientemente de si el estatus de la isla cambia al de un estado de EE.UU., una nación “soberana” o sigue siendo un “Estado asociado y libre” colonial, la brutal explotación capitalista de los trabajadores puertorriqueños continuará, y también lo harán los dictados drásticos de austeridad de parte de Wall Street para pagarles a los multimillonarios que poseen los bonos de la deuda.

En el pasado, el Congreso se ha mostrado poco interesado en cambiar el estatus de Puerto Rico, mientras que el presidente Donald Trump ha dejado muy claro que su gobierno se opone a cualquier rescate financiero de la isla. Además, por el hecho de que un estado de Puerto Rico seguramente le daría cinco congresistas más a los demócratas en la Cámara de Representantes y dos en el Senado, los líderes republicanos del Congreso no apoyarían tomar ninguna acción ante los inciertos resultados del referéndum del domingo.

La Casa Blanca de Trump emitió un comunicado el lunes donde se lava las manos: “Este referéndum no es vinculante y sólo el Congreso puede cambiar de estatus de Puerto Rico”.