La batalla política entre el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de “izquierda” continúa intensificándose después de las elecciones para gobernador del Estado de México. Mientras que los resultados oficiales muestran al PRI con menos de tres puntos porcentuales más que Morena, ha habido numerosos reportes de fraude electoral que arrojan dudas sobre la estrecha victoria del PRI.
Siendo el estado más poblado de México, el plebiscito para gobernador es de suma importancia política. El Estado de México ha sido gobernado por el PRI por 88 años y es el estado natal del presidente actual, Enrique Peña Nieto. Debido a la impopularidad profunda de Peña Nieto, la elección fue ampliamente considerada como un referéndum sobre el gobierno del PRI, y también como una medida de las fuerzas de Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena. López Obrador, quien fue candidato presidencial en el 2006 y el 2012, se encuentra a la cabeza actualmente de numerosas encuestas para las elecciones presidenciales del próximo año.
La noche de la jornada electoral del 4 de junio, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, fue declarado ganador con el 33,7 por ciento de los votos, frente a Delfina Gómez de Morena con 30,8 por ciento. Cabe notar que el número de votos anulados la noche de la elección es mayor a la diferencia de votos entre los dos candidatos. Un recuento de menos de cuatro mil votos pocos días después no alteró significativamente los resultados entre los dos candidatos.
Incluso con su estrecha victoria, la elección marca una derrota histórica para el PRI. El partido obtuvo sólo la mitad de los votos de las elecciones anteriores para gobernador, a pesar de haber puesto en acción a sus aparatos locales, estatales y federales. Varios medios nacionales de comunicación han especulado abiertamente que el PRI cometió fraude como un acto de desesperación por conseguir la gubernatura para del Mazo, un primo lejano de Peña Nieto y el hijo y nieto de dos exgobernadores.
Las condiciones fueron de intimidación generalizada contra los votantes de Morena, así como informes de compra de votos, gastos de campaña ilegales e inconsistencias en el conteo. Antes de las elecciones, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) recibió quejas formales de 55 “eventos masivos” en el Estado de México en que fueron repartidos fondos sociales a cambio de copias de las credenciales electorales de los votantes. En una de estas quejas, los representantes de Morena alegan que, en cada evento de campaña del PRI entre setiembre y marzo, se distribuyeron tarjetas de débito con 3000 pesos ($160). Algunos de estos eventos tuvieron como oradores a miembros actuales del gabinete de Peña Nieto, incluyendo a los secretarios de Educación y Desarrollo Urbano.
Representantes de Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de “centroizquierda” también han presentado quejas formales al Instituto Nacional Electoral (INE) que acusan a del Mazo por sobrepasar el límite del gasto electoral por más de 40 por ciento. Haber superado los límites de gastos es causa suficiente para declarar nula la elección si el candidato al frente ganó por menos de 5 puntos porcentuales, que aplica para la estrecha ventaja de del Mazo.
Varios informes de la prensa también indican que hubo irregularidades en el sistema digital de conteo utilizado para poder anunciar los resultados de todo el estado la misma noche de la votación. La herramienta, conocida como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), asignó sistemáticamente votos al PRI y tomó votos de Morena que no correspondieron a los resultados oficiales. Además, varios distritos muestran un conteo mayor al número de votantes que residen en ese distrito.
Las denuncias de intimidación también implican a la policía, operando probablemente junto con cárteles. Un video compartido por Morena muestra a varios policías estatales entregándoles falsos citatorios de la FEPADE a miembros de Morena, según los informes, para mantenerlos lejos de las urnas. Un funcionario local del INE del Estado de México dijo que fue llamado a las tres de la mañana del día antes de las elecciones a un acto de “terrorismo electoral”. La organización de la sociedad civil #NiUnFraudeMás informó que el ejército llamó a una mujer varias veces amenazando a su familia de muerte si no votaba por el PRI.
Desde las elecciones, López Obrador ha continuado haciendo llamados para un recuento completo y la anulación de los resultados en varios municipios claves. Mientras que la tasa de participación en todo el estado fue de 52 por ciento, en cinco distritos este número varió entre 64 y 66 por ciento de los que votaron por el PRI y del 54 por ciento por Morena. Con sólo anular estos cinco distritos, el resultado cambiaría a favor de Gómez.
Acusando al gobierno de Peña Nieto de interferir directamente, López Obrador declaró que, en esos cinco distritos, “se compraron la mayoría de los votos, se dio entrega de apoyos a cambio de votos, se utilizó el presupuesto federal, estatal y municipal, operó el equipo dirigido por Enrique Peña Nieto desde Los Pinos [la mansión presidencial]…”. El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de los Trabajadores (PT) también están pidiendo anular la elección estatal.
El sistema judicial electoral ha señalado que no tiene la intención de montar una investigación sustancial, ni hablar de anular la elección estatal. El 8 de junio, la Cámara Alta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó las alegaciones que la entrega de fondos sociales en eventos masivos del Estado de México constituyó la compra de votos, respaldándose con un fallo anterior del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM). Antes de los comicios, el INE se negó a intervenir para dar supervisión adicional el día de la votación, incluso cuando era evidente que los resultados entre el PRI y Morena iban a estar dentro del margen de error.
López Obrador y Morena siguen denunciando toda movilización de masas independiente. En un estado que alberga a 16 millones de personas y es la segunda economía de México, Morena no ha llamado a protestar ni manifestarse, a pesar de la enorme ira de la población y el hecho de que esta elección tuvo la mayor tasa de participación en la historia del estado.
En cambio, Morena está apelando al sistema judicial para “limpiar la elección”. “El pueblo decidió a favor de Morena así que llevaremos a cabo una protesta pacífica. No va a haber bloqueos ni marchas, lo que sí vamos a realizar es un recorrido de agradecimiento”, dijo Gómez.
López Obrador no es ajeno al sistema judicial electoral. En el 2006, fue candidato a la Presidencia por el PRD y perdió por apenas 0,58 por ciento contra Felipe Calderón del PAN. A pesar de que el PRD alegó que hubo irregularidades en más del 30 por ciento de los colegios electorales del país, el Instituto Federal Electoral (IFE), aun así, le concedió la victoria a Calderón.
Después de perder contra Peña Nieto en el 2012, López Obrador lanzó una queja formal ante el TEJF con evidencia de que hubo donaciones de campaña ilegales, relleno de urnas con papeletas por el PRI, compra de votos y la superación del límite de gastos de campaña en más de 1000 por ciento. El IFE llevó a cabo un recuento parcial sólo para confirmar el resultado original.
Sin embargo, López Obrador ahora está apelando a las mismas instituciones desacreditadas que él mismo alega le costaron la Presidencia dos veces. Esto no es un fracaso personal, sino que refleja el carácter de clase de López Obrador y Morena. Su política es la de “una revolución moral y cultural” que es profundamente hostil hacia una movilización auténtica de la clase obrera para luchar por una revolución social.
El resultado de la votación para gobernador del Estado de México debe ser tomado por la clase obrera como una advertencia antes de las elecciones generales del próximo año: ni Morena ni el sistema judicial lucharán por defender sus intereses.
Como un preaviso del tipo de represión estatal que se puede esperar por parte de estas instituciones, una manifestación pacífica de 500 personas fuera de las oficinas electorales del estado de México, organizada independientemente de Morena, fue confrontada por 100 agentes de la policía del estado.