El veto migratorio de Trump entra en efecto después de sentencia unánime en la Corte Suprema

por Eric London
3 julio 2017

A las 8:00 pm (horario este norteamericano) del jueves, el veto migratorio de la administración Trump entró en efecto, prohibiendo a miles de refugiados de seis países: Libia, Somalia, Sudan, Irán, Siria y Yemen.

El lunes, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, permitió que la prohibición entrara en vigor hasta que el tribunal tomara una decisión sobre los fundamentos este otoño. Dado que la mayoría de las disposiciones de la prohibición se aplican por sólo 90 o 120 días, la decisión significa que la fase inicial de la prohibición seguirá por completo su curso.

La decisión es un hito vergonzoso, opuesto por casi 6 de cada 10 estadounidenses quienes están de acuerdo con la decisión de las cortes menores en bloquear el veto. Trump ha obtenido una importante victoria política y ha sido elogiado con artículos de regodeo en Breitbart News y la prensa de extrema derecha.

El fallo de la corte aplica a aquellos que no poseen una “relación bona fide con una persona o entidad en los EE.UU.”. La corte insensiblemente ordena que las personas que no posean una “familia cercana” en EE.UU. o conexiones con un negocio o universidad no se les permita entrada.

La decisión de la Corte Suprema le otorgó a la administración Trump el poder de definir qué relaciones son bona fide y cuáles no. El miércoles por la noche, el Departamento de Estado emitió lineamientos que hacen que el término “familia cercana” excluya a “abuelos, nietos, tías, tíos, sobrinos, sobrinas, primos, cuñados y cuñadas, prometidos y cualquier otro miembros familiares ‘extendidos’”.

Las reglas del Departamento de Estado, que fueron enviados como cables a todas las embajadas, incluyen a hermanos, padres e hijos como “familias cercanas”. La administración fue obligada a incluir a padrastros debido a que la Corte Suprema específicamente declaró que el veto no podía aplicar a personas en situación similar al Dr. Ismail Elshikh, uno de los demandantes en el caso que lanzó una petición para traer a su madrastra desde Siria.

La implementación de la directiva del Departamento de Estado será otorgada a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés). Los fiscales de migraciones y oenegés anticipan que la implementación del veto conducirá a una mayor confusión en los aeropuertos por todo el país y que los viajeros de los seis países probablemente serán rechazados debido a la falta de claridad sobre lo que constituye una “relación bona fide”.

El fallo de la Corte Suprema impactará de manera desproporcionada a los refugiados más pobres cuyas miembros familiares no inmigraron previamente a EE.UU. y que no poseen diplomas avanzados que suelen ser requeridos para establecer una “relación bona fide” basada en un contrato de empleo. Incluso aquellos refugiados pobres que sí tienen una relación bona fide serán incapaces de pagar a un abogado miles de dólares para litigar su problema si los funcionarios retrasan o bloquean su entrada.

La decisión otorga luz verde a la administración Trump para intensificar sus planes para volver chivos expiatorios a los inmigrantes y crear un clima hostil anti-inmigratorio, sino violento.

El miércoles, Trump, de manera provocativa, invitó a parientes de personas asesinadas por trabajadores indocumentados a la Casa Blanca. A pesar del hecho de que existen estudios que muestran de manera regular que inmigrantes considerablemente son menos propensos a cometer crímenes que ciudadanos estadounidenses, Trump usó el evento para diseminar dos proyectos de ley: uno para encarcelar a inmigrantes previamente deportados que intenten volver a entrar a EE.UU. y otro para recortar fondos federales a “ciudades refugio” cuyos funcionarios no reporten a personas indocumentadas a funcionarios federales de inmigración. Ambos proyectos fueron aprobados por la Cámara ayer.

Por más que los Demócratas emitan vacuas declaraciones sobre defender inmigrantes, el hecho de que los nominados por presidentes demócratas, Elena Kagan, Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, votaron para permitir que el veto entre en rigor revela el carácter esencialmente xenofóbico y reaccionario del Partido Demócrata.

Mucho antes de la decisión unánime del lunes, el Partido Demócrata ayudó a establecer el marco legal y político para el veto migratorio de Trump. En los noventa y la década pasada, el partido demócrata otorgó los votos para pasar importante legislación antimigratoria usada para deportar a millones, incluyendo a muchos de los 2.7 millones deportados por Barack Obama.

Trump ha escalado los ataques a los inmigrantes, deportando a decenas de miles en los primeros meses de su administración, arrancando a inmigrantes de sus familias, escuelas y lugares de trabajo y enviándolos de vuelta a regiones violentas destruidas por el imperialismo estadounidense. Nuevas regulaciones de Trump facilitan deportación inmediata para inmigrantes capturados cruzando la frontera, lo que significa que miles de refugiados serán retornados en la frontera.

A pesar de que los Demócratas lograron obligar a que se realicen audiencias televisadas sobre los supuestos lazos de Trump a Rusia, ellos no han demandado audiencias por el veto migratorio o las redadas inmigratorias de Trump. Desde la inauguración de Trump, la oposición del Partido Demócrata ha sido enfocada por completo en cuestiones de política extranjera, cuyo objetivo específico es presionar a la administración a ejercer una política más agresiva contra Rusia, incluyendo en Siria. El subproducto de esta campaña nacionalista tiene como objetivo incentivar el medio de “influencias extranjeras” para otorgar tierra fértil en el establishment político para ataques aún más profundos contra trabajadores y refugiados “extranjeros”.

La decisión unánime de la Corte Suprema tiene un precedente histórico.

En 1939, el secretario de Estado Cordell Hull aconsejó al Presidente Franklin Roosevelt de que hiciera regresar el MS St. Louis, un barco alemán con casi 900 judíos europeos refugiados abordo que intentaban escapar de la Alemania Nazi. Cuando el gobierno cubano prohibió a los refugiados de desembarcar en La Habana, Hull declaró que EE.UU. no permitiría a los refugiados aterrizar en las cercanas Islas Vírgenes de Estados Unidos bajo el argumento técnico de que el gobierno no podría emitir visas a menos de que los refugiados tengan una dirección permanente a la cual puedan retornar.

A sólo 29 de los pasajeros –aquellos con documentos de entradas válidos– se les permitió desembarcar en Cuba. Cuando la nave se aproximaba a los Estados Unidos, la administración Roosevelt emitió un rechazo una vez más. La nave y los refugiados retornaron a Europa y 254 de los pasajeros murieron en el Holocausto, la mayoría en Auschwitz y Sobibór.