El gobierno de Trump se está preparando para intensificar sus ataques contra los trabajadores inmigrantes, redactando nuevas directrices bajo las cuales el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) autorizaría "expulsiones expeditas" de cientos de miles de trabajadores indocumentados sin ningún procedimiento judicial.

El Washington Post publicó un informe el domingo basado en un memorándum interno del DHS de trece páginas que se filtró al periódico. La propuesta les permitiría a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deportar a los inmigrantes que no puedan demostrar que han estado viviendo en EE. UU. continuamente durante los últimos noventa días.

Hasta el 2004, las expulsiones expeditas se limitaron a zonas fronterizas de EE. UU. y constituían deportaciones de inmigrantes detenidos en el acto de ingresar a EE. UU. desde México. Bajo el gobierno de George W. Bush, el alcance de estas deportaciones aceleradas se expandió a 160 millas desde la frontera para aquellos individuos que ingresaron al país en los últimos 14 días.

El gobierno de Obama mantuvo estas directrices, pero amplió considerablemente su aplicación, con lo que el número de inmigrantes sujetos a expulsión casi se cuadruplica, de 50 000 cuando el esfuerzo comenzó en el 2004 a 193 000 en el 2013.

Lo estipulado por Trump ampliaría aún más el área geográfica para realizar estas expulsiones expeditas al punto que incluiría a todo Estados Unidos Todo inmigrante, arrestado en cualquier parte del país, que no pueda corroborar su residencia en EE. UU. por los últimos 90 días, puede ser sumariamente deportado.

Tomando en cuenta que muchos inmigrantes tienen un registro impreso limitado o ninguno del todo para demostrar su estancia en este país, especialmente en el momento de ser abordados por agentes del ICE, probablemente el número de afectados por la nueva medida dependerá solamente del número de agentes del ICE disponibles para ejecutarla.

La única salvedad en estas nuevas directrices, según el Post, es que los menores de edad no acompañados no estarán sujetos a deportación expedita, independientemente de dónde sean detenidos.

La expansión de deportaciones sumarias es sólo una de una serie de ataques contra inmigrantes del gobierno de Trump que están recibiendo muy poca atención por parte de los medios y prácticamente ninguna protesta pública por parte de los políticos del Partido Demócrata, quienes dicen falsamente que se oponen a los ataques de Trump contra los derechos democráticos.

Según el grupo de periodismo de investigación, Pro Publica, un alto funcionario de la División de Operaciones de Aplicación y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE, Matthew Albence, les ordenó a los 5700 agentes encargados con las deportaciones abandonar las directrices de Bush y Obama que daban prioridad para deportar a inmigrantes condenados por delitos violentos.

En un memorándum interno, ordenó: "De inmediato, los oficiales de ERO tomarán medidas de implementación contra todos los extranjeros expulsables encontrados en el desempeño de sus funciones". Durante los primeros cuatro meses, el gobierno de Trump detuvo a un promedio de 108 inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales por día, un aumento del 150 por ciento respecto al año anterior.

La administración también está avanzando con la aplicación de sus medidas ejecutivas que les prohíben el ingreso a viajantes de seis países de mayoría musulmana y detienen efectivamente la admisión de refugiados a EE. UU. La orden ejecutiva dirigida contra musulmanes fue ratificada por la Corte Suprema estadounidense el mes pasado después de que fuera declarada inconstitucional por varias cortes inferiores.

El Departamento de Estado anunció la semana pasada que el miércoles 12 de julio, las admisiones de refugiados alcanzaron el límite de 50 000 personas establecido en la orden ejecutiva. Los refugiados programados para entrar en el país ese día fueron admitidos, pero las admisiones ahora se ralentizarán. De acuerdo con las pautas establecidas por el Tribunal Supremo, una vez que el límite de 50 000 se haya alcanzado, sólo admitirán a refugiados con "una relación bona fide con una persona o entidad en EE. UU.".

Los informes de la prensa indican que otros 50 000 refugiados están en proceso de ser admitidos en los EE.UU., pero actualmente están fuera del país. Sólo se admitirán aquellos que califiquen bajo la disposición de "una relación bona fide" o de buena fe. El gobierno de Trump ha dado una definición extremadamente estrecha de tal "relación", incluyendo esposos, prometidos, hijos y hermanos, pero excluyendo abuelos y otros parientes más lejanos.

En Honolulu, se dio un desafío legal a esta definición, con un juez distrital, Derrick Watson, falló el jueves que los abuelos, tíos y otros parientes también deben calificar. El Departamento de Justicia federal inmediatamente apeló este fallo a la Corte Suprema, que le dio al estado de Hawái hasta el martes para responder.

El DHS también está procediendo con la ampliación del alcance geográfico del veto a viajantes, enviando un informe a la Casa Blanca la semana pasada enumerando a 17 países que no han completado una evaluación preliminar sobre su disponibilidad y capacidad para compartir información sobre sus ciudadanos que buscan viajar al país.

El nivel de cooperación con los servicios de inteligencia y policía de Estados Unidos que solicita el DHS es tan extenso que se espera que muchos otros países se nieguen a aceptar el decreto estadounidense o sean incapaces de cumplirlo. El resultado podría ser un cierre virtual de la emisión de visados de entrada en Estados Unidos para decenas de países, principalmente en las regiones más pobres del mundo.

Estas acciones vienen después de una advertencia dada por el secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, un exgeneral de la Marina, quien le dijo a un grupo de congresistas hispanos que el gobierno no planea desafiar el intento legal de once estados, todos con fiscales generales republicanos, de eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

DACA es una orden ejecutiva emitida por Obama en el 2012, bajo la cual casi un millón de jóvenes indocumentados, que llegaron a EE.UU. como niños, han recibido números de Seguridad Social y permisos para trabajar o estudiar sin riesgo de deportación.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, un republicano ultraderechista que encabeza la campaña anti-DACA, estableció el 5 de septiembre como plazo para demandar al gobierno federal para que ponga fin a DACA, si Trump no ha rescindido la orden ejecutiva para entonces. Paxton ha buscado que Trump pase una orden para eliminar DACA al negarse a renovar los permisos de dos años emitidos bajo el programa.

Se están discutiendo otras medidas antiinmigrantes, según los informes de la prensa, muchas de ellas dirigidas a inmigrantes legales:

El DHS está considerando la posibilidad de exigirles a los estudiantes extranjeros a tener que resolicitar permisos para permanecer en EE. UU. cada año y pagar una cuota anual, en lugar del sistema actual que implica una cuota única por el permiso de duración indefinida, siempre y cuando el estudiante esté matriculado y progresando. Alrededor de un millón de estudiantes se verán afectados, el 77 por ciento provenientes de Asia.

Dos senadores republicanos, Tom Cotton, de Arkansas, y David Perdue, de Georgia, están redactando una legislación que reduciría el número de inmigrantes legales que pueden ingresar a EE. UU. en un 50 por ciento, de aproximadamente un millón por año a sólo 500 000. El proyecto de ley, conocido como la Ley RAISE, cuenta con el apoyo personal de Trump.

El consejero político de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha elaborado un plan para trasladar la Oficina de Asuntos Consulares y la Oficina de Población, Refugiados y Migración al Departamento de Seguridad Nacional, cambiando así el enfoque de la política de refugiados de asuntos exteriores a vigilancia policial.