Asediado Trump emplea homofobia para afianzarse en su base de apoyo de tendencia fascista

31 julio 2017

Los ataques contra los derechos democráticos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) son parte de una estrategia política reaccionaria. Ésta pretende combinar la histeria homofóbica, la intolerancia religiosa, la glorificación de las fuerzas policiales y el nacionalismo xenofóbico con objeto de ver desarrollarse un movimiento de tendencia fascista en EE. UU.

Envuelto por una crisis perpetua, el gobierno de Trump está buscando establecer una base de apoyo para sus operaciones políticas que orbite alrededor del demagógico presidente y funcione por fuera de las estructuras del sistema bipartidista. Al despedir al presidente del Partido Republicano Reince Priebus como jefe de personal de su gabinete y reemplazarlo con el secretario de Seguridad Nacional John Kelly, Trump ha dado otro paso en función de crear un poder ejecutivo personalista, compuesto por fascistas, generales militares, familiares y oligarcas multimillonarios.

El patrón que han seguido las maniobras de Trump evidencia que el ataque contra los derechos LGBT es central dentro esta estrategia.

El miércoles pasado, el Departamento de Justicia emitió un escrito amicus curiae o “amigo de la corte” en una demanda privada en Nueva York en el sentido que las corporaciones pueden despedir a personas LGBT por su orientación sexual, bajo el fundamento pseudolegal de que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 no protege directamente al grupo LGBT. Después de un medio siglo de importantes avances en la aceptación social y los derechos legales de las personas LGBT, millones de trabajadores LGBT enfrentan nuevamente el peligro de perder sus empleos inmediatamente por tener un estatus legal de segunda clase.

El mismo miércoles, Trump tuiteó que su gobierno les prevendrá a las personas transgénero ingresar a las fuerzas armadas “en cualquier función”, argumentando reaccionariamente que las personas transgéneras componen un costo muy grande y “por la perturbación que su ingreso al ejército crearía”.

Trump anunció más tarde ese día la nominación del gobernador de Kansas, Sam Brownback, como embajador de libertad religiosa internacional del Departamento de Estado. Esta decisión tiene como fin asegurar que las organizaciones evangélicas y católicas que financiaron la corta campaña presidencial de Brownbank en el 2008 formen parte del bloque de apoyo para el gobierno. Después de que la Corte Suprema legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo en el 2015, Brownback presentó un decreto ejecutivo para prevenir cualquier represalia legal en Kansas contra iglesias que se rehúsen a casar o prestar otros servicios a las personas LGBT.

Algunas fuentes de la Casa Blanca le comentaron al Daily Beast que Trump y Bannon están trabajando estrechamente con el vicepresidente Mike Pence, quien tiene vínculos cercanos a las cúpulas evangélicas y fue el que planificó los tuits sobre el veto a transgéneros. Estas fuentes anónimas indican que Trump, Pence y Bannon pensaron que los tuits serían del gusto “de su base”. El hecho de que sus asesores militares declararán que nunca fueron consultados al respecto confirma que este anuncio provino del ala oeste de la Casa Blanca.

La serie de anuncios de medidas políticas el miércoles fue enmarcada por dos discursos importantes. El primero el martes por la noche en Youngstown, Ohio, marcó el tono político para los anuncios. Trump rindió homenaje a “nuestros valores, nuestra cultura, nuestras fronteras, nuestra civilización y nuestro gran estilo de vida estadounidense”. Ante una audiencia estruendosa, dijo que “la familia y la fe, no el gobierno ni la burocracia, son los cimientos de nuestra sociedad”. Luego agregó: “En EE. UU., no alabamos al gobierno, alabamos a dios”. Esto salió de la boca de un hombre que nunca ha sido devoto de nada que no sea su dinero y él mismo.

Su segundo discurso fue en Long Island, Nueva York, donde habló ante otra de sus bases de apoyo claves: los policías y los agentes migratorios. Ahí, anuncio una gran escalada en las redadas antiinmigrantes que están realizando bajo el pretexto de luchar contra la pandilla Salvadoreña, Mara Salvatrucha (MS-13).

“Tenemos un terreno de matanzas sangrientas”, dijo Trump, describiendo las inquietantes tácticas violentas de la pandilla. Los oficiales migratorios y policiales están “liberando nuestros pueblos estadounidenses”, les manifestó, añadiendo que disfruta ver cómo los sospechosos criminales, “son tirados al fondo de las camionetas”.

Luego, apeló a los más de 1,1 millones de policías de tiempo completo en EE. UU., los 50 000 agentes fronterizos y 20 000 oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés): “Por favor no sean demasiado amables”.

La respuesta oficial del Partido Demócrata ha sido impresionantemente limitada. Ninguno de los derechos democráticos ganados en este último siglo está seguro mientras su cumplimiento esté a manos de una u otra facción de la élite gobernante y, por ende, sujeta a los cambiantes vientos políticos.

El Partido Demócrata ha dejado de referirse a cuestiones democráticas como la inmigración, los derechos LGTB y el aborto como parte de su nueva agenda de un “Mejor Trato” que anunció la semana antepasada. Defendiendo este programa, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, le comentó a la prensa que las cuestiones sociales como los derechos de los LGBT e inmigrantes, “no serán el enfoque” de la agenda. “Esencialmente”, agregó, “no queremos distraer a las personas… no queremos distraernos a nosotros mismos”. En otras palabras, la cúpula demócrata busca apelar a la reacción social y a la intolerancia religiosa a fin de obtener más votos en las elecciones legislativas del 2018.

Varios líderes demócratas han expresado cierto desconcierto con no mencionar cuestiones democráticas y sociales en el “Mejor Trato” y muchos de ellos se opondrán a los ataques del gobierno de Trump contra los derechos LGBT. Sin embargo, la decisión de promover una política de “acabar agresivamente con todo comercio extranjero injusto”, como lo indica el programa, sólo logrará azuzar el chauvinismo nacionalista y fortalecer las maniobras de Trump.

La lucha por defender los derechos democráticos es urgente: los esfuerzos de Trump para establecer un movimiento de tendencia fascista basado en la intolerancia nacionalista y religiosa atentan contra los derechos democráticos de no sólo las personas inmigrantes y LGBT, sino de cientos de millones. Pero, luchar en contra de la reacción política requiere entender cuáles son sus raíces objetivas.

La reacción política toma sus fuerzas de las relaciones sociales y económicas que han surgido a raíz de la dramática expansión de la desigualdad social y la concentración de la riqueza bajo el capitalismo. Después de los más de quince años de guerras permanentes libradas en busca de ganancias para las corporaciones estadounidenses, los mandos militares y de las agencias de inteligencia han llegado a controlar a los funcionarios electos y dictar las políticas del gobierno. Frente a una polarización social cada vez mayor, la policía se ha armado con equipos militares heredados de la llamada “guerra contra el terrorismo”, mientras que las cortes les han dado el permiso para asesinar.

Tomando como punto de partida que el empoderamiento del ejército, la policía, las iglesias y las agencias de deportaciones es producto del aumento en la desigualdad social, la lucha por los derechos democráticos tiene que basarse en la lucha por la igualdad social. Dicha batalla tiene que involucrar la activación política de la clase obrera, la fuerza social con el verdadero poder para producir toda la riqueza de la sociedad capitalista, pero que es explotada por la burguesía independientemente de la raza, etnicidad, orientación sexual o género del trabajador.

Una democracia auténtica sólo puede ser establecida mediante la abolición del capitalismo, el sistema de relaciones económicas que da origen a la reacción política en todas sus formas interconectadas. Para defender y ganar sus derechos democráticos, la clase obrera tiene que unirse en lucha por el socialismo.

Eric London