Tras tres semanas de lucha entre el personal de seguridad del aeropuerto de El Prat de Barcelona y el contratista privado Eulen, y antes de una huelga por tiempo indeterminado que está previsto que empiece hoy, el gobierno del Partido Popular (PP) ha enviado a la policía militarizada, la Guardia Civil, para romper la huelga.

Ayer, los trabajadores de la seguridad votaron rechazar las exigencias del gobierno regional de la Generalitat de desconvocar la huelga y decidieron seguirla a pesar de la amenaza de la Guardia Civil.

El jueves pasado, el gobierno español dijo que “tomaría todas las medidas necesarias” para garantizar la “seguridad y el orden público” en El Prat. El viernes, el Ministro de Fomento Íñigo de la Serna anunció que el gobierno enviaría a la Guardia Civil a El Prat para hacerse cargo de los escáneres de seguridad. El ministro recriminó a los trabajadores por ser “inflexibles”, diciendo que habían mostrado “cero voluntad de llegar a un acuerdo”. De la Serna añadió que era necesario desplegar a la Guardia Civil porque España estaba en el nivel cuatro de alerta terrorista (en una escala ascendente del uno al cinco).

Después del anuncio de la votación para seguir con la huelga, de la Serna dijo que enviaría “inmediatamente” la huelga a un arbitraje vinculante. Una ley de dudosa constitucionalidad promulgada en 1977, el último año del régimen fascista establecido por el Generalísimo Francisco Franco, permite al gobierno tomar todas las medidas necesarias para aplastar cualquier acción huelguística que siga adelante contraviniendo los resultados de un arbitraje.

Tras la votación, los trabajadores destacaron que tenían derecho a ir a la huelga, tal como lo garantiza la Constitución de 1978. Purificación Infante, que es miembro del comité de huelga, dijo, “Veo ahora que trabajan duro para aplastar una huelga, que es un derecho constitucional que tenemos”.

El gobierno español del PP, como sus contrapartes europeas, está usando leyes promulgadas bajo el pretexto de impedir ataques terroristas para suprimir luchas obreras, preparando el terreno para ataques más amplios a los derechos democráticos. Este es apenas el incidente más reciente de destacamentos armados que son desplegados contra huelgas y protestas en Europa, el más prominente de los cuales fue la movilización masiva de la policía antidisturbios francesa el año pasado contra jóvenes y trabajadores que protestaban contra la ley laboral impopular del gobierno del Partido Socialista.

Los 350 agentes de seguridad de Eulen en Barcelona, que operan escáneres, controlan colas y cachean pasajeros, convocaron la huelga contra sus salarios de pobreza y sus malas condiciones laborales.

Culpan a AENA, la empresa de gestión del aeropuerto que es propiedad del Estado en un 51 por ciento, de conceder un contrato de 23 millones de euros para la seguridad del aeropuerto hace un año a Eulen, el licitador que hizo la oferta más baja. El año pasado, Eulen tuvo ganancias de 14 millones de euros, un 65 por ciento más que el año anterior. Las familias de Núñez Feijoo, el actual presidente de la región de Galicia, y del antiguo Ministro del Interior Mayor Oreja, ambos del PP, son los accionistas mayoritarios de Eulen, que tiene concesiones de contratos en 27 aeropuertos.

Bajo el anterior contratista en Barcelona, Prosegur, los empleados ganaban unos 1.300 euros al mes. Con Eulen, los trabajadores transferidos desde Prosegur ganan 1.100 euros, mientras que los recién contratados ganan apenas 800 ó 900 euros. Se obliga a los empleados a hacer horas extra por 8 euros la hora para compensar la diferencia, a veces trabajando hasta 16 horas seguidas.

Además de exigir salarios más altos, los trabajadores piden que se contrate a otras 50 personas para la seguridad.

La semana pasada, los trabajadores rechazaron la oferta de Eulen de contratar como mucho a 21 nuevos empleados y aumentar los salarios 155 euros al mes. También rechazaron la propuesta del arbitraje del gobierno regional catalán de un aumento de 200 euros al mes, votando en cambio por amplia mayoría apoyar su propia propuesta de 250 euros.

Si el gobierno impopular y en minoría del PP envía a la Guardia Civil, será porque ha sido envalentonado por el papel de los sindicatos, los separatistas catalanes y las fuerzas de la pseudoizquierda. Los sindicatos están aislando y desgastando las huelgas del sector, bajo condiciones en las que las convocatorias de huelgas se están extendiendo a otros aeropuertos, incluyendo Madrid y Galicia.

Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de los Trabajadores (UGT) y la Unión Sindical Obrera (USO) han enviado una carta a AENA amenazando con convocar huelgas si no reciben respuesta a sus demandas. Sin embargo, para asegurarse de que esto no afecta la rentabilidad de los aeropuertos y el sector turístico, han convocado las acciones huelguísticas para comienzos de la temporada baja y en días diferentes. Según su notificación de la huelga, su intención es ir a la huelga el 15, 17, 22 y 24 y 29 de septiembre; el 1, 6, 11, 15, 27, 30 y 31 de octubre; el 3 y 5 de noviembre; y el 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

Los nacionalistas catalanes afirman que una Cataluña independiente mejoraría el nivel de vida de la región. Tienen el objetivo de celebrar un referendum sobre la independencia el primero de octubre, que el PP ha jurado impedir “por todos los medios”. Se han unido a Madrid en el ataque a los trabajadores huelguistas.

El gobierno regional ha ofrecido al gobierno nacional el uso de la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra, para ayudar a la Guardia Civil a romper la huelga.

Jordi Turull, el portavoz del gobierno regional, dijo que la Guardia Civil “con certeza hará más trabajo en el aeropuerto, al servicio de los ciudadanos, que buscando y persiguiendo urnas” —una referencia a la amenaza de Madrid de utilizar a la Guardia Civil para impedir el referendum independentista. Turull también atacó a los trabajadores por no ceder, amenazando que “si lo queréis todo, terminaréis perdiéndolo todo”.

Gabriel Rufián, el portavoz en el parlamento español del partido separatista ERC (Izquierda Republicana de Cataluña), tuiteó: “Qué mala suerte que la compañía de seguridad de la hermana de Núñez Feijoo trabaje en 27 aeropuertos y vaya a la huelga solo en Barcelona”, sugiriendo que el PP está usando la huelga como un ataque a Cataluña.

Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona respaldada por Podemos, salió a defender que la Guardia Civil rompa la huelga argumentando que “no están reemplazando a los trabajadores, y ahora mismo lo que hace falta es garantizar la seguridad por encima de cualquier otra cosa”.

El papel reaccionario de Colau en la huelga expone el carácter antiobrero de Podemos y la bancarrota de todos los que afirmaban que Podemos representaba una alternativa al Partido Socialista Obrero Español y que colaboraron en el ascenso de Podemos y Colau. La alcaldesa ejemplifica aquello a lo que los trabajadores en España se enfrentarían si un gobierno de “izquierdas” que incluyera a Podemos llegara al poder.

En la huelga del metro del año pasado, Colau llamó a los sindicatos a retirar la amenaza con la huelga como una precondición para conversaciones, insistiendo en que una huelga no era en el “interés público general” y que limitaciones presupuestarias significaban que la ciudad no podría hacer una mejor oferta. La supuesta “alcaldesa del cambio” también uso a la policía de la ciudad para dispersar, arrestar y deportar a trabajadores inmigrantes que se ganan la vida vendiendo por las calles.

Los trabajadores y los jóvenes deben defender a los trabajadores de la seguridad de Barcelona, oponerse a las fuerzas del orden rompehuelgas, y prepararse para movilizarse en una lucha política más amplia contra las autoridades catalanas y el gobierno del PP en Madrid.