El gobierno español está preparando un despliegue masivo de la policía y de las fuerzas de seguridad, incluso a medida que se plantean dudas sobre cómo se permitió el atentado terrorista la semana pasada en Barcelona. Conforme emerge evidencia de que la célula terrorista era bien conocida por los servicios de inteligencia, Madrid está minimizando la investigación y exigiendo más medidas policiales.

En una conferencia de prensa el sábado, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó que la célula islamista detrás del ataque había sido "desmantelada". Sin embargo, después de la rueda de prensa, el ministerio del Interior distribuyó un documento a las fuerzas de seguridad estatales, ordenándoles, "intensificar los controles policiales en la zona fronteriza hispanofrancesa" y el "establecimiento de dispositivos de seguridad específicos y reforzados en todos aquellos lugares en los que se produzca una elevada concentración de personas, poniendo especial énfasis en zonas de afluencia turística".

Los despliegues masivos de la policía llevarán a cabo "controles aleatorios de personas y vehículos" y prestarán mayor atención a las "zonas de aglomeración", tales como plazas, malecones y calles peatonales. Los lugares asignados como "puntos estratégicos" se reforzarán con vehículos o agentes policiales.

Las declaraciones de Zoido plantean más preguntas de las que dan respuestas. Primero, ¿quién le está dando garantías de que la célula terrorista ha sido desmantelada? En segundo lugar, si de hecho cree esto, ¿por qué está ordenando una escalada masiva de medidas policiales en España?

Minutos después de la declaración de Zoido, el inspector Albert Oliva, portavoz de la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra, negó que las agencias policiales hubieran "desmantelado" la célula terrorista y le recordó a Zoido que los Mossos lideraban la investigación. El ministro del Interior de Cataluña, Joaquim Forn, subrayó que los Mossos no consideran que la célula terrorista esté "completamente desmantelada".

La policía catalana cree que la célula estaba formada por doce hombres. Cinco fueron asesinados en un tiroteo en Cambrils: Mousa Oukabir, Said Aallaa, Mohamed Hychami, Omar Hychami y Houssaine Abouyaaqoub. Se han encontrado rastros biológicos de al menos tres víctimas en una casa de Alcanar, donde la policía cree que la célula estaba planeando un ataque a gran escala utilizando cilindros de gas rellenos de explosivos. Sin embargo, una explosión accidental destruyó la casa el miércoles. Un hombre herido en esa explosión, Mohamed Houli Chemlal, fue arrestado y actualmente está en el hospital.

La policía catalana sigue buscando a un sospechoso de 22 años, Younes Abouyaaqoub, que aparentemente huyó a Francia. Esto significa que, de una célula de doce hombres, nueve han muerto o sido arrestados, y al menos uno está a la fuga. Otras cuatro personas han sido detenidas en Ripolls, donde vivían la mayoría de los agresores.

La evidencia que sugiere que la celda aún no ha sido desmantelada también plantea agudamente la cuestión de cómo se permitió el ataque. No es creíble afirmar que las fuerzas que organizaron el ataque pasaron desapercibidas por la vigilancia de los servicios de inteligencia.

La CIA les había advertido a los Mossos que la avenida La Rambla de Barcelona había sido seleccionada por terroristas, y ayer el senador estadounidense Benjamin Cardin dijo que era "inaceptable" que el ataque se produjera a pesar de tales advertencias.

El imán Abdelbaki Es Satty, considerado el “líder espiritual” de la célula, ayudó a planear los ataques y se reporta que murió en la explosión accidental el miércoles. En Castellón, Valencia, había sido condenado por tráfico de hachís a dos años de cárcel. Durante su estancia en la cárcel, Es Satty se hizo amigo de Rachid Aglif, un miembro de la célula islámica responsable del atentado de Al Qaeda en Madrid en el 2004, que mató a 192 personas e hirió a 2000.

En el 2007, una investigación realizada por el Centro Nacional de Inteligencia en España y los Renseignements Généraux de Francia descubrieron que los islamistas detrás de los bombardeos de Madrid en el 2004 les habían comprado sus explosivos a exmineros a cambio de bloques de hachís.

Las autoridades de Vilvoorde, cerca de Bruselas, también confirmaron que Es Satty vivió allí durante tres meses el año pasado, mientras buscaba un trabajo. Vilvorde, junto con Molenbeek, es una de las principales ciudades de Bélgica en la que fueron reclutados jóvenes a redes islamistas para luchar en Siria. El País escribe: "Los viajes del imán Es Satty siguen de momento cubiertos por un halo de misterio en torno a sus actividades. El religioso había manifestado su intención de mudarse a Bélgica, y las fuerzas de seguridad buscan aclarar sus motivaciones".

No resulta creíble afirmar que alguien con sus antecedentes pueda haber estado a la cabeza de un grupo de atacantes, fabricando grandes cargas de explosivos TATP almacenados en 106 cilindros de butano y recogido al menos cinco vehículos, todo ello sin levantar sospechas. Cataluña es conocida por ser un centro de actividad yihadista en España. Desde el 2012, de 259 personas detenidas en España por cargos de terrorismo, 77 estaban en Cataluña, mientras que los funcionarios españoles se jactan de estar llevando a cabo una vigilancia masiva de los musulmanes en Cataluña.

La pretensión de que las fuerzas de seguridad se centran en los terroristas islámicos para prevenir nuevos ataques es un fraude. En realidad, la acumulación policial ordenada por el Gobierno del Partido Popular es parte de un amplio incremento en el espionaje de masas, la represión y la detención arbitraria internacional, dirigido sobre todo a la clase obrera.

Después del ataque de Charlie Hebdo en Francia, el Gobierno del PP aprobó la Ley de Seguridad Nacional. Como advirtió el WSWS, "el gobierno del PP está organizando las fuerzas del Estado para utilizarlas, no contra los yihadistas ni cualquier otro supuesto terrorista, sino para represión interior bajo condiciones de malestar social. La nueva ley fue promulgada alrededor de otras leyes antiobreras recientemente aprobadas con el respaldo de la oposición del PSOE o a través de la mayoría parlamentaria del PP".

Desde entonces, las tensiones de clase solamente han aumentado, con nuevas capas de trabajadores realizando acciones industriales. En julio, se fueron a la huelga los taxistas, los trabajadores del metro y los trabajadores de Bicing, Renfe (la empresa estatal que opera los trenes de mercancías y de pasajeros), la seguridad aeroportuaria y Deliveroo (empresa británica de entrega de alimentos en línea).

Por lo tanto, la impopular minoría española del PP está más decidida a alimentar una represiva atmósfera de ley y orden, enviando a la policía paramilitar de la Guardia Civil a romper la huelga de los trabajadores de la seguridad aeroportuaria del aeropuerto El Prat de Barcelona. Están explotando el hecho de que los nacionalistas catalanes, quienes favorecen las políticas de austeridad y controlan la administración regional en Barcelona, apoyan dichas medidas de ley y orden y de romper huelgas, al igual que los otros partidos en España, como Podemos, que tampoco hará nada para oponérseles.

Después del ataque, Zoido convocó a la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Centro Nacional de Inteligencia, los Mossos y la Ertzaintza (la policía vasca). En última instancia, decidieron no elevar el nivel de alerta de terrorismo de España a 5 en la escala de 5 puntos, lo que le habría permitido a Madrid desplegar 5000 soldados dentro de España.

Zoido afirmó que, aunque el nivel de alerta se mantenga en cuatro, su ministerio continuará "evaluando permanentemente" si se requiere la alerta 5. Es decir, España está ahora permanentemente a un paso de la ley marcial.

Si el ejército fuere movilizado en ciudades españolas, sería la primera vez desde el régimen militar fascista de Francisco Franco en 1939-1978. Después de que el régimen franquista cayó, los distintos mandatos ni siquiera lo consideraron una opción en la década de 1980, cuando el grupo armado separatista vasco ETA mató a 425 civiles en una serie de bombardeos. Incluso después de los atentados de marzo del 2004 de Al Qaeda en Madrid, no hubo discusión pública sobre el despliegue del ejército.

Madrid ahora está considerando desplegar el ejército no porque esté librando una lucha total contra el terrorismo, sino porque las tensiones de clase en España e internacionalmente son mucho más altas que hace una década. Frente a las secuelas de la crisis económica del 2008 y el desempleo masivo en todo el sur de Europa, incluida España, su única solución es aplicar una mayor represión, propia de un Estado policial.