El indulto de Trump al exsheriff de Arizona: una luz verde para la violencia y la represión contra los inmigrantes

por Kevin Martinez y Patrick Martin
30 agosto 2017

El viernes por la noche, la Casa Blanca emitió una declaración del presidente Trump, anunciando su indulto presidencial para Joe Arpaio, el exsheriff del condado Maricopa, Arizona, donde se ubica la capital estatal y la quinta ciudad más poblada del país, Phoenix. Tras no quedar reelecto en noviembre, Arpaio se ganó la reputación de personificar la brutalidad y el racismo de la policía, particularmente hacia los inmigrantes.

Obtuvo una condena de cárcel por desacato a una orden de un juez federal del 2011 para dejar de perfilar racialmente a latinos, quienes estaban siendo arrestados y entregados a las agencias federales migratorias bajo la mera sospecha de que no tuvieran documentos. Arpaio apoyó desde un principio la candidatura de Trump, al compartir sus puntos de vista racistas y xenofóbicos en inmigración y en la aplicación de “la ley y el orden”.

Trump decidió anunciar la amnistía cuando el público y la prensa estaban enfocando su atención en el impacto del huracán Harvey en Texas. Sin embargo, el presidente ya había dado indicios de su decisión en su discurso derechista el 22 de agosto en Phoenix, una semana después de que defendió los disturbios neonazis en Charlottesville, Virginia, que dejaron a una manifestante antifascista muerta.

Varios informes de fuentes de la Casa Blanca develan que Trump intentó prevenir que Arpaio fuera enjuiciado y condenado en la primavera, cuando el exsheriff encaraba acusaciones por desacato en un tribunal federal de distrito. Trump llegó a discutirlo con su asesor Donald F. McGahn y el fiscal general, Jeff Sessions, quienes le aconsejaron no cerrar el caso con una orden ejecutiva.

El 31 de julio, Arpaio fue encontrado culpable de un delito menor por desobediencia a la corte y estaba esperando una sentencia en octubre, con una pena de hasta seis meses de cárcel. Sin embargo, Trump ya estaba decidido a concederle un indulto, algo que hizo tan sólo tres semanas después. La Casa Blanca no siguió el procedimiento usual, en el que la unidad que administra este tipo de peticiones en el Departamento de Justicia realiza un estudio detallado del caso, el paso de cinco años después de la sentencia y una disculpa oficial.

La presión más inmediata provino de una carta de dos páginas del abogado de Arpaio a McGahn, enviada el mismo viernes en la mañana, donde pide una intervención presidencial antes del veredicto para prevenir que el exsheriff fuese, “sentenciado, esposado, desfilado en público y encarcelado”. En otras palabras, debía evitarse que Arpaio pasara por lo mismo que él hizo pasar a miles de personas inocentes, pero con mayor brutalidad. Pocas horas después, la Casa Blanca anunció el indulto total.

En el mitin de Trump en Phoenix, el mandatario declaró que el sheriff Arpaio iba a ser encerrado por “sólo hacer su trabajo”, sugiriendo que tales ofrecimientos están en la mesa para aquellos extraños casos cuando los policías son condenados entre los cientos de asesinatos policiales que ocurren cada año en EUA.

Las protestas usuales de los congresistas demócratas no se hicieron esperar, y hasta de varios republicanos como el senador de Arizona, John McCain, y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Pero, objetando principalmente la falta de decoro, no señalaron a su claro significado político en relación con los recientes comentarios de Trump a favor de los neonazis y supremacistas blancos en Charlottesville.

Las críticas de los demócratas son particularmente hipócritas ya que apoyaron universalmente las medidas antimigratorias del Gobierno de Obama, el cual deportó un récord de 2,7 millones de personas y autorizó la construcción de cárceles privadas con fines de lucro para la detención de refugiados que han estado intentando escapar las condiciones de violencia y represión de América Central.

A lo que se oponen verdaderamente los demócratas y republicanos es que el respaldo abierto de Trump a fascistas e intolerantes está menoscabando la pretensión del gobierno de estar defendiendo “la libertad y la democracia” en EUA y alrededor del mundo.

Su condena por un delito menos se originó en la orden judicial del 2011 que le obligaba a dejar de perfilar racialmente a latinos y entregárselos a las agencias migratorias. Arpaio desafió la orden y no fue hasta noviembre del 2016 que dejó de encarcelar inmigrantes ilegalmente, cuando perdió su reelección.

Siendo sheriff del condado de Maricopa, construyó un campamento en 1993 para mantener a personas presas en la intemperie, con temperaturas de más de 38 grados. Él mismo describió la ciudad de carpas que armó un campo de concentración. A pesar de las denuncias de Amnistía Internacional, el campamento no fue quitado hasta el fin de su término en abril de este año por parte del nuevo sheriff, Paul Penzone.

Arpaio también es conocido por haber reintroducido en 1995 la práctica de cuadrillas de presos encadenados, obligando a mujeres, hombres e incluso menores en centros de detención juveniles al trabajo forzado, algo descontinuado en EUA desde los años cincuenta y visto como un vestigio de la explotación de esclavos.

También, el exsheriff tiene la mala fama de haber obligado a los reclusos a utilizar ropa interior rosada y rehusarse a investigar crímenes sexuales, particularmente cuando las víctimas eran hijos de inmigrantes indocumentados.

Le entretenía humillar a los presos, quienes son en su gran mayoría arizonenses que fueron encerrados por ofensas de drogas y crímenes contra la propiedad privada triviales. El sitio web del departamento del sheriff publicaba imágenes de la cárcel para detenidos antes de sus juicios, destacando la “ficha policial del día”.

Sus críticos eran hostigados por la policía. Cuando el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, pidió una investigación federal sobre las tácticas policiales de Arpaio, el sheriff demandó tener acceso a los correos electrónicos y registros de llamada del alcalde. Además, arrestó a reporteros del New York Times bajo pretextos falsos en el 2007, por lo que fue ordenado a pagar $3.75 millones en gastos legales.

Los familiares de los internos que murieron bajo la custodia de Arpaio lo denunciaron, llevando a una liquidación de reclamaciones de $42 millones durante todo su mandato. Entre el 2004 y el 2008, murieron 64 internos bajo su custodia, principalmente de enfermedades que pudieron haberse tratado en un entorno médico normal. Varios de los presos fueron golpeados a muerte por los guardias.

Después de una investigación de tres años realizada por el Departamento de Justicia, salió un reporte que indicaba que la oficina del sheriff del condado de Maricopa manifestaba una “discriminación generalizada contra latinos” que alcanzaba “los niveles más altos de la agencia”. El Departamento de Justicia declaró que Arpaio era responsable de “prácticas policiales inconstitucionales” y del peor patrón de perfiles raciales en la historia de Estados Unidos.

El indulto de Trump constituye una advertencia para la clase obrera y una señal de que el Estado está preparando implementar formas de gobiernos propias de un Estado policial. El uso de campos de concentración, el trato inhumano de presos y los llamados abiertos a favor del racismo son vistos con aprobación por el Gobierno de Trump y las secciones poderosas de la clase gobernante que representa.

El indulto también está teniendo lugar mientras Trump está preparando más medidas para atacar los derechos democráticos de los inmigrantes, además de su notorio muro. La semana pasada, amenazó con provocar un cierre del gobierno si el Congreso no aprueba un financiamiento para su muro dentro de la legislación presupuestaria que tiene que ser promulgada antes de que se acabe este año fiscal el 30 de setiembre.

Muchos informes de la prensa sugieren que Trump está planeando congelar la entrega de permisos del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA; Deferred Action for Childhood Arrivals). Bajo DACA, casi ochocientos mil inmigrantes indocumentados que llegaron a EUA como menores han podido quedarse a trabajar y continuar su educación sin temer ser deportados.

El programa, el cual fue implementado como una orden ejecutiva de Obama, obliga a los solicitantes a develar su estatus como indocumentados al gobierno, dejándolos vulnerables a ser acorralados y detenidos en masa para deportación en caso de un cambio de política. Esto ejemplifica el carácter de doble filo de las llamadas “reformas” migratorias promulgadas por Obama y los demócratas, quienes aceptan completamente y han institucionalizado la reaccionaria premisa que los trabajadores indocumentados son criminales.

Con la llegada de Trump al poder, el potencial del programa como una herramienta de detenciones y deportaciones masivas está destinado a hacerse realidad.

El jueves, el fiscal general Sessions discutió los planes de la Casa Blanca para DACA. Diez fiscales generales estatales han amenazado con emitir una denuncia federal contra el programa al menos que sea detenido el 5 de setiembre. El resultado más probable es que el programa sea suspendido, previniendo que nuevas personas se inscriban o que aquellos con permisos los renueven después de sus dos años de validez.

Sea cual fuere la forma exacta de los ataques del Gobierno, involucrará la detención de jóvenes que en la mayoría de los casos no tienen memoria de otro país que no sea EUA y su deportación a países cuyo idioma frecuentemente no hablan.