Después de que la brutal represión del domingo al referéndum sobre la independencia de Cataluña por parte de la Policía Nacional española y la militarizada Guardia Civil dejara más de 900 personas heridas, cientos de miles se manifestaron en ciudades de toda Cataluña en medio de un “paro de país”. La protesta fue convocada por los partidos secesionistas catalanes, los sindicatos y grupos de la patronal, con el apoyo del gobierno regional catalán.

Jóvenes, dependientes, y trabajadores de varios sectores dejaron de trabajar o marcharon, incluyendo en congregaciones multitudinarias de decenas de miles de personas en Barcelona. Una vez más quedó claro que el fracaso de la policía en impedir el referéndum del pasado domingo, en medio de una movilización multitudinaria de la población catalana, reflejó la amplia oposición popular a formas de gobierno autoritarias.

Decenas de miles protestaron en Barcelona durante el día ante la sede regional del gobernante Partido Popular (PP), la Policía Nacional y la Guardia Civil coreando “Las calles siempre serán nuestras”. Fuera de Barcelona, miles llenaron las plazas principales de pueblos y ciudades por toda Cataluña.

Piquetes cortaron 57 rutas, y muchos pequeños negocios cerraron. Casi todas las escuelas permanecieron cerradas, ya que faltaron los estudiantes. El 75 por ciento de los empleados de la salud pública no fue a trabajar, según el Ministro de Salud catalán. Los estibadores cerraron los puertos de Barcelona y Tarragona. El sector agrícola permaneció inactivo durante el día, y los cultivadores de arroz del Delta del Ebro interrumpieron la cosecha.

Las principales instituciones culturales catalanas —el Teatro Nacional de Cataluña, el Museo de Arte Nacional de Cataluña, o el Ateneu Barcelonès— cerraron. Los principales monumentos de Barcelona, incluyendo a la Sagrada Familia, La Pedrera y el Museo del F. C. Barcelona, también cerraron.

Los trabajadores de Mercabarna, la principal sociedad gestora de la distribución alimentaria que supervisa los mercados mayoristas que abastecen a más de 10 millones de personas, también fue a la huelga. En la automotriz Nissan, el 70 por ciento de los obreros fueron a la huelga, obligando a cerrar la fábrica.

Con todo, los organizadores de la protesta no querían un paro total en Cataluña, mucho menos en toda España. El gobierno regional mantuvo abiertos servicios mínimos en el metro de Barcelona durante parte del día. Seat, el fabricante de coches y el más grande empleador en Cataluña, operó con normalidad, como lo hicieron las compañías petroquímicas; no hubo alteraciones importantes en el aeropuerto de Barcelona.

Estas protestas han mostrado la oposición arraigada en amplias capas de la población contra la represión masiva y el autoritarismo. Sin embargo, hay que formular las advertencias más urgentes: estas formas de protesta no hacen nada para detener las próximas oleadas de represión que está preparando toda la clase gobernante española. Para esto hace falta la movilización de la clase trabajadora en toda España y por toda Europa en lucha contra el peligro del Estado policial.

Tal como explicó el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) en su declaración sobre el referéndum catalán, “la única política viable contra el peligro de la guerra y la dictadura es luchar para unificar a la clase obrera en España y Europa en una lucha contra el capitalismo y para la reorganización socialista de la sociedad. Esto sólo puede llevarse a cabo en una lucha revolucionaria contra todas las facciones burguesas española”.

El principal peligro al que se enfrentan los trabajadores y los jóvenes en Cataluña es que las protestas de ayer fueron organizadas por fuerzas que defienden el orden social existente. Son incapaces de movilizar a la clase trabajadora en una lucha política contra la burguesía española, de la que de hecho forman parte, y son hostiles a ello.

Todo el establishment político español cerró filas tras las acciones salvajes de la policía el domingo, mientras 16.000 Guardias Civiles y Policías Nacionales siguen en Cataluña. El ministro del Interior Juan Ignacio Zoido denunció las protestas crecientes en las inmediaciones de los hoteles catalanes donde se aloja la policía española como un “acoso intolerable”.

La Unión de Oficiales Guardia Civil, una asociación de la fuerza paramilitar, publicó una declaración afirmando que han sido “abandonados a su suerte, traicionados por algunos desleales Mozos de Escuadra [la policía regional catalana], azuzados por políticos TRAIDORES al Estado”.

Hace un llamamiento a los dirigentes del PP, del PSOE y de Ciudadanos para “que se actúe, que se les libere”. Concluye, declarando en una diatriba fascista: “La Guardia Civil muere, pero no se rinde. La Guardia Civil está para servir con honor a su Estado, con lealtad, con abnegación, con firmeza, con prudencia, siendo serenos ante el peligro … Los guardias civiles no echan gasolina al fuego, como algunos políticos que están deseando la fractura del Estado, la anarquía, la revolución, el sinsentido”.

El respaldo a la violencia policial va acompañado de discusiones intensas sobre la implementación del Artículo 155 de la Constitución Española, que allanaría el camino a que el ejército español y la policía quedaran a cargo del gobierno regional catalán y pusieran a la región bajo sus órdenes.

El gobierno en minoría del PP está esperando a que el PSOE le apoye. Aunque el PP podría aplicar el Artículo 155 por su cuenta, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular Rafael Hernando consideró que “tal medida tiene que tener el mayor apoyo posible”.

Ayer, el PSOE adoptó una posición de evasivas elaboradas respecto a si respaldaría una arremetida militar y policial contra Cataluña. En una rueda de prensa después de una reunión de la Ejecutiva del PSOE, al Secretario de Política Federal Patxi López se le preguntó reiteradamente sobre la posición del partido respecto al Artículo 155. Dijo, “Primero vamos a ver si efectivamente en el Parlament [catalán] se hace una declaración unilateral de independencia (DUI) y luego veamos cuáles son los mecanismos del Estado para evitar y frenar esa locura”.

Ciudadanos, que surgió primero como un partido catalán anti-independentista antes de dar el salto a la política nacional, le está exigiendo a Rajoy que invoque el Artículo 155 para impedir una declaración unilateral de independencia, acerca de la cual los independentistas todavía están divididos. El dirigente de Ciudadanos Albert Rivera dijo, “Si alguien tiene una propuesta, que lo diga ahora, porque quedan 72 horas antes [de que el gobierno catalán] declare la independencia, y eso es algo que no se puede parar con un fax registrado desde el Tribunal Constitucional”.

Sectores de la prensa española de derechas están reclamando sangre, argumentanto a favor de invocar el Artículo 155 para proceder a la represión en masa, arrestos, y despidos de trabajadores considerados desleales con el Estado. En un artículo de opinión en el diario conservador ABC, Manuel Marín argumentaba contra cualesquiera negociaciones con los nacionalistas catalanes, planteando en su lugar aplicar el Artículo 155.

Escribió que invocar esa cláusula “conllevaría violencia en las calles … Y millones de partidarios y detractores en toda España deberían prepararse mentalmente para asistir a detenciones, suspensiones, inhabilitaciones y una agresiva insurrección callejera que debería ser sofocada. El odio dejaría de ser controlable incluso por los instigadores de la farsa [independentista]”.

Hay una profunda oposición en la clase trabajadora en España y en Europa a estas amenazas salvajes y fascistoides. Sin embargo, hay que decirlo tajantemente: esta oposición solo se puede movilizar en una lucha efectiva contra la amenaza de más represión rompiendo con los nacionalistas catalanes y sus aliados de la patronal y los sindicatos, y dirigiendo la atención hacia una lucha revolucionaria internacional de la clase trabajadora contra el capitalismo.