El sábado, tres semanas después de la represión del referéndum sobre la independencia catalana del primero de octubre, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, invocó el artículo 155 de la Constitución española para suspender la autonomía catalana.

La acción congregó a 450.000 personas en una manifestación de protesta en Barcelona más tarde en el día, una señal de que las medidas antidemocráticas que se impondrán en virtud del artículo 155 provocarán una confrontación violenta con la población catalana.

Las medidas sin precedentes permiten al gobierno del Partido Popular (PP) destituir al presidente regional catalán Carles Puigdemont y sus ministros, asumir el derecho de convocar elecciones regionales y tomar el control de las instituciones económicas de Cataluña, la policía regional o Mossos d’Esquadra y los medios públicos catalanes. Se han finalizado los planes para enviar Guardias Civiles y tropas para establecer una ocupación policial y militar de facto.

Este viernes, las medidas de Rajoy se someterán al Senado español, donde el PP tiene mayoría absoluta, para su aprobación. Tienen el apoyo del Partido Socialista español (PSOE) y del partido Ciudadanos, así como de la Unión Europea y la administración de Trump.

Ante la embestida del PP, la burguesía regional catalana está en crisis. En un intento por evitar que la respuesta a Rajoy se desate fuera de los canales oficiales, ha seguido una política de apelar al PP y al PSOE para el diálogo y al poder judicial español y a la UE para que intervengan. El lunes, la Comisión Europea reiteró que su actitud hacia Cataluña no había cambiado. “La posición es bien conocida”, declaró un portavoz de la Comisión. “Siempre hemos dicho que respetamos la disposición constitucional y legal de España”.

También el lunes, el parlamento de Cataluña indicó que tendrá una sesión completa el jueves por la mañana para presentar su respuesta a Madrid. El portavoz de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Sergi Sabrià, acusó al PP, al PSOE y a Ciudadanos de “desperdiciar” la “oportunidad de diálogo” ofrecida por la suspensión de la declaración de independencia de Puigdemont la semana pasada. Dijo que la mejor respuesta “al Artículo 155 y al golpe de Estado” era declarar la independencia.

El partido secesionista pequeño-burgués Candidaturas de la Unidad Popular (CUP) exige que se declare la independencia de inmediato, amenazando con una “desobediencia civil masiva” en caso contrario.

El ministro de Asuntos Exteriores de Cataluña, Raúl Romeva, dijo a la BBC que las instituciones catalanas responderían con desafío. Dijo, refiriéndose a la población de la región: “No es una decisión personal. ... Es una decisión de 7 millones de personas”.

Continuó: “No tengo dudas de que todos los funcionarios en Cataluña seguirán las instrucciones impartidas por las instituciones elegidas y legítimas que tenemos en este momento”.

Albert Donaire, vocero de una sección de la policía regional llamada “Mossos por la Independencia”, instó al gobierno regional a declarar una república catalana antes de que entre en vigor el Artículo 155 y el Ministerio del Interior español tome el control de los Mossos. Los Mossos seguirán siendo “leales al parlamento y al gobierno [catalán]”, dijo Donaire.

El grupo “Universidades para la República” ha convocado una huelga estudiantil para el 26 de octubre para exigir la liberación “inmediata” de los activistas catalanes encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La invocación del Artículo 155 ha provocado una crisis en la sección catalana del PSOE, el Partido Socialista de Cataluña (PSC). En su apogeo en la década de 1990, el PSC ocupó 52 de los 135 escaños en el parlamento catalán y en torno al 38 por ciento. Sin embargo, en las últimas elecciones de 2015, el número de diputados del PSC cayó del 16 al 13 por ciento de los votos, en gran parte debido a la ira por las medidas de austeridad que impuso como parte de un gobierno de coalición regional.

El PSC está dividido sobre el apoyo del PSOE al Artículo 155. El líder del PSC, Miguel Iceta, ha rechazado las llamadas dentro del partido para oponerse “frontalmente” a la imposición del Artículo 155. En cambio, se reunió con Puigdemont, presionándolo para que convoque nuevas elecciones y alegando que esto detendría la disolución del gobierno y la celebración de elecciones forzadas. “Recurrimos al presidente Puigdemont con una doble opción: convocar elecciones basadas en la legalidad actual o utilizar el proceso de una audiencia en el Senado para ofrecer un diálogo. Esta es nuestra posición”, explicó Iceta.

Sin embargo, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) está pidiendo que más municipios rompan sus acuerdos de coalición con el PSC. El diputado de ERC, Gabriel Rufian, dijo: “No se puede gobernar con quienes participan en el salvajismo del Estado. Tenemos que terminar los pactos municipales con el PSC/PSOE”.

El domingo, un comunicado firmado por siete líderes actuales y anteriores del PSC rechazó la aplicación “abusiva y absoluta” del Artículo 155, diciendo que con el apoyo del PSOE español a la política de línea dura del PP, el PSC “ya puede despedirse de la construcción de un gobierno de mayoría alternativa por muchos años”.

Joan Majó, cofundador del PSC y ex Ministro de Industria bajo el presidente del gobierno del PSOE, Felipe González (1982-1986), renunció y dijo que, sin alinearse con el movimiento independentista catalán, ha estado “cada vez más en desacuerdo con” muchas de las políticas del PSC “sobre la relación entre Cataluña y el Estado”.

El apoyo del PSC al Artículo 155 también le ha causado problemas a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que depende del PSC para mantener a su coalición Barcelona en Comú en el poder. Buscando desviar las críticas sobre su estrecha relación con el PSC, Colau dijo que estaba “preocupada” por la “deriva” del líder del PSOE, Pedro Sánchez. El vicealcalde, Jaume Asens, prometió que BComú se comprometerá a analizar “las implicaciones de la aplicación del artículo 155”.

Se ha amenazado con la aplicación del Artículo 155 también en el País Vasco. El ex ministro de Sanidad y presidente regional del PP, Alfonso Alonso, advirtió que la región tiene “todos los ingredientes” para terminar en “la misma situación” que Cataluña. Declaró que era responsabilidad de su partido “evitar” que estos “ingredientes” se mezclen. Alonso habló durante las celebraciones para conmemorar los 40 años de “democracia” en España y el sexto aniversario del momento en que la organización terrorista vasca ETA “reconoció su derrota” y abandonó sus armas.

Durante su discurso, Alonso declaró que, como en Cataluña, también en el País Vasco “el nacionalismo está en el poder”, en referencia al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Hay “fuerzas radicales que todavía justifican posiciones violentas”, continuó, aludiendo a EH Bildu (una reencarnación del ala política de ETA Batasuna). Agregó que “los populistas de Podemos son la tercera fuerza”, y la plataforma Gure Esku Dago es una “incipiente” Asamblea Nacional Vasca.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, declaró que “la deriva autoritaria del Estado” en relación con Cataluña “ciertamente llegará” al País Vasco. Pidió un “ejercicio de responsabilidad política urgente” para defender la “unidad nacional y democrática” entre los partidos que se oponen a la aplicación del Artículo 155.