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Presidente catalán Puigdemont escapa a Bélgica mientras España reafirma su dominio directo de Cataluña

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, buscó asilo el lunes en Bélgica cuando el Gobierno del Partido Popular (PP) en Madrid activó el artículo 155 de la Constitución española para ejercer un dominio directo de la región catalana. Madrid tomó este paso en respuesta al referéndum independista catalán del primero de octubre.

Madrid ahora disolverá el Parlament catalán, tomará control de los ministerios regionales e impondrá nuevas elecciones en Cataluña el 21 de diciembre. En lugar de los gobernantes catalanes depuestos, se hará cargo la vicepresidenta española, Soraya Sánchez de Santamaría, como jerarca no elegida de la región.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron los reportes de que Puigdemont había llegado a Bélgica junto con cinco miembros del Govern catalán, incluyendo a Meritxell Borràs, conseller de Gobernación, y Joaquim Forn, conseller del Interior, del Parti Demòcrata Europeu Català (PDeCat) de Puigdemont, además de Antoni Comín, conseller de Salud, Dolors Bassa, conseller de Trabajo, y Meritxell Serret, conseller de Agricultura, de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha permanecido por ahora en Cataluña con otros de los doce miembros que componen el gabinete disuelto de Puigdemont.

El Ministerio del Interior de España le dijo a La Vanguardia que la huida de Puigdemont no les molestó, indicando que les interesaba “más hoy” asegurarse de que Puigdemont no ocupara más las oficinas del Govern catalán.

El domingo, en una decisión para tomar control de la policía catalana, Madrid despidió al director general de la policía catalana, Pere Soler. Poco tiempo después, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ordenó expulsar al titular de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, considerado demasiado cercano a los independentistas. Trapero está siendo investigado bajo cargos de sedición por haber permitido que el referéndum independentista se llevase a cabo. Dijo en un comunicado que acataría el desahucio.

Madrid también está depurando a cientos de oficiales civiles catalanes. Desde el viernes, las delegaciones catalanas en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México, Austria, Italia, Portugal y Dinamarca fueron todas destituidas. Se espera que cientos más sean despedidos esta semana.

El presidente de España, Mariano Rajoy del Partido Popular. ha amenazado a todos los doscientos mil empleados públicos catalanes con despidos si se oponen a su intento de tomar control de la región. Rajoy anunció que planea disciplinar a los trabajadores, “sin recurrir a mecanismos previos concernientes a medidas disciplinarias”.

El domingo, hubo una manifestación de masas, con alrededor de 300 000 personas, en las calles de Barcelona en defensa de la unidad de España. La congregación fue llamada por el grupo secesionista de derechas, Societat Civil Catalana, y fue apoyada por los partidos que apoyan el artículo 155, Ciudadanos, el PP y el Partido Socialista de Cataluña. Este mes, otra protesta a favor de la unidad atrajo a un número similar de personas, incluyendo a fuerzas hostiles a la secesión catalana de los distritos de clase trabajadora en los suburbios de Barcelona.

Miles también salieron a las calles en la cercana Valencia en oposición al fascismo y a los ataques fascistas contra la manifestación que tuvo lugar el 9 de octubre en solidaridad con los catalanes.

Los sindicatos, hostiles hacia cualquier movilización de la clase obrera contra la amenaza de la represión, le advirtieron ya a la élite política española acerca de la amplia oposición que existe a una intervención militar en Cataluña.

Marc Casanova del sindicato IAC declaró, “No reconoceremos que se vulnere el autogobierno de las instituciones catalanas (…) Nosotros como sindicato no vamos a reconocer la legitimidad de estas autoridades”. El portavoz del sindicato de profesores USTEC, Ramon Font, dijo que muchos maestros no acatarían un intento de Madrid de cambiar el sistema educativo catalán.

Se espera que los bomberos también antepongan cierta resistencia, después de que se opusieran a las medidas policiales de Madrid durante el referéndum del primero de octubre. Ese día, un gran número de bomberos uniformados intervinieron para proteger las escuelas de votación. Un bombero le dijo a AFP que, “si cortan una carretera y nos piden desbloquearla, puede que no respondamos”.

En el frente judicial, Madrid está preparando reprimir al movimiento independentista catalán en una escala no vista desde la dictadura fascista de 1939-1978 que fue establecida por el general Francisco Franco. Se prevé que la Fiscalía General presente cargos de rebelión, cuyas sentencias son de hasta 30 años en prisión, contra Puigdemont, los miembros del Govern y los del comité legislativo que autorizaron el plebiscito independentista, incluyendo a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. También se les acusa de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos.

La fiscalía está inculpando a “todos quienes hayan participado en los hechos” —un término lo suficientemente impreciso para permitir la persecución de miles de personas y cualquiera que se oponga al artículo 155—. Además, indicó que interpondrá cargos contra responsables directos y cualquier “cooperador necesario”.

Ante la amenaza cercana de una dictadura en España, con el respaldo de la Unión Europea, la única fuerza que puede ofrecer una solución progresista a esta crisis es la clase obrera. La cuestión crítica es su movilización en lucha, en Cataluña, el resto de España y por toda Europa, con base en una perspectiva socialista e internacionalista contra las amenazas de represión policial y militar de parte de Madrid.

Los partidos nacionalistas catalanes son profundamente hostiles a una intervención política de la clase obrera en esta crisis. Estando en el poder, han impuesto políticas brutales de austeridad dictadas a España por la Unión Europea, a la cual le dan su incondicional apoyo.

El viaje de Puigdemont a Bélgica subraya la bancarrota de la perspectiva secesionista de formar un nuevo Estado capitalista e independiente de Cataluña. El Govern buscó continuamente un acuerdo con Madrid, incluso cuando Rajoy había dejado claro de que no tenía la intención de negociar con el régimen catalán. En el análisis final, Puigdemont y sus aliados nacionalistas catalanes encaminaron a los trabajadores españoles y catalanes a una trampa, obsequiándole a Madrid la oportunidad de avanzar con su imposición de un dominio directo de la región y una represión militar contra la clase obrera.

Las elecciones catalanas programadas para el 21 de diciembre por Madrid son completamente antidemocráticas, siendo realizadas bajo la amenaza de una intervención militar de España y el encarcelamiento previsto de cientos de políticos catalanes.

La crisis catalana también ha expuesto la bancarrota política de Podemos, en el cual se ha desencadenado una serie de divisiones entre facciones que conciernen esencialmente la cuestión de orientarse hacia el Estado español o hacia los secesionistas catalanes. El viernes, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, puso su sello de aprobación a las medidas reaccionarias de Rajoy, llamando a que “el proceso electoral se produzca sin represión y con todas las opciones políticas presentes”.

El líder de la sección catalana de Podemos, Albano Dante, criticó implícitamente a Iglesias en Catalunya Ràdio, manifestando que aceptar la imposición de dichas elecciones es “aceptar el 155”, lo que constituye una “contradicción inmensa”. No descartó, sin embargo, acordar una coalición entre Podem Catalunya, el PDeCAT, la ERC y el partido secesionista y pseudoizquierdista Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

El ala pablista de Podemos, Anticapitalistas, publicó una declaración reconociendo a “la nueva República catalana” y pidiendo que se rechace el artículo 155. Llaman, además, “a la defensa democrática, pacífica y desobediente de la voluntad del pueblo catalán y su derecho a decidir”.

Mientras que Iglesia se orienta a Rajoy y a la defensa del Estado nación español, los pablistas y la sección catalana de Podemos promueven el nacionalismo catalán. Pese a esto, todas sus facciones se encuentran unidas bajo su objetivo de suprimir toda oposición social a Madrid y a su amenaza de imponer un Gobierno militar.

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