Trabajador inmigrante busca refugio en una iglesia mientras ICE realiza redadas en el oeste de Massachusetts

por Julian James
14 noviembre 2017

En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha desatado una serie de redadas en el oeste de Massachusetts, arrasando y deteniendo a residentes y a trabajadores indocumentados.

Un reciente caso de alto perfil reportado en los medios de comunicación regionales involucra a Lucio Pérez, quien huyó de Guatemala en 1999 y había estado viviendo en la mediana ciudad de Springfield, Massachusetts.

Pérez llamó la atención de ICE en 2009, después de haber ingresado en un Dunkin Donuts en West Hartford, Connecticut, mientras sus hijos esperaban en el automóvil de la familia. Fue detenido por la policía local y acusado de “abandono de menores”. Ese cargo fue retirado rápidamente, pero ICE fue alertado de su caso y comenzó los procedimientos de deportación en su contra.

Lucio hizo arreglos para reunirse periódicamente con ICE y se le concedió una serie de permanencias en los próximos 6 años. Sin embargo, en su última presentación, se le denegaron más permanencias y se le ordenó abandonar el país el 19 de octubre. Ante la perspectiva de ser enviado a miles de kilómetros de su esposa e hijos a un país en el que no había vivido durante casi dos décadas, Pérez desafió la orden de deportación y buscó refugio en una Iglesia Unitaria en Amherst, Massachusetts, donde continúa refugiarse.

ICE ha clasificado a Lucio como un “fugitivo” y ha prometido arrestarlo y deportarlo. En un esfuerzo por contrarrestar el enorme apoyo popular que ha recibido su caso, la agencia ha descrito a Pérez como un delincuente. El representante de ICE , Khalid Wells ,se refirió en una entrevista a las “numerosas condenas por delitos menores” de Pérez. Wells se negó a especificar cuáles fueron esas condenas, citando “reglas de privacidad”.

Lucio Pérez (segundo de la izquierda) fuera de la iglesia unitaria en Amherst

Matt Cameron, un abogado que se ha encargado del caso de Pérez, le dijo al Amherst Bulletin que ICE está reteniendo esa información sobre las condenas porque “todos están relacionados con el tráfico, y porque él no es un criminal en absoluto ... este es su favorito juego ahora, para culpar a la víctima”.

El 9 de noviembre, ICE ejecutó otra redada en el área y detuvo a tres trabajadores agrícolas en su camino de regreso a sus hogares en Springfield. Uno de los hombres detenidos, Edgar López, había sido deportado dos veces por ICE a Guatemala y había regresado a los Estados Unidos en ambas ocasiones, lo cual es un delito penal según la ley federal.

En una declaración a los medios, ICE hizo referencia a los antecedentes criminales de López, incluido agredir a un oficial y conducir ebrio, y se refirió a “condenas por delitos menores previos” en relación con Adolfo González-Velásquez, uno de los otros hombres detenidos.

Bill Newman, director de la Oficina Regional Occidental de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), la cual está organizando la defensa legal para los hombres detenidos, declaró que “cuando ICE utiliza términos como ‘otros delitos menores’, con frecuencia eso significa infracciones menores de tráfico”.

Si bien ambos casos se han publicitado en los medios de comunicación locales, estos hechos representan solamente la punta del iceberg de la represión de la Administración de Trump contra los trabajadores inmigrantes en el oeste de Massachusetts.

Según el Proyecto de Protección de Inmigrantes de la ACLU, el cual proporciona un apoyo crucial, incluyendo la representación legal a los barridos por ICE—estos casos representan una simple fracción de las actividades de ICE en la región.

Javier Luengo, coordinador del Proyecto de Protección al Inmigrante, le dijo a WSWS que ICE parece recibir una alerta cada vez que la policía local o estatal ingresa información en una base de datos nacional sobre alguien que no pudieron identificar con un número de Seguro Social o con una Tarjeta de Identificación de Identidad emitida por el gobierno.

Al preguntársele cómo podría funcionar un sistema de este tipo, Luengo respondió que “no estamos seguros de cómo lo están haciendo”. Pueden estar dirigidas a ciertas palabras o frases en los informes. O tal vez tienen un programa que lo detecta automáticamente, pero definitivamente lo saben”. Incluso si la policía no identifica a alguien de manera positiva durante una parada, se recopila otra información, que incluye, sobre todo, su dirección. Cuando eso sucede, ICE recibe un nuevo objetivo para la deportación y ejecuta un arresto.

La administración Trump, en un esfuerzo por justificar los descarados ataques contra los inmigrantes y fomentar una atmósfera de linchamiento al estilo mafia, también lanzó una ofensiva de propaganda concertada, instruyendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) a publicar listas semanales de presuntos crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados. No es necesario llegar demasiado lejos para encontrar un paralelo histórico con esta reaccionaria práctica.

Así como el periódico NAZI “Der Stürmer” publicó una lista de supuestos “crímenes judíos” en Alemania en el período previo al Holocausto, la orden ejecutiva de inmigración de Trump, emitida en enero pasado, instruye al DHS a “hacer pública una lista completa de acciones criminales cometidas por extranjeros y cualquier jurisdicción que haya ignorado o de otra manera que no haya cumplido con las detenciones con respecto a tales extranjeros”.

An ICE roundup

Los correos electrónicos enviados por el DHS obtenidos en virtud de la Ley de Libertad de Información y reportados por The Intercept revelan las instrucciones emitidas a cada rama local del DHS para presentar los “tres casos atroces” que publicarán los medios. El correo electrónico dice: “Si un lugar tiene solo un caso atroz—entonces incluya un caso extra flagrante de otra ciudad”.

La campaña represiva también contiene ecos escalofriantes del pasado pre-guerra civil de Estados Unidos, cuando la Ley de Esclavos Fugitivos, denominada por los abolicionistas como la “ley del sabueso”, alistó a la policía local en el Norte para hacer ofertas a los dueños de esclavos al imponerle una multa de $ 1000 a cualquier agente de la ley que no arrestara a alguien que supuestamente era un esclavo fugitivo. Una simple declaración jurada era todo lo que la ley requería para “probar” la propiedad de una persona con piel negra. Al igual que la Ley de esclavos fugitivos, las órdenes ejecutivas de Trump y las agresivas operaciones de ICE buscan castigar a los gobiernos locales y a las fuerzas del orden que brindan ayuda o protección a aquellos seleccionados para ser capturados.

Cualquier discusión de las condiciones que están llevando a las personas a arriesgar sus vidas y huir hacia los Estados Unidos en primer lugar, carece de cobertura por parte de los medios de comunicación del ‘establecimiento’ social.

Los hombres recientemente detenidos en el oeste de Massachusetts originalmente provienen de Guatemala, un país profundamente empobrecido donde Estados Unidos derrocó a un gobierno democráticamente elegido en 1954 y luego apoyó una serie de dictaduras militares, mientras libraban una larga campaña genocida de tres décadas y media de contra los campesinos indígenas y los pobres de las zonas rurales.

La sociedad guatemalteca fue completamente brutalizada por estos eventos y hoy experimenta una epidemia de crímenes violentos, corrupción y pobreza extrema. Una organización particularmente sangrienta que ahora aterroriza a la población es el cártel criminal conocido como “Los Zetas”, formado a partir de los elementos más sádicos del ejército guatemalteco entrenado en Estados Unidos después de su desmovilización a mediados de los 90.

Deportar a guatemaltecos y a otros centroamericanos que viven en los Estados Unidos no solo los separa de sus familias, puede equivaler a una sentencia de muerte. Mientras buscan evitar este destino, cientos de miles de personas están siendo convertidas en fugitivos por el propio gobierno responsable de destruir el tejido social de sus países.