El líder de la mayoría republicana en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, anunció el viernes en la tarde que contaba con los 50 votos necesarios para aprobar en dicha cámara el proyecto de ley fiscal que le rebajará los impuestos a los ricos y las corporaciones. Después del del metódico rechazo de una serie de enmiendas propuestas por los demócratas, todas votadas en contra según denominación partidaria, 52 votos contra 48, se espera que su aprobación tenga lugar el viernes por la noche o el sábado por la mañana.

El proceso antidemocrático por el cual está siendo empujada esta medida a través de las cámaras del Congreso pone de manifiesto su carácter reaccionario y socialmente criminal. No se han celebrado audiencias públicas, ni dado testimonios, ni presentado estudios de economistas y expertos sobre el impacto que tendrán las transformaciones agresivas en el código fiscal federal.

Conforme continuaba el debate sobre las enmiendas, para las 4:15 p.m. el viernes, el texto de la legislación todavía no estaba disponible para los senadores que tenían que votarlo, ni hablar del pueblo estadounidense. Páginas escritas a mano estaban siendo adheridas al proyecto de ley después de ser revisadas y aprobadas por cabilderos corporativos. Capítulos enteros involucrando cientos de miles de millones de dólares en ingresos fiscales estaban siendo redactados a puerta cerrada para complacer a los pocos sectores de republicanos que todavía se mostraban reticentes.

Por ejemplo, para la senadora Lisa Murkowski de Alaska, quien votó en contra de la derogación del programa de cuidado de salud Obamacare, el precio por su voto era incluir en el documento una disposición ajena al resto del texto permitiendo la exploración de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Alaska.

Para Ron Johnson de Wisconsin y Steve Daines de Montana, el precio fue incluir $60 000 millones más en recortes de impuestos para las “corporaciones S”, aquellas empresas medianas y multimillonarias que obtuvieron beneficios menos favorables que las grandes corporaciones. Las familias de ambos senadores son propietarias de compañías como estas. La senadora Susan Collins de Maine extrajo la promesa de Trump de impulsar mayores subsidios para las gigantescas aseguradoras que participen en Obamacare.

Los senadores demócratas hicieron declaraciones demagógicas durante el debate, denunciando la legislación como un obsequio para los ricos y las grandes empresas. Tales pretensiones de estar preocupados por el impacto sobre el pueblo trabajador son completamente falsas; sin embargo, su frustración es real. Sienten envidia de haber sido excluidos de los tratos lucrativos siendo incorporados. La Casa Blanca y la dirección republicana en el Senado decidieron impulsar el recorte fiscal utilizando un procedimiento llamado “reconciliación”, el cual solo requiere 50 votos para evitar el uso de métodos obstruccionistas, lo que les previene a los demócratas tener parte en la legislación. Todos los proyectos de ley que han rebajado impuestos anteriormente han sido esfuerzos bipartidistas, con ambos partidos trabajando juntos para cumplir con sus intereses corporativos respectivos.

Los demócratas no están intentando movilizar una oposición popular a tal entrega fiscal para los superricos. En cambio, están apelando a los republicanos para que los dejen participar en el mugriento reparto del botín legislativo. El martes, al menos 15 demócratas realizaron una conferencia de prensa el martes para enviarle un mensaje a la mayoría republicana. “¿Por qué se van a conformar con 50 votos a favor de la reforma fiscal cuando podría conseguir 70?”, manifestó el senador Joe Manchin de West Virginia. “Si han escuchado la retórica de que los demócratas no quieren una reforma fiscal, eso es falso. Queremos la reforma fiscal. El país necesita una reforma fiscal significativa”.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, quien no formó parte de este grupo, también ha dado prueba de su apoyo por los principales objetivos del proyecto de ley, incluyendo recortar la tasa impositiva sobre las empresas, ahora en un 35 por ciento, para permitirles a las gigantes corporaciones con billones almacenados en el extranjero “repatriar” este dinero y pagar un impuesto simbólico. Asimismo, cerró el debate en el Senado con elogios untuosos para los republicanos, “a muchos de los cuales admiro”, y una petición para que reconsideren y les ofrezcan un trato bipartidista a los demócratas.

La Casa Blanca y los congresistas republicanos están buscando enmascarar el descarado carácter de clase del proyecto de ley con una avalancha de mentiras sin precedentes. Trump declaró en un mitin en Missouri que el proyecto de ley dañaría los intereses de multimillonarios como él mismo y que ayudaría a los más humildes: “Nuestro enfoque es ayudarle a la gente que trabaja en los correos postales y talleres en Estados Unidos, a los fontaneros y carpinteros, a los policías y a los maestros, a los camioneros y a los plomeros”.

Tanto el New York Times como el Washington Post publicaron análisis el viernes sobre el impacto que tendrán los recortes fiscales para Trump, con base en su declaración de impuestos del 2005, la única disponible. Bajo este proyecto de ley impulsado por el mandatario multimillonario, ahorraría $31 millones de los $38 millones que pagó en impuestos ese año, al igual que (de acuerdo con la versión de la Cámara de Representantes) evitaría $1 100 millones en impuestos sobre la herencia.

El carácter de clase de esta legislación fiscal tiene que ser puesto en su contexto histórico. Durante la época de plenitud del capitalismo estadounidense, cuando la élite podía costear concesiones modestas a los trabajadores, la tasa de impuestos a las familias más ricas alcanzó el 90 por ciento. Aún si lograban evadirlo mediante ciertos esquemas, marcaba la pauta en cuanto a lo que debían pagar aquellos con los ingresos más altos para financiar los gastos sociales del Gobierno federal.

Durante los últimos 40 años de contrarrevolución social librada por la élite gobernante, impulsada tanto por demócratas como por republicanos, la tasa de impuestos para los ingresos más altos ha caído dramáticamente: de 90 a 70 por ciento en los años setenta y de 70 a 28 por ciento bajo Reagan en los ochenta.

Los enormes recortes de impuestos para los ricos, en combinación con rebajas salariales draconianas, aumentan la desigualdad social a niveles desorbitantes. Hoy día, tres multimillonarios estadounidenses controlan más riqueza que la mitad más pobre de la población del país. Los salarios reales se han estancado e incluso bajado desde 1972.

Este proyecto de ley fiscal representa cierta culminación de este proceso. El capitalismo estadounidense se encuentra en una crisis profunda. El auge bursátil no es una señal de salud financiera, sino es una medida de la enfermedad de un sistema al borde del colapso. Hay un elemento de desesperación en el frenesí en Washington para acometer una nueva transfusión de recursos de la clase obrera a las anquilosadas venas de los adictos en Wall Street.

El saqueo es tan imprudente que el proyecto de ley ni siquiera contiene una hoja de parra de “justicia”. Para el 2027, por ejemplo, según los cálculos de la Oficina Presupuestaria del Congreso y de la Comisión conjunto sobre Asuntos Fiscales (ambas controladas por los republicanos, la nueva legislación les habrá aumentado los impuestos a los ingresos entre $40 000 y $50 000 al año en $5 300 mil millones y les habrá disminuido los impuestos a aquellos que ganan más de $1 millón al año o más en $5 800 millones.

Los métodos que emplea la burguesía para resolver su crisis a expensas de la clase obrera provocarán una resistencia popular cada vez mayor. Bajo las reglas de pagar conforme se va que formaron parte de una serie de tratos presupuestarias bipartidistas entre el Gobierno de Obama y EL Congreso republicano, los $1,5 billones en recortes fiscales por los próximos diez años, tendrán que ser contrarrestados por medio de reducciones de $150 000 millones en los gastos, al menos que el Congreso apruebe una excepción por medio de una súper mayoría.

Esto significa que el nuevo año comenzará con demandas de la Casa Blanca y el Congreso de que el mismo déficit que están empeorando con esta ley sea financiado a través de recortes a los programas nacionales, particularmente los más grandes: los seguros médicos Medicare y Medicaid y el programa jubilatorio del seguro social.

Wall Street, el mayor beneficiario de la rebaja de impuestos, encabezará la ofensiva de austeridad. Goldman Sachs ya sonó la alarma, advirtiéndoles en una nota a sus clientes el jueves que la deuda nacional estadounidense ya se encuentra en su punto más alto como porcentaje del producto interno bruto desde 1950 y que se acerca a niveles insostenibles.

En su marcha cada vez más explícita a monopolizar toda la riqueza de la sociedad, la clase obrera está alimentando la ira y la oposición, cuyas implicaciones son revolucionarias. Las luchas obreras que se avecinan necesitarán romper con los dos partidos que representan a las grandes empresas, a los demócratas y republicanos, y construir un movimiento de masas político e independiente basado en un programa socialista para poner fin al sistema de lucro.