Los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth (FCO) del Reino Unido se vieron obligados a suspender un proyecto de ayuda extranjera de varios millones de libras dirigido a grupos de oposición en Siria que apoyaban a las fuerzas jihadistas.

Los fondos para el proyecto, aparentemente destinados a entrenar a una fuerza policial civil en las provincias de Alepo, Idlib y Daraa, se detuvieron después de que una investigación de BBC Panorama expusiera cómo los oficiales de la fuerza trabajaban con los tribunales para llevar a cabo condenas brutales.

La investigación Jihadis You Pay For tuvo como objetivo el Acceso al Esquema de Seguridad Comunitaria y de Justicia (Ajacs), que funciona desde fines de 2014 en áreas fuera del control del gobierno sirio. El proyecto, dirigido por los consultores británicos Adam Smith International (ASI), comenzó después de que la coalición conservadora-liberal demócrata de David Cameron no lograra persuadir al parlamento para que apoyara la acción militar en Siria en agosto de 2013.

Las revelaciones confirman el apoyo encubierto de Gran Bretaña a las fuerzas jihadistas como sus representantes para derrocar al presidente Bashar al-Assad en Siria, que tiene como objetivo debilitar a Irán y prepararse para una guerra israelí respaldada por Estados Unidos contra ese país.

Según la BBC, el plan debía entrenar a la policía en la Policía Siria Libre (FSP) para restaurar la “ley y el orden” y no cooperar con los extremistas islamistas que controlaban en gran medida las tres provincias. Lo opuesto fue verdad. Además de mostrar cómo el FSP fue cómplice de asesinatos y torturas extrajudiciales, Panorama también reveló que el proyecto estaba sumido en la corrupción y la mala gestión.

Los extremistas vinculados a al-Qaeda habían elegido cuidadosamente oficiales de policía para servir en las estaciones de policía financiadas por Ajacs en la provincia de Idlib. Los oficiales estaban cooperando con los tribunales dirigidos por el Frente al-Nusra, una rama de al-Qaeda, que dictaba castigos extremos, incluidas ejecuciones sumarias. En un caso, los agentes de policía cerraron la carretera cerca de Sarmin en diciembre de 2014 para poder llevar a cabo la ejecución de dos mujeres por lapidación.

Según un informe de ASI de julio de 2016, la policía entregó dinero en efectivo, hasta un 20 por ciento de sus fondos en un punto, a un grupo extremista, Nour al-Din al-Zinki. El grupo está vinculado a abusos y atrocidades contra los derechos humanos, incluida la decapitación de un joven prisionero en 2016. La justificación citada para los pagos fue “el apoyo militar y de seguridad que Zinki proporciona a las cinco estaciones de policía sirias libres ubicadas en áreas bajo su control”.

La BBC vio documentos en que ASI sabía que los agentes de policía habían colaborado con los tribunales no sancionados de Al-Zinki “al redactar órdenes de arresto, entregar avisos y llevar a los delincuentes a los tribunales”.

Además, la nómina de pago de la policía incluía los nombres de personas muertas y ficticias. La BBC citó a Koknaya en la provincia de Idlib, que supuestamente sería la base de alrededor de 57 oficiales, pero donde no había ninguno en 2016.

Un portavoz de ASI dijo que la compañía “rechaza enérgicamente las afirmaciones de Panorama”, calificándolas de “completamente inexactas y engañosas”. ASI agregó que operaba “bajo la estrecha supervisión de la Oficina de Relaciones Exteriores y Commonwealth y otros cinco gobiernos”.

Esto solo plantea la pregunta de cuánto sabía el FCO británico y otros gobiernos sobre tales relaciones.

ASI se creó en 1992 y creció rápidamente, con una facturación que se triplicó entre 2010 y 2015 a £130 millones. Ha recibido £450 millones en contratos de ayuda del Departamento para el Desarrollo Internacional (DfID).

Esta no es la primera vez que la compañía, cuyos altos ejecutivos se pagan a sí mismos alrededor de £250.000 al año, ha sido blanco de críticas por comportamiento especulativo y poco ético.

Según Global Justice Network, los consumidores de electricidad en Nigeria confrontaron aumentos de precios de hasta el 45 por ciento debido a “un controvertido programa de privatización energética respaldado por la ayuda del Reino Unido a través de un proyecto multimillonario implementado por ASI”. En Afganistán, las ONG locales informaron de que la nueva ley de minerales, elaborada con el apoyo de ASI, había hecho poco para ayudarlos.

En febrero, DfID cortó los fondos después de que se supiera que ASI había tratado de aprovechar los documentos confidenciales del departamento para obtener contratos adicionales. El comité selecto parlamentario sobre desarrollo internacional dijo que ASI había “sobrepasado la marca” al solicitar testimonios presentados como evidencia a la investigación de los parlamentarios sobre el uso de contratistas de ayuda por parte del gobierno. Llamó a las acciones de ASI “deplorables”, “totalmente inapropiadas” y mostrando una “grave falta de juicio”. El escándalo llevó a la renuncia de cuatro altos ejecutivos de ASI y, más tarde, de su presidente, Sir Martin Davidson.

El DfID se gasta £13.300 millones al año en proyectos de “desarrollo” para construir “un mundo más seguro, más saludable y más próspero para las personas en los países en desarrollo y en el Reino Unido”.

Mientras que el gobierno hace mucho de su compromiso de gastar el 0,7% del ingreso nacional en ayuda —y se cree popularmente que esto se gasta en desarrollos destinados a aliviar la pobreza— la mayor parte se gasta en promover la seguridad comercial, la “seguridad nacional” y los intereses geoestratégicos británicos. Muchos estudiantes son llevados a universidades británicas a través de una gran cantidad de programas de ayuda.

Gran parte de la ayuda ahora ha sido “asegurada”, con dinero de ayuda utilizado para evitar la migración desde África y Oriente Medio, y para proporcionar operaciones de seguridad, es decir, operaciones militares y policiales, y capacitación. Se canaliza a través de un puñado de corporaciones.

El proyecto Ajacs fue financiado a través del poco conocido Fondo de Conflicto, Estabilidad y Seguridad (CSSF, por sus siglas en inglés) creado en 2015, en sustitución del Fondo de Conflicto (Prevención) anterior.

La CSSF recibe una financiación de más de mil millones de libras al año para hacer frente a los conflictos y la inestabilidad en el extranjero, como parte de su programa de desarrollo internacional. Supervisado por el Consejo de Seguridad Nacional, atrae fondos de varios departamentos gubernamentales “para ayudar a prevenir conflictos que afectan a personas vulnerables en los países más pobres del mundo y hacer frente a las amenazas a la seguridad e intereses británicos de la inestabilidad en el extranjero”. Incluye programas entregados directamente o a través de contratistas del gobierno, como el desarrollo de la capacitación en derechos humanos, el fortalecimiento de la policía local y la judicatura, y la facilitación de la reconciliación política y los procesos de paz locales.

Si bien más del 80 por ciento de su presupuesto proviene del DfID, en gran medida es administrado por la Oficina de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth. Según Sir Mark Lyall Grant, Asesor de Seguridad Nacional, la mayor parte del fondo en 2016 se gastó en Afganistán (£90 millones), Siria (£60 millones) y Somalia (£32 millones), y unos 40 países también recibieron dinero. Uno de los proyectos relacionados con Siria incluía el suministro de una oficina de prensa para los combatientes del Ejército Sirio Libre en Siria.

Si bien los medios han denunciado el fraude y la mala administración del presupuesto de ayuda de Gran Bretaña, no han dicho nada acerca de la flagrante violación de la soberanía de Siria. Tampoco se ha notado que todo esto esté en contradicción directa con la promesa del ex primer ministro David Cameron de no intervenir en Siria después de la votación en el parlamento en agosto de 2013.

El apoyo encubierto de los sirios para provocar el derrocamiento de Assad se suma a la participación de Gran Bretaña en las operaciones aéreas dirigidas por Estados Unidos en Siria a fines de 2014, que solo se conoció públicamente mucho después de que comenzara y mucho antes de que el parlamento votara a favor de los ataques aéreos en Siria en otoño de 2015

Las fuerzas especiales británicas han estado operando en primera línea en Siria, sobre todo en mayo de 2016, en apoyo de un grupo opositor conocido como el Nuevo Ejército Sirio cerca de al-Tanf, cerca de la frontera sirio-iraquí-jordana.

En diciembre de 2016, el gobierno informó que las operaciones de la Royal Air Force (RAF) en Siria superaron con creces la intensidad de las operaciones del Reino Unido en Iraq y Afganistán.

El año pasado, el Ministerio de Defensa anunció que las tropas británicas volverían a entrenar a los llamados rebeldes sirios moderados, que no nombró, que luchan contra el Estado Islámico. El personal británico enseñaría ejercicios básicos de infantería, medicina en el campo de batalla y habilidades para evitar minas y trampas explosivas, trabajando en bases en Turquía y Jordania.

En septiembre de 2017, más de 1000 empleados del Reino Unido participaron en operaciones en Siria, y la RAF realizó alrededor de 900 ataques aéreos, a un coste de £265 millones.