Los huracanes Irma y María dejaron un rastro de destrucción en todo Puerto Rico, dando un golpe devastador a la infraestructura económica de la isla, carreteras, agua, represas, puentes, y particularmente sus servicios de electricidad.

Hace unos días, un lector de WSWS en una zona rural al sur de San Juan escribió: “Todavía una gran parte de la población no tiene electricidad. El 14 de octubre, el gobernador Ricardo Rosselló prometió que el 95 por ciento de la población tendría electricidad para el 15 de diciembre. En una entrevista reciente, evitó la promesa de ‘95% de generación’ y en cambio habló de cómo este objetivo era simplemente mantener el sentido de urgencia para reparar el sistema de energía”

De acuerdo con el sitio status.pr, a partir de hoy solo hay 68,40 por ciento de generación. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos dijo que es muy poco probable que la meta prometida del gobernador se logre antes del 15 de diciembre. Para algunas regiones en el centro de la isla se estima que hasta marzo de 2018 se recuperará completamente la energía eléctrica.

En muchas de las ciudades de la región montañosa central, informó nuestro corresponsal, la población aún no tiene acceso a agua potable y muchos todavía tienen que vadear ríos para obtener comida y agua potable.

En otro artículo de esta semana, funcionarios del gobierno y de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico) dijeron que las reparaciones llevaban tanto tiempo debido a la falta de materiales. Informaron que debido a los huracanes Harvey e Irma, gran parte del material necesario se está utilizando para reparar daños en el territorio continental de Estados Unidos y no está disponible para el territorio de insular de Estados Unidos.

Según el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, aproximadamente 48.000 postes de servicios públicos fueron dañados y solo 2000 por semana están llegando a la isla. Al ritmo actual de importación, puede tomar 24 semanas simplemente reunir el material y el equipo, lo que llevará la reanudación del servicio completo a abril o mayo de 2018.

Nada de esto es nuevo, o simplemente es un resultado del huracán María. Durante años, la empresa eléctrica de la isla dejó de importar postes de repuesto y otras piezas críticas, como consecuencia del deslizamiento a la bancarrota de la empresa y de Puerto Rico en su conjunto. El abandono de un programa de mantenimiento preventivo por parte de la AEE y la falta de actualización de un plan de huracanes dejó al sistema eléctrico extremadamente vulnerable ante la tormenta sin precedentes que azotó la isla el 20 de septiembre.

En una entrevista reciente con el semanario Claridad, Ricardo Santos, ex presidente del sindicato de trabajadores eléctricos de Puerto Rico (UTIER), dijo que la AEE había “dejado de comprar los equipos que normalmente se requieren”. De hecho, en algunas áreas, la AEE reciclaría materiales, eliminando partes de una planta e instalándolas en otra”.

En mayo, la administración de Rosselló se declaró en bancarrota después de incumplir una deuda de $74,8 mil millones, junto con un déficit de $20 mil millones en las pensiones de los trabajadores públicos. Dos meses después, la AEE se declaró en quiebra en una deuda de $9 mil millones, después de tres años de reestructuración, despidos masivos y otros recortes.

La Superintendencia Financiera y Junta Administrativa para Puerto Rico, (FOMB por sus siglas en Ingles)—designada por el ex presidente Barack Obama—ha ejercido el control dictatorial del presupuesto y gasto de la isla en nombre de Wall Street. Si bien la junta suspendió temporalmente la imposición de medidas de austeridad luego de las tormentas, los acreedores de Puerto Rico, particularmente los especulativos fondos buitres que compran préstamos incobrables con descuento, nunca cesaron de presentar demandas ante los tribunales y la FOMB, construyendo su caso para saquear los exiguos recursos de Puerto Rico.

El 22 de diciembre, la administración Rosselló tiene programado presentar un nuevo plan para pagar la deuda. El martes, académicos, empresarios y líderes sindicales se reunieron para instar a la junta a suspender las medidas de austeridad hasta que la economía se recupere de la tormenta.

Haciéndose eco de los llamados a asociaciones público-privadas (privatización y desregulación) por parte de funcionarios políticos y líderes empresariales, los burócratas sindicales en Puerto Rico piden una “asociación” sindical con FOMB. Los funcionarios se comprometieron a cooperar con la FOMB, proponiendo que los sindicatos, junto con los acreedores, soliciten ayuda federal a la administración Trump.

Julie Kushner, líder de la región 9A de UAW (Union de Trabajadores Automotrices), que incluye Puerto Rico, declaró: “Queremos trabajar con ustedes y no en su contra”. Otros miembros de la burocracia sindical puertorriqueña se hicieron eco de las propuestas de Kushner, ofreciendo sus propios consejos sobre cómo hacer cumplir medidas de austeridad.

Usando el mismo lenguaje que usan los banqueros y los funcionarios del gobierno neoliberal, Kushner agregó, “el huracán probablemente nos dio la ‘oportunidad’ de ir juntos al gobierno federal para pedir ayuda real para la recuperación de Puerto Rico”.

El lider de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, quien dice no creer en la Junta Administrativa y de Supervisión Financiera, instó patéticamente a la FOMB a “escuchar a los trabajadores esta vez”, en lugar de abogados y economistas.

Por su parte, Roberto Pagan, jefe del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, aconsejó a los funcionarios de la FOMB que la migración de trabajadores a la Florida y a otros estados de Estados Unidos continuaría a menos que los salarios dejen de caer. Pagan dijo que las “reformas laborales” impuestas el pasado mes de enero no han funcionado, y que se necesitan nuevos programas pro-empresariales para estimular el crecimiento económico, todo dentro del contexto de una asociación entre sindicatos y la FOMB.

La austeridad masiva—cuyas consecuencias han sido los cierres de escuelas, despidos en el sector público y destripamiento de la Universidad de Puerto Rico—ha provocado una oposición generalizada. Ahora Wall Street y sus secuaces políticos en la isla buscan utilizar el huracán como una oportunidad para escalar los planes de privatizar la educación pública, la red eléctrica y otros servicios públicos, recortar los salarios y beneficios de los trabajadores y entregar aún más recortes de impuestos y subsidios a las grandes empresas.

Ya maestros de escuelas públicas, padres y estudiantes han participado en protestas exigiendo la reapertura de escuelas, que el secretario de educación de la isla ha mantenido deliberadamente cerradas pese a que los voluntarios han limpiado los escombros y las han reparado. Este es solo el comienzo de la oposición social contra la administración Trump y los demócratas y republicanos en Washington, y sus colaboradores en Puerto Rico.

Bajo estas condiciones, los sindicatos buscan bloquear la erupción de la lucha de clases e imponer los dictados de la élite corporativa y financiera. Los trabajadores puertorriqueños deben rechazar esto y exigir el repudio de la deuda. Esto debe combinarse con una lucha por una gran expansión del alivio de huracanes y el lanzamiento de un programa masivo de obras públicas para reparar y mejorar la infraestructura de la isla, incluida la red eléctrica. En esta lucha, los trabajadores puertorriqueños deben apelar a la solidaridad con los trabajadores en los Estados Unidos y en toda América que enfrentan ataques similares por parte de los bancos y fondos buitre.