La Casa Blanca de Donald Trump les envió una carta el lunes, llamada “Poderes de guerra”, al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y al presidente temporal del Senado, Orin Hatch, para “mantener al Congreso informado sobre los despliegues de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos equipadas para combate”.

En 1973, contra el trasfondo de la debacle de la Guerra de Vietnam, el Congreso de Estados Unidos, inhabilitando el veto del entonces presidente Richard Nixon, aprobó la Ley de poderes de guerra. Su fin era prevenir que más presidentes libraran guerras no declaradas y sin plazos definidos, sin tener que rendir cuentas al Congreso. Según la Constitución de EUA, el Congreso es el único poder que puede declarar una guerra.

La legislación le daba al presidente el derecho a emplear la fuerza militar a su discreción por un periodo de hasta 60 días, en sí una enorme concesión de poder a la rama ejecutiva, pero le exigía retirar las tropas después de 90 días si el Congreso no aprobaba una acción militar.

A pesar de seguir vigente, la Ley de poderes de guerra ha sido convertida en un documento muerto durante el último cuarto siglo de guerras estadounidenses de agresión y no declaradas por el Congreso que siguió la disolución de la Unión Soviética a manos de la burocracia estalinista.

Tanto los demócratas como los republicanos en el Congreso han reconocido a su voluntad la concentración de un poder dictatorial de facto en el “comandante en jefe”, en lo que concierne librar guerras en el extranjero.

Sin embargo, la carta enviada por el Gobierno de Trump representa otro paso cualitativo de este proceso prolongado de degeneración de la democracia estadounidense, el cual ha incluido la eliminación de cualquier pretensión de control civil sobre los militares. Sin siquiera mantener al Congreso “informado” sobre la participación de EUA en combates, por primera vez, el documento tampoco incorpora el número de soldados en las múltiples guerras e intervenciones militares de Washington.

La carta sí indica que está continuando y escalando la guerra más larga en la historia del país, la intervención de 16 años en Afganistán, y que el ejército estadounidense está involucrado en “hostilidades activas” contra Al Qaeda, Estado Islámico, el Talibán y cualquier fuerza “que amenace la viabilidad del Gobierno afgano” y de sus fuerzas de seguridad. Pero, la cantidad de tropas estadounidenses en este ilimitado conflicto se mantiene en secreto.

Asimismo, la carta se refiere a la “campaña sistemática de ataques aéreos” que han dejado a decenas de miles de muertos y heridos en Irak y Siria, y a la presencia de soldados estadounidenses en ambos países. Sin embargo, el número no es mencionado.

También por primera vez, menciona que “un número pequeño” de tropas se encuentran desplegadas en Yemen, donde Arabia Saudita está llevando a cabo, con el respaldo estadounidense, una guerra de dimensiones casi genocidas, la cual mantiene a millones al borde de una hambruna de masas.

La lista de operaciones militares mencionadas abarca Libia, África Oriental, la cuenta del lago Chad, la región del Sahel y las Filipinas, además la carta alude a despliegues en Jordania, Líbano, Turquía y Cuba.

En sincronía con la carta “Poderes de guerra”, el Pentágono publicó una lista que describe la localización actual de nada menos que 44 000 soldados desplegados como “desconocida”. Durante una rueda de prensa el miércoles pasado, el coronel del Ejército Rob Manning declaró que el objetivo de las Fuerzas Armadas es “balancear el mantener al público estadounidense informado con la imperativa de seguridad operacional y el denegarle al enemigo cualquier ventaja”.

Este es el mismo argumento utilizado por Trump en agosto, cuando anunció su plan para intensificar la guerra estadounidense en Afganistán. “No hablaremos de números de tropas ni de nuestros planes sobre las actividades militares en el futuro”, dijo. “Las condiciones en el terreno, no registros de tiempo arbitrarios, serán las que guiarán nuestra estrategia a partir de ahora. Los enemigos de Estados Unidos nunca deberían conocer nuestros planes ni creer que nos pueden anticipar. No voy a decir cuándo vamos a atacar, pero atacaremos”.

La Casa Blanca de Trump ha eliminado los límites al número de soldados que se habían impuesto bajo el Gobierno de Obama, permitiéndole a los comandantes militares escalar los despliegues a su voluntad. Igualmente, los techos que existían eran burlados por medio de despliegues supuestamente temporales que aumentaban el número de tropas enviadas a guerras estadounidenses por encima del registrado oficialmente.

El manto de secretismo sobre los despliegues de efectivos militares fue puesto de manifiesto en octubre, después del fallecimiento de cuatro soldados de operaciones especiales en un combate armado en Níger. El incidente conllevó a la revelación que hay alrededor de mil tropas estadounidenses dentro de este país en el centro de África Occidental y a lo largo de sus fronteras. Los principales dirigentes del Senado dijeron no saber sobre esta intervención.

A esto le siguió el desliz de un comandante de operaciones especiales estadounidenses en Irak y Siria, quien declaró en una rueda de prensa en el Pentágono que había 4000 tropas estadounidenses en el terreno en Siria. Se dio cuenta de lo que dijo rápidamente y luego dijo el número reconocido oficialmente de 500. Eventualmente, el Pentágono anunció que el número verdadero es de 2000.

Al mismo tiempo, las cifras hechas públicas por el Pentágono el mes pasado, que recibieron poca atención de la prensa, develaron que el número de tropas en Oriente Próximo ha aumentado un 33 por ciento durante los últimos cuatro meses. Los mayores aumentos han tenido lugar en los países del golfo Pérsico, lo que sugiere que los preparativos para una nueva guerra estadounidense contra Irán ya están avanzados.

No se debe a una preocupación de “darle pistas al enemigo” que se mantengan en secreto estos despliegues. En casi todos los casos, éstos están al tanto del grado de agresión militar que perpetra EUA contra sus países. Lo que se busca realmente es mantener desinformado al pueblo estadounidense, el cual no tiene ningún interés en que se prolonguen las intervenciones militares en Afganistán, Oriente Próximo y África, ni mucho menos en iniciar una nueva guerra y potencialmente catastrófica a nivel global contra Irán, Corea del Norte, o incluso China y Rusia.

En términos de guerras semisecretas alrededor del mundo y ataques contra los derechos democráticos y las condiciones sociales de los trabajadores en el país, Trump no representa ninguna aberración, sino la culminación de varios procesos continuados por Gobiernos republicanos y demócratas, concediéndole un poder cada vez mayor a la cúpula militar sobre la política exterior estadounidense. Esta tendencia tan solo se ha acelerado bajo Trump, cuyo asesor de seguridad nacional es un general activo, mientras que su jefe de personal y secretario de Defensa son ambos generales marines retirados.

Con tropas estadounidenses en una situación sumamente tensa frente a las fronteras de Corea del Norte, China y Rusia, la consolidación de poderes de guerra cada vez mayores en manos de los líderes militares ahonda el peligro de que un error de cálculo, un malentendido o un accidente detonen rápidamente una guerra nuclear de escala completa.

La ofensiva de Trump contra la Ley de poderes de guerra no ha provocado ninguna protesta por parte de los congresistas demócratas. No se oponen ni a que el ejército ocupe el volante ni a la marcha hacia la guerra en general. Sus diferencias con el mandatario son meramente de carácter táctico, puestas de manifiesto en su campaña de histeria antirrusa en colaboración con el aparato militar y de inteligencia estadounidense en preparación para una conflagración nueva y mucho más espantosa.

Ambos partidos representan a una oligarquía financiera parasítica que depende cada vez más del militarismo y la guerra para defender su riqueza y dominio. Estos partidos, junto con las otras instituciones de los grupos de poder en Estados Unidos, no tienen ningún interés en ponerle límites a los generales ni defender los derechos democráticos o la constitucionalidad. Al contrario, están colaborando para dar paso a un sistema basado en el dominio irrestricto del ejército y Wall Street, en el que las elecciones, el Congreso y las otras instituciones civiles solo servirán como fachadas.