Dos estudios publicados el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) develan que la expectativa de vida de la clase obrera estadounidense continúa cayendo debido a un aumento en las sobredosis de narcóticos y en los suicidios.
Los datos reflejan, en términos empíricos, la devastación social que afecta a millones de personas y que fue ocasionada por las décadas de políticas bipartidistas dirigidas a enriquecer más a los ricos. La reducción en la expectativa de vida, un indicador fundamental del progreso social, marca un hito histórico en el declive del capitalismo estadounidense. Este es el segundo año consecutivo de un retroceso en esta medida, siendo la primera vez que sucede por dos años seguidos en casi medio siglo.
La expectativa de vida cayó de 78,7 años en el 2015, a 78,6 años en el 2016, en lo que incidió principalmente una reducción de 0,2 años entre los hombres, de 76,3 a 76,1 años. La esperanza de vida se mantuvo en 81,1 años para las mujeres, llevando la brecha entre hombres y mujeres a un récord histórico.
Sin embargo, la expectativa de vida para las personas de mayor edad continúa mejorando, mientras que las tasas de mortalidad para los padecimientos del corazón, cáncer, entre otros siguen reduciéndose a medida que los avances tecnológicos y médicos potencian la capacidad para extender la vida humana. En cambio, el retroceso en la esperanza de vida se debe a un amento dramático en la mortandad de la población menor a 44 años de edad, la cual está muriendo en mayor medida de sobredosis, particularmente de opiáceos, o acabando con sus propias vidas.
El reporte de los CDC muestra un aumento anual del 21 por ciento en las sobredosis de narcóticos, las cuales cobraron 63 600 vidas en el 2016. Esto equivale a la desaparición cada año de ciudades como Palo Alto, California; Bismarck, Dakota del Norte; o Fort Myers, Florida. Desde el 2006, alrededor de 430 000 personas han muerto por sobredosis, más que el número de soldados muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Un ejército de personas que deberían estar vivas hoy pero no lo están.
Un total de 42 249 personas murieron por sobredosis de opiáceos en el 2016, un salto de 28 por ciento en comparación con el 2015. Mientras Barack Obama viajaba en representación de Hillary Clinton proclamando “Estados Unidos ya es grande”, 115 personas morían cada día por opiáceos.
Las corporaciones que han estado inundando las zonas pobres con pastillas están siendo protegidas de tener que encarar un proceso judicial por el Gobierno. Entre el 2007 y el 2012, por ejemplo, la distribuidora de medicamentos, Miami-Luken, despachó 11 millones de dosis de oxicodona e hidrocodona al condado Mingo de West Virginia, con 25 000 habitantes.
Un exfuncionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA, siglas en inglés), Joe Ranazzisi, le indicó al programa 60 minutes en octubre que era “un hecho” que las compañías están inundando las áreas más pobres sabiendo con anticipación que muchos morirán. Mientras que ciertas demandas contra las farmacéuticas las han obligado a pagar multas miserables de algunos millones de dólares, estos son solo los gastos de hacer negocios. El Gobierno de Obama recordó el número de casos de la DEA contra las distribuidoras de fármacos en un 69,5 por ciento entre el 2011 y el 2014.
La reducción en la expectativa de vida y el aumento en dichas sobredosis son el resultado del enorme aumento en la desigualdad social. Daniel Kim, profesor en la Universidad Northeastern, le comentó a Reuters el jueves que “lo que sabemos de varios estudios médicos es que el ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres significará que más personas morirán innecesariamente”.
Durante los últimos 40 años, el Partido Demócrata y el Republicano se han comprometido a una estrategia para eliminar gradualmente las conquistas de la clase obrera de las luchas sociales a principios del siglo XX. Una élite política bipartidista ha recortado los salarios, eliminado las pensiones, eviscerado los programas sociales, recortado los impuestos de los ricos y suprimido los seguros médicos provistos por los patrones.
En este proceso, el Gobierno ha transferido billones de dólares de la clase obrera a las cuentas bancarias de la élite financiera. Hoy día, el 10 por ciento más rico controla el 77 por ciento de la riqueza en el país. Tres multimillonarios tienen tanto como 160 millones de personas, la mitad de la población estadounidense.
La contrarrevolución social fue intensificada por el Gobierno demócrata de Barack Obama, el cual presidió el rescate bancario tras la crisis financiera del 2008, los rescates a las corporaciones automotrices que incluyeron rebajas a los salarios de los trabajadores automotrices a mínimos históricos, y el procedimiento de quiebra de la ciudad de Detroit.
La promulgación del programa de seguros médicos Obamacare coincidió con un drástico aumento en el número de muertes por sobredosis de narcóticos. Mientras que la tasa de sobredosis por cada 100 000 habitantes aumentaba 3 por ciento cada año entre el 2006 y el 2014, brincó 18 por ciento a lo largo del 2014, el año en que Obamacare entró en vigencia.
La aceleración de los recortes fiscales para los ricos bajo el Gobierno de Trump impulsará aún más la tasa de mortalidad. Haciendo referencia a las investigaciones de Kim, Reuters escribe: “la desigualdad de ingresos producida por [el proyecto de ley fiscal] se traducirá en 29 689 muertes más cada año, tal vez más”. Los miles de millones de recortes a Medicare que son exigidos por las leyes que requieren recortes presupuestarios para balancear la caída en los ingresos tributarios, conllevarán a la muerte de miles más.
Las víctimas por la crisis de opiáceos residen provienen de todas las regiones y niveles socioeconómicos; sin embargo, la gran mayoría de los fallecidos son pobres y de clase trabajadora. Según datos de los CDC del año pasado, el 90 por ciento de ellos eran blancos, la mayoría eran hombres. Las sobredosis de blancos triplicaban la tasa de los negros y duplicaban la tasa de los latinos. La tasa de sobredosis para los nativos americanos equivale a la de los blancos.
Esta realidad desnuda las mentiras reaccionarias avanzadas por Black Lives Matter (Las vidas negras importan), como sus denuncias de la “supremacía blanca”, y por el movimiento #MeToo (#YoTambién), que insiste en que la sociedad está organizada bajo el principio del patriarcado y la dominación masculina.
El colaborador del New York Times y promotor de la política racialista, Eric Dyson, intentó recientemente convertir la crisis de opiáceos en un ejemplo del “privilegio blanco”, escribiendo en marzo del 2017 que, “Las hermanas y los hermanos blancos han sido medicalizados en términos de sus traumas y adicciones. Las personas negras y morenas han sido criminalizados por sus traumas y adicciones”.
Con un desprecio efervescente hacia la clase obrera, Dyson hace caso omiso al hecho de que, si hubiera servicios médicos adecuados disponibles, decenas de miles no morirían cada año por sobredosis de drogas. En vez de ayudar a las víctimas, las autoridades estatales han respondido llamando a la Guardia Nacional para que vigile las calles de West Virginia o exigiendo que se cuadrupliquen las penas de cárcel para los consumidores de opiáceos en Nueva Jersey. Al mismo tiempo, ambos partidos aprobaron aumentar el gasto militar en $80 000 millones más que el año pasado.
El Partido Socialista por la Igualdad llama a expropiar los miles de millones de dólares en ganancias de las farmacéuticas a raíz de esta crisis en marcha. Este dinero y las fortunas personas de la aristocracia corporativa y financiera tienen que ser puestos en un fondo de emergencia para pagar por la construcción inmediata de una red de hospitales y clínicas, provistas de un personal médico bien preparado y que ofrezcan un cuidado médico gratuito para todos los afectados.
Los centros de rehabilitación tienen que ser expandidos y nuevos construidos para que los millones con adicciones y problemas de dependencia puedan recibir ayuda sin costos. Un impuesto del 90 por ciento tiene que ser impuesto sobre todos los ingresos mayores a cinco millones de dólares para proveer los fondos a programas masivos de empleos y obras públicas en las áreas más afectadas por la crisis para aliviar la desigualdad y la pobreza.
Estas demandas solo pueden ser satisfechas a través de la construcción de un movimiento de las masas obreras, independiente de los partidos demócrata y republicano y dirigido a unir a los trabajadores de todas las razas y nacionalidades en una lucha en común contra el sistema capitalista.